3J | Diez años de Ni Una Menos: qué cambió y cuáles son las deudas en Neuquén y Río Negro
La marcha que desbordó las calles en 2015 abrió conversaciones públicas y trajo respuestas institucionales. Los dispositivos que se sostienen y el impacto de las políticas de ajuste.
Los carteles fabricados a mano, un distintivo de las marchas feministas. Foto Florencia Salto.
El 3 de junio de 2015 Ariana tenía 26 años y estaba en la facultad de Psicología de la Universidad Nacional del Comahue. Ya se había recibido y participaba de un proyecto de extensión. «Me acuerdo que la marcha fue un miércoles, por qué yo volvía de Cipo», recordó. Tomó el colectivo hasta Neuquén capital. Era un día frío y gris. Llegó sola a una de las movilizaciones más grandes de la historia democrática reciente. Se encontró con un aluvión de personas. «Terminé marchando con un varón, que en ese momento estaba bastante poco puesto en cuestión esto de marchar con varones sí, varones no, bueno era el primer Ni Una Menos», afirmó.
La Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación reportó 235 femicidios ocurridos en Argentina durante 2015. De 2017 a 2024 hubo un promedio de 268 víctimas de violencia de género por año. Estos datos se construyen sobre la base de las causas judiciales.
La organización Casa del Encuentro fue una de las primeras que llevó un registro, cuya fuente eran las noticias que se publicaban. Relevó que en una década se produjeron 54 femicidios en Neuquén y 43 en Río Negro.
Aquella convocatoria estuvo cargada de fotos de mujeres asesinadas en contexto de violencia de género. Incluso trajo a la memoria aquellos femicidios que no habían sido nombrados así, pero que claramente lo eran como el primer triple crimen de Cipolletti, en 1997, o el de María Alejandra Zarza en 2002. También visibilizó los reclamos de las que habían sobrevivido, como Ivana Rosales, que peleaba por un servicio de patrocinio jurídico gratuito para las víctimas.
El femicidio ya había sido incorporado al Código Penal, como un agravante del homicidio, en 2012, pero las respuestas estatales para prevenir, investigar, juzgar y sancionar estos hechos eran pocas o ineficaces.
¿Cuál era la sensación ese día? «Era marcar lo obvio: no se matan mujeres, pero si es necesario digámoslo. Era como un tema que estaba en agenda, pero no popular, de pequeños grupos. Había mucha gente de sectores diferentes, como la marcha de la universidad el año pasado, encontrarte gente que quizás nunca pisó la calle, pero que ahí tenía que estar, que algo los convoca para estar en ese tiempo y en ese espacio», planteó Ariana.
¿Por qué vuelven?
María Laura Ciallella integra el servicio de atención a víctimas y testigos de la fiscalía de Neuquén. Parte de su trabajo es estar junto a las mujeres que denuncian violencia de género durante todo el proceso judicial, e incluso declarar en juicio si es necesario.
En 2023 la provincia encabezó la tasa de femicidios directos de todo el país. ¿Por qué se sigue llegando tarde?
«Prevenir femicidios no se reduce a una fórmula. Implica acompañar sin juzgar, intervenir con rapidez, articular redes, y sobre todo, trabajar para reconstruir la confianza: en uno mismo, en los demás y en las instituciones. Porque sin seguridad interior no hay protección posible», aseguró Ciallella.
Agregó: «es muy común escuchar en la sociedad «¿por qué vuelven?, hacen la denuncia y vuelven». Pero en realidad lo que no se está viendo es la ambivalencia en la que ocurren estas situaciones, con las personas que ocurren, que son personas dentro del ámbito familiar, y que muchas veces esas personas son invisibilizadas en todos los sistemas, se ven solamente cuando aparece esto de la denuncia, pero después se vuelven a invisibilizar. Y lo único que las visibiliza es la situación de violencia. Para trabajar en violencia hay que trabajar desde la contención y desde un paradigma de encuentro».
Para la trabajadora social ha habido avances en estos diez años. «Tenemos mucha más conciencia de la gravedad de estas situaciones. Durante muchos años se pensó que esto era del ámbito privado y hoy se sabe que requiere de otra mirada, de responsabilidad porque obviamente la violencia genera consecuencias que son de salud pública. Entonces obviamente se ha avanzado mucho en ese sentido. Creo que nos falta un mecanismo de poder articular un trabajo en red que esté más sólido y desde un paradigma más complejo», sostuvo.
