Señales

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ALICIA mILLER amiller@rionegro.com.ar

Alberto Weretilneck busca consolidar su autoridad. Era tiempo. Cinco meses como gobernador de Río Negro es un lapso considerable, aun teniendo en cuenta la particular circunstancia que rodeó a su inesperada asunción tras la muerte de Carlos Soria. Ha comenzado a adoptar decisiones propias del cargo, lo que incluye principalmente a aquellas que afectan al propio gobierno o resultan antipáticas. Las otras –las que a nadie violentan– suelen ser de pobre eficacia para transformar la realidad. Y el Estado en Río Negro es un enfermo que requiere de urgentes cambios para optimizar recursos y gastos del Estado, dotar de eficiencia a sus organismos y atender los servicios esenciales. En algo más de una semana, el gobernador ha dado evidencias de que: • Fortalece su vínculo propio con intendentes, atendiendo sus reclamos. • Avanza en controlar gastos en áreas que no remediaban el derrame de dinero en rubros no justificados, como Salud Pública, Horizonte y otros. • Busca reforzar el control de empresas públicas, designando un supervisor. • En Vialidad redujo la planta política y definió volver a convertirla en Dirección Provincial, remediando la reforma planteada por el radicalismo, que sólo redundó en descontrol y mayor gasto. • Separó del cargo a un funcionario de Obras Públicas que maltrató a directivos y padres de una escuela. • Se habla de al menos dos cambios más en Obras Públicas. • A través de los organismos correspondientes, su gobierno denunció penalmente a los presuntos responsables de vejámenes a detenidos y pidió investigar irregularidades administrativas cometidas por el anterior gobierno en la compra de alimentos y otros insumos para las cárceles rionegrinas. • Logró que en un tiempo relativamente breve el Tren Patagónico volviera a rodar, recuperando personal y equipos. • Por primera vez en décadas, el IPPV promueve la transparencia en la ocupación, tenencia y cobro de las viviendas construidas con recursos estatales. Es un comienzo. En una provincia golpeada durante décadas por la ineficiencia y el abuso de los dineros públicos, estos gestos pueden ser leídos como una señal en el buen sentido. No obstante, señales también –en sentido contrario– son decisiones que Weretilneck debería revisar de un modo autocrítico. En más de una ocasión, éstas fueron justificadas como costos de la “gobernabilidad”, término que con demasiada frecuencia es un eufemismo para aludir a acuerdos inconfesables frente a la ciudadanía. Varias de estas (malas) señales fueron: • Ordenó que el bloque de legisladores del Frente para la Victoria no avalara a través de sus representantes el juicio político al juez del STJ Víctor Sodero Nievas, un magistrado sobre quien pesan varios cargos concretos de mal desempeño, que incluyen presunta malversación de dineros públicos. • Comandó la negociación que derivó en la designación como defensora del Pueblo adjunta de Adriana Santagati, sin dar más argumento que ser la mujer de Juan Carlos Scalesi. Como secretario general de UPCN, Scalesi conoció y avaló varias de las políticas de Estado de las anteriores gestiones radicales que contribuyeron a vaciar de calidad los servicios públicos al privilegiar el amiguismo por sobre el mérito para el ingreso y ascenso en el Estado. Y su esposa no registra actividad profesional ni ciudadana en favor de la transparencia ni de la calidad del Estado que ahora debe controlar. • Cada mes, el gobernador debe acudir por ayuda a Nación. Pero él mismo contribuyó a diluir en el tiempo y la forma la herramienta legal que podía permitirle, con legitimidad, dejar de pagar sueldos públicos a “ñoquis” y a exfuncionarios políticos travestidos en empleados públicos. • Sea por exigencia nacional, por necesidad financiera o por vocación propia, habla de reducir el gasto público, pero en cuestiones de mayor y menor dimensión promueve o admite que el Estado afronte erogaciones desmedidas y de dudosa justificación. Los $ 2,6 millones que le terminarán costando a la provincia la visita presidencial de cuatro horas y la fiesta callejera del 25 de Mayo en Bariloche son el principal –pero no el único– ejemplo. Nadie objeta que, en parte, el gasto se justificara porque ubicó en todos los medios de comunicación del país a Bariloche, una ciudad que necesita recuperar su condición de polo de atracción turística tras la crisis generada hace un año por la erupción del volcán Puyehue-cordón Caulle. Pero tal argumento no basta para admitir el atropello a las leyes que rigen el gasto público ni que la desprolijidad, la ignorancia o la avaricia derivaran en dos consecuencias nítidas: • Hay gastos que aparecen “inflados” o decididamente no ejecutados, como el de los fuegos artificiales que no se usaron. • El incumplimiento aun de los plazos mínimos fijados para una contratación directa provoca que el expediente deba tramitarse por “legítimo abono”. Esta metodología –admitida pero no reglamentada– es absolutamente excepcional y consiste en revestir de legitimidad un pago que debe afrontar el Estado y que no la tiene. En una administración pública, la formalidad es esencial y su ausencia torna ilegítima una acción. Por eso, la vía del “legítimo abono” sólo se justifica cuando debe comprarse un elemento urgente –como un medicamento raro o un equipo para atender una contingencia imprevisible– que no ha sido presupuestado y que debió adquirirse por graves circunstancias. Se asume que no reconocer el gasto implicaría un enriquecimiento sin causa del Estado, que se ha visto beneficiado por la compra ya efectuada. Todo esto exige, precisamente, suplir el trámite previo con una adecuada fundamentación de la razonabilidad del gasto y de la premura en realizarlo. Algo, en principio, complejo, si se admite que ninguno de los elementos o servicios adquiridos fue “de vida o muerte” y que desde el 4 de abril se sabía que la presidenta conduciría desde Bariloche el tedeum del 25 de Mayo. Como fuere, Weretilneck y sus colaboradores cercanos –del Partido Justicialista y del propio Frente Grande– tienen todavía la chance de conducir el gobierno en favor de ordenar el uso de los dineros públicos y mejorar la calidad de gestión. Mucho se habla de que junio será un mes clave, porque el gobernador adoptaría en su transcurso varias decisiones que derivarán en cambios notorios en el ritmo y el sentido de su gestión. Si lo hiciera, daría señales de que está a la altura del cargo que hoy ocupa. Y contribuiría a desestimar la impresión de que no logra convertir en un grupo coordinado y activo el gabinete que designó Carlos Soria y que él modificó sólo en parte al asumir. A la inmensa mayoría de los rionegrinos le es indiferente a quién beneficia o perjudica en el mediano plazo si Weretilneck consigue realizar una buena gestión. En cambio, pocos resistirían la decepción si se confirmara que cuestiones de esa índole impiden el adecuado funcionamiento de un Estado provincial ya demasiado castigado por la desidia.