Cerco para autores de violencia de género en cargos públicos

En el contexto del paro internacional de mujeres, lesbianas, trans y travestis que se realizará mañana, el diputado Raúl Podestá presentó un proyecto de ley para que las personas declaradas responsables de haber cometido delitos vinculados a situaciones de violencia machista, sean inhabilitadas para ejercer la docencia, ocupar cargos políticos, en el Poder Judicial y en las fuerzas de seguridad.

La propuesta plantea la creación de un Registro Único de Personas Condenadas por Delitos de Violencia de Género, disponible en un sitio web de acceso público, que funcione bajo la órbita del ministerio de Ciudadanía.

La inscripción sólo podrá ser realizada por orden judicial, de oficio en las causas civiles, y en las penales será el fiscal el que se lo requiera al juez.

Te puede interesar Violencia de género: más de la mitad de las restricciones fueron incumplidas

Allí figurarán las personas condenadas, quienes hayan incumplido medidas restrictivas y/o los tratamientos terapéuticos ordenados en el trámite de expedientes por delitos relacionados a violencia de género.

La baja del registro se determinará por orden judicial, a pedido de parte.

Mientras las personas estén inscriptas allí no podrán ser candidatas a cargos electivos provinciales y/o municipales. Tampoco concursar en el Consejo de la Magistratura, ni ser propuestas para integrar el Tribunal Superior de Justicia. No podrán ejercer la función docente, en ninguno de los niveles, ni ingresar a las fuerzas de seguridad o ser proveedoras y contratistas del Estado.

En la provincia se creó un Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual pero nunca se llegó a implementar, ya que para hacerlo se requiere de un Laboratorio de Genética Forense al que todavía no se le asignó fondos (ver aparte).

“Venimos trabajando con este proyecto desde el año pasado en el marco de una violencia de género que es realmente alarmante, no sólo en nuestra provincia sino en el mundo”, aseguró Podestá.

Te puede interesar Separaron del bloque a un dirigente del PJ de Neuquén denunciado

Agregó: “creemos que ninguna cuestión va a resolver este problema más que un trabajo permanente y de toda la sociedad, pero entendemos que con estas cosas vamos a colaborar y por lo menos prevenir y evitar algunas de las cuestiones que hoy están ocurriendo.”

El Observatorio de Violencia contra las Mujeres publicó que de abril a junio de 2017 hubo un promedio de 24 denuncias diarias por violencia en la provincia, radicadas en comisarías. El dato no fue actualizado desde entonces, pese a que el organismo se creó para producir estadística.

Una iniciativa similar

que está en veremos

El Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual fue creado por ley en 2006. En 2014 se modificó el texto de la norma y la autoridad de aplicación pasó a ser el Poder Judicial de la provincia.

Sin embargo aún no se puso en marcha. En mayo de 2017 el Tribunal Superior de Justicia planteó , por acuerdo, que resulta indispensable para su implementación “contar con el Laboratorio de Genética Forense que -entre otras funciones- permitirá registrar datos genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual”.

El costo estimado del laboratorio es de siete millones de pesos. El Poder Judicial anticipó que afectará dos millones para concretarlo y le pidió al Ejecutivo y al Legislativo un aporte similar.

“No van a poder ser candidatos, incorporarse a la policía, ni a la docencia. Los vamos a excluir de algunos sectores sensibles”,

dijo el diputado Raúl Podestá sobre las personas que figuren en el registro.

El proyecto de ley plantea la creación de un Registro Único de Personas Condenadas por Delitos de Violencia de Género de acceso público