Síntomas de pánico





A pesar de los esfuerzos vigorosos de la procuradora Alejandra Gils Carbó y otros funcionarios kirchneristas, al gobierno le está resultando cada vez más difícil disciplinar al Poder Judicial para que no investigue los negocios de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y miembros de su entorno. El jueves pasado, por orden del juez federal Claudio Bonadio y a pedido del fiscal Carlos Stornelli, efectivos policiales allanaron las oficinas de la empresa que administra el hotel Alto Calafate que, según parece, sirve de conducto para los millones de dólares que le proporciona a la familia Kirchner el contratista santacruceño Lázaro Báez que le paga por el alquiler de centenares de habitaciones que permanecen vacías. En opinión del jefe de Gabinete y vocero presidencial Jorge Capitanich, fue un caso claro de “golpismo activo” por parte del Poder Judicial, lo que es su forma de decir que, a su juicio, la presidenta debería estar por encima de la ley. Aún más alarmante desde el punto de vista de los kirchneristas es la negativa de los 28 senadores opositores a permitir que el gobierno actual cubra la vacante en la Corte Suprema que pronto dejará el juez Eugenio Zaffaroni; a un abogado militante vinculado con Hebe de Bonafini se le ocurrió denunciarlos por “sedición”. La reacción furibunda del oficialismo puede entenderse. Cristina y sus allegados tienen motivos de sobra para no querer que la Justicia hurgue en lo que creen son sus asuntos privados pero que, desgraciadamente para ellos, distan de serlo porque es imposible mantener separadas sus actividades como empresarios de sus obligaciones como funcionarios públicos. De estar en lo cierto los políticos y periodistas que se interesan por la ruta del “dinero K”, o sea, de los muchos millones de dólares conseguidos a través de la relación simbiótica del empresario Báez con el poder político kirchnerista, estamos frente a una serie de escándalos de dimensiones muy superiores a los que fueron protagonizados en los años noventa por el presidente Carlos Menem. Además de los hoteles, las obras públicas confiadas a Báez, los terrenos comprados a precio vil por Néstor Kirchner, el que, al venderlos poco después al valor de mercado, embolsó algunos millones de dólares adicionales, tarde o temprano será necesaria una investigación exhaustiva del destino aún misterioso de los célebres fondos de Santa Cruz. Parecería que los agentes de “los buitres” están ocupados rastreándolos en el hasta hace poco hermético mundo financiero de Suiza y en los alrededores de Las Vegas, la ciudad favorita de los amantes del juego. Y para más señas, se da el riesgo de que algunas operatorias puedan ser calificadas de “lavado de dinero”, un delito internacional que merecería la atención no sólo del Poder Judicial local sino también de sus equivalentes de Estados Unidos y otros países. Tal y como están las cosas, no habrá forma de frenar las investigaciones judiciales que están en marcha. Los intentos del gobierno de intimidar a los jueces y a los políticos opositores más combativos están resultando contraproducentes al difundirse la sensación de que el país está pasando por una etapa de cambio irreversible. Como suele suceder cuando se vislumbra el fin de una gestión determinada, la mayoría de quienes forman parte de la “familia judicial” siente más preocupación por su propio futuro que por aquel de un proyecto que está agonizando desde hace tiempo, de ahí la voluntad de tantos de aferrarse a la letra de la ley. En el clima imperante, las protestas airadas de funcionarios como Capitanich, para no hablar de las denuncias de “sedición”, son tomadas por evidencia del nerviosismo que se ha apoderado de un gobierno que cometió el grave error de convencerse de que siempre sería hegemónico, de suerte que sus miembros, entre ellos Cristina, nunca dejarían de disfrutar de la impunidad que, en nuestro país, es inherente al poder político. No son los primeros que se han permitido engañar así. ¿Serán los últimos? Sólo si los alarmados por las consecuencias sociales, económicas y políticas de la corrupción sistemática deciden que sería demasiado peligroso para el país seguir tolerándolo por miedo a lo que podrían llegar a hacer los culpables de enriquecerse obscenamente a costa de los demás.

Fundado el 1º de mayo de 1912 por Fernando Emilio Rajneri Registro de la Propiedad Intelectual Nº 5.196.592 Director: Julio Rajneri Codirectora: Nélida Rajneri de Gamba Vicedirector: Aleardo F. Laría Rajneri Editor responsable: Ítalo Pisani Es una publicación propiedad de Editorial Río Negro SA – Domingo 23 de noviembre de 2014


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