El trabajo no está concluido
La Línea 148 nació en 2016, por lo que se la puede considerar hija de la primera marcha de Ni Una Menos. Desde entonces y hasta abril de 2025, el 66,5% llamó por asesoramientos -por qué tenía una amiga o una vecina que sufría violencia de género, por ejemplo- el 20% necesitaba alguna intervención pero la persona no corría peligro de vida, el 12% eran hechos muy graves y el 1,5% directamente fueron clasificadas como riesgo de femicidio.
«El 3 de junio de 2015 marcó un quiebre, un antes y después en la lucha feminista de Argentina y América Latina. Se empezó a hablar de violencia por motivos de género en todos los ámbitos, incluso en los que aparecían como más resistentes. La creación de la Línea 148, que sucede en diciembre de 2016, yo creo que fue una de esas respuestas. Es un reconocimiento institucional de que las personas que atraviesan situaciones de violencia necesitan ser escuchadas, acompañadas, orientadas. También lo fue el dispositivo de atención a varones (DAV), que rompe la lógica de que el Estado solo interviene después de los episodios de violencia», señaló Valeria Alessi, directora de ambos equipos.
El DAV busca, según la funcionaria, «interpelar a quienes ejercieron violencia para intentar que no se vuelva a repetir, interviene sobre las causas de las violencias».
Desde su perspectiva reconocer que con esa marcha «cambió todo» no «significa que el trabajo esté concluido».
«La violencia sigue siendo una realidad cotidiana, que además es muchas veces silenciosa. Lo que queda pendiente es llegar antes, es llegar a todos los territorios, es poder garantizar que las personas vivan donde vivan sepan que tienen que tienen derecho, que el Estado está para acompañar. Creo que también queda pendiente sostener estas políticas en un contexto donde los discursos de retroceso están cada vez más presentes«, opinó.
Puedo acompañarla, pero no pagar las zapatillas de sus hijos
Beatriz Ñanco es trabajadora del Sistema de Atención Territorial (SAT), un dispositivo que depende de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura de la provincia de Río Negro. «Recuerdo que entré en 2015, justo cuando estábamos organizando la primera marcha de Ni una Menos, acá en Bariloche», contó. «En aquel momento estábamos muy entusiasmadas, nos juntábamos a hacer carteles. Ahora estoy armando el flyer y no veo el mismo entusiasmo. Creo que es consecuencia de las políticas de ajuste que se están viviendo», sumó.
En un primer momento, el organismo era conocido como Consejo de la Mujer. Luego se territorializó, se sumaron más profesionales y comenzaron a abordar situaciones de acompañamiento de violencia de género desde un equipo interdisciplinario. El SAT trabaja con oficios que les llegan desde los juzgados. Cubre la demanda en localidades de la provincia como Bariloche, El Bolsón, Cipolletti, Roca, Villa Regina, Choele Choel, Viedma, Conesa, Sierra Grande, San Antonio e Ingeniero Jacobacci.
Para Ñanco, que también forma parte de la Secretaría de Género y Diversidad de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en la seccional de Bariloche, durante estos diez años en el dispositivo se observan varios cambios. Por un lado, advirtió una reducción de personal y de enfoque en el equipo: «Desde 2024 se comenzó a desmantelar. Antes si la persona no iba a la oficina, nosotros íbamos al territorio. Pero, ahora por falta de personal y por cuidado personal ya no vamos a territorio».
Destacó que hay menos recursos para abordar situaciones: «Antes la institución tenía más herramientas. Hoy no podemos ni imprimir oficios o incluso no contamos con movilidad diaria para poder salir a trabajar al territorio».
Manifestó que la cantidad de situaciones que aborda se incrementaron a medida que pasa el tiempo: «al revés de los recursos». Y menconó una estadística para graficar: «antes éramos tres trabajadoras abordábamos 30 situaciones, ahora tenemos entre 20 a 30 situaciones para que abordemos cada una».
Además resaltó que la coyuntura económica de muchas mujeres agrava la situación de violencia de género que atraviesan: «yo puedo estar al lado de esa mujer, escucharla, asesorarla, pero no puedo solucionar el problema del hambre. Puedo acompañarla emocionalmente, pero no puedo pagar las zapatillas de sus hijos. O incluso si no tienen dinero para venir a nuestra oficina se agrava todo mucho más».
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