Siguieron desde pistas serias hasta hipótesis absurdas
Atentado en cipolletti
El 22 de mayo el juez federal Jorge García Davini firmó el archivo de la causa. Las hipótesis que se siguieron fueron la de un atentado contra la Policía por las muertes de Nicolás Carrasco y Diego Bonefoi en Bariloche; la rivalidad de la familia Montecino con el entonces intendente Alberto Weretilneck y la de los grupos anarquistas. Esa última fue la que adquirió mayor firmeza, pero no se pudo probar. Hubo hasta una sospecha absurda formalizada por un policía: la de un atentado suicida por parte del propio barrendero.
“Luego del análisis de la prueba reunida (…) no se advierte que se hayan acreditado elementos de convicción probatoria suficientes que ameriten continuar con la presente, ya que sin perjuicio se analizaron y siguieron diferentes hipótesis, siendo la de mayor claridad respecto a la autoría por parte de integrantes de grupos de ideología anarquista conformados por ciudadanos chilenos y argentinos, y otros de ciudadanía española y brasileña, no se puede atribuir fehacientemente que los indicados hayan sido los autores de los hechos investigados en autos”, dice la resolución de García Davini.
El juez también consignó que se analizaron todos los componentes de la bomba, que estaba fabricada con una garrafa de 10 kilos; se hicieron reconocimientos fotográficos y un examen minucioso de filmaciones. Hubo testigos que aseguraron haber visto personas en las inmediaciones pero, a pesar de los identikits, no pudieron identificarlas.
También se le recibió declaración a una de las hijas de Maciel, quien manifestó que “el 14 de diciembre de 2013 concurrió a su domicilio el señor Nardo Cerda, primo de Héctor Montecino (…) y le manifestó que el único culpable de la muerte de su padre era Héctor, por la deuda que Weretilneck mantenía con él”. El problema era la venta drogas, ya que el entonces intendente de Cipolletti acusaba públicamente a la familia Montecino por narcotráfico.
Con la investigación se estableció la similitud entre las dos bombas usadas en Cipolletti y la detonada en Neuquén, donde un artefacto similar explotó el 3 de febrero de 2010 cerca de la oficina de la empresa Lan.
También se analizaron declaraciones de personas que dijeron que en septiembre de 2009 los presos lautaristas Freddy Fuentevilla y Marcelo Villarroel Sepúlveda, alojados en la Unidad 11 de Neuquén, habrían planificado fugarse y para eso habrían contado con apoyo externo de un grupo compuesto por cuatro ciudadanos chilenos con acceso a armamento, vehículos, alojamientos y explosivos. El quinto integrante de ese grupo habría sido un local, Saúl Alexis Jara, conocido como “Santi”. De esa pista surgió una extensa investigación que incluyó a integrantes de grupos anarquistas que tuvieron relación con el atentado a la embajada de Chile en Neuquén. Se mencionó a Andrea Urzúa Cid, arrestada por querer ingresar a la U11 un explosivo plástico en su cuerpo. También se investigó a una mujer apodada “Lola”, pareja de Villarroel. Otro de los sospechosos fue Rubén Reinike Nuñez Nephtali, quien se dedicaría a la fabricación y reparación de armas y explosivos. En la mira de los policías también estuvo una familia del barrio Labraña de Cipolletti. Pero al final, ninguna de las hipótesis arrojó frutos para esclarecer el asesinato. (AC)
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