Siglos

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COLUMNISTAS

Qué economía puede gozar de buena salud o ser mostrada como floreciente cuando hay zonas del país en las que por lo menos la mitad de los trabajadores está en negro? La respuesta, por obvia, tarda en llegar apenas unos segundos. Pero la situación adquiere mayor relevancia y gravedad cuando ese semejante índice se registra en zonas del país de economías regionales otrora prósperas, incluso a nivel regional y mundial.

Según las propias cifras oficiales, hay casi 50% de trabajo no registrado en ciudades como Santiago del Estero o Tucumán, en el segmento del NOA, donde el promedio asciende a casi 43%.

A su lado, el NEA no anda mejor, con un 40%. Y el conurbano bonaerense, adonde siguen aterrizando compatriotas de todos los puntos cardinales y ciudadanos de países limítrofes a la espera de que Dios les eche una mano, está levemente a la zaga, con 38%.

La capital federal presenta, a esta altura, un panorama “promisorio”, ya que los trabajadores en negro suman 21%.

Estas regiones y ciudades, más las del resto del país, constituyen un promedio general de unas décimas más del 34%.

Como siempre, las actividades más modestas, cuentapropistas e históricamente desprotegidas son las que están a la vanguardia en lo que a trabajadores sin ninguna cobertura se refiere. Por ejemplo, las áreas de la construcción y el trabajo doméstico.

Ni hablar de los salarios, que lógicamente son menores a los de los trabajadores en blanco, ya que ese ejército de personas marginadas de la ley no tiene derecho a reclamo alguno y está a merced de cualquier arbitrariedad.

En las estadísticas sobre evolución del salario se contempla también los ingresos de quienes están en negro y a veces suele ocurrir que las mejoras son superiores a las de los sueldos en blanco.

Pero es un espejismo. Justamente porque los haberes de los no registrados jamás alcanzarán a los de los registrados.

A ello hay que sumarle la falta de cobertura de la seguridad social, que sume en el mayor de los desamparos al trabajador. La jubilación ha dejado de ser transitoriamente un inconveniente, ya que el gobierno implementa desde hace años el retiro incluso de aquellos que no han hecho aportes, a través de un mecanismo que les permite a las arcas fiscales ir descontando esa tributación adeudada de la mensualidad de los nuevos jubilados.

De más estaría decirlo, pero igual hay que decirlo: se trata de una injusticia, ya que filosófica y conceptualmente se pone en un pie de equidad a quienes han cumplido con la ley a rajatabla toda su vida y a los que, por diversas razones, estuvieron al margen de ella.

Sin embargo, en medio del anómalo panorama que se observa en el universo laboral -empezando precisamente por el inaceptable nivel de empleo en negro en una economía que se pretende normal-, semejante medida no suena ilógica. Claro que, también hay que decirlo, no hay que apelar al truco fácil de cortar el hilo más delgado, ya que en las diversas instancias, como se dice en el campo, la culpa no es del chancho sino del que le da de comer.

Tanto desatino e irregularidad deberá merecer un espacio destacado en la agenda de los candidatos, pues no hay que esperar que el actual gobierno haga mucho más al respecto.

Es una verdadera afrenta, una bofetada a un grueso sector de la sociedad que se desplaza y quiere seguir desplazándose por andariveles normales, la actitud de quienes deben controlar y sancionar conductas fuera de la ley.

Sabido es que el trabajo en negro en ocasiones es producto de la complicada realidad de actividades a pequeña escala que buscan sobrevivir como pueden. A ese sector hay que ayudarlo, pero con ayuda verdadera, no con mecanismos que son galimatías de corto vuelo.

Pero también son archiconocidos desde hace añares los criterios de explotación e impunidad que imperan en no pocos empleadores, para los cuales el trabajo esclavo fue, es y pretende ser siempre una práctica habitual.

Cualquier hijo de vecino tiene en sus retinas más de un ejemplo, incluso en las atiborradas calles y microcentros de las principales urbes del país.

Pero no se ve transitar a paso redoblado a brigadas de inspectores indagando sobre evidentes casos de mercadería de procedencia ilegal; puestos, comercios y depósitos que parecen reírse de los que se rompen el alma para llegar a la supervivencia y cumplir con sus obligaciones impositivas, y trabajadores que indudablemente están en las mismas condiciones que hace larguísimas décadas.

Los nuevos números del trabajo en negro, como otros rubros que muestran el real estado de una Nación, confirman por enésima vez que muchos de quienes tienen responsabilidades dirigenciales en la Argentina no se han enterado de que llegó el siglo XXI. Peor aún, hay cuestiones en las que todavía parecen estar transitando el siglo XIX.

LUIS TARULLO

Analista laboral DyN

LUIS TARULLO