Ciudadanía Italiana: un fallo judicial frena el decreto que limitaba el trámite a los argentinos

Después de meses de incertidumbre para miles de argentinos que buscan el reconocimiento de su ciudadanía italiana, un fallo reavivó las esperanzas. La sentencia declaró que el decreto que limitaba el trámite a los argentinos no puede aplicarse de manera retroactiva.

Según explicaron especialistas, el juez consideró que el decreto no es retroactivo. Es decir, asegura que no se puede aplicar a los que ya nacieron, más allá de que hayan presentado o no la solicitud de reconocimiento de ciudadanía italiana.

El Decreto Tajani, impulsado por el Ministerio del Interior del gobierno de Giorgia Meloni, proponía limitar el acceso a la ciudadanía italiana a solo dos generaciones nacidas en el extranjero. De haberse aplicado en su totalidad, habría afectado a un gran número de argentinos descendientes de italianos, al restringir el derecho de transmisión más allá de los nietos.

Para muchos abogados, esta restricción es incompatible con el principio del ius sanguinis (derecho de sangre), que establece que el hijo de un italiano es italiano, sin importar dónde haya nacido ni cuántas generaciones hayan pasado.

«La ley dice que los hijos de italianos son italianos. Si vos tenés un antepasado italiano, por más que no hayas tramitado nada, sos italiano. Lo único que falta es que el Estado lo reconozca administrativamente”, explicó el abogado especializado en ciudadanía italiana, Sebastián Irrazabal.

A pesar del alivio que genera el fallo, el futuro del decreto aún no está definido. Así lo resumió Irrazabal «Primero hay que revisar