Silencio no es salud
Aunque la presidenta Cristina Fernández de Kirchner quería descalificar a los preocupados por los esfuerzos de los militantes de La Cámpora por politizar a presos y a alumnos secundarios cuando aseguró que “no somos un país fascista, sino profundamente democrático”, resulta razonable suponer que es plenamente consciente de que, a juicio de muchos opositores, su propio gobierno está haciéndose más autoritario por momentos, alejándose de la democracia tal y como la practican en los países considerados avanzados. Al fin y al cabo, la presidenta se habrá dado cuenta de que ya es rutinario comparar las actividades de La Cámpora en cárceles, escuelas y jardines de infantes con las emprendidas por organizaciones parecidas, de triste memoria, en países regidos por fascistas, comunistas y otros totalitarios de mentalidad similar. Asimismo, a esta altura, a Cristina le sería difícil negar que entre los funcionarios que le obedecen se encuentran personajes que están más que dispuestos a silenciar a quienes osan poner en duda “la verdad” oficial, actitud que, desde luego, dista de ser “profundamente democrática”. La víctima más reciente de la censura gubernamental ha sido Consumidores Unidos, una asociación encabezada por el socialista Héctor Polino, que fue sancionada con dureza por el gobierno por haber señalado que, en lo que va del año, el costo de la canasta básica subió el 17,5%, aseveración que le mereció la suspensión “preventiva” inmediata del Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores. Según se informa, funcionarios del gobierno kirchnerista actuaron así porque, además de discrepar con “la metodología” empleada por la ONG que, a su entender, a diferencia de la del Indec “carecería de rigor”, temen que los datos sean utilizados “por los grupos económicos mediáticos por sus propios fines, que no son los del pueblo argentino”. Se trata de las mismas razones que esgrimía la gente del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, cuando a fin de amordazar a ciertas consultoras privadas las multaron cada una por la friolera de 500.000 pesos, acusándolas de cometer el hipotético delito de difundir datos sobre la inflación que no coincidían con las confeccionadas por el Indec intervenido, de tal modo violando, en su opinión, la ley de Lealtad Comercial. Los atropellos de este tipo a los que el gobierno kirchnerista nos tiene acostumbrados serían comprensibles, si bien seguirían siendo condenables, si sirvieran para algo positivo, pero sucede que no han incidido en la marcha de la economía ni en la evolución de la opinión pública. Antes bien, el que el gobierno haya procurado defender el Indec intimidando a los escépticos ha sido de por sí suficiente como para asegurar que sus esfuerzos en tal sentido resultaran contraproducentes; después de todo, si las estadísticas oficiales fueran tan confiables como afirman los voceros oficiales, al gobierno le sería fácil reivindicarlas, pero es claramente incapaz de hacerlo. De todas formas, a esta altura sería pueril atribuir la incredulidad que habitualmente motivan las estadísticas oficiales al trabajo de una ONG socialista y de consultoras privadas en manos de “neoliberales ortodoxos” que según los kirchneristas quisieran depauperar aún más al “pueblo argentino”. Se debe exclusivamente a que desde hace años nadie toma en serio los números correspondientes a la inflación propagados por el Indec porque no han guardado relación alguna con la experiencia mayoritaria y también porque pocos soñarían en confiar en la objetividad de personajes tan prepotentes como Moreno que raramente dejan pasar una oportunidad para amenazar, a veces físicamente, a sus interlocutores. Por fortuna, los funcionarios militantes del gobierno de Cristina no están en condiciones de tratar de tal modo a los organismos internacionales y a los responsables de revistas tan prestigiosas como The Economist, la que hace algunos meses se afirmó harta de publicar mentiras, de suerte que en adelante emplearía estadísticas proporcionadas por una consultora privada norteamericana, pero sí han logrado presionar a distintos gobernadores de provincias en las que los índices de inflación se habían distanciado tanto de los del Indec que parecían propios de otro país.
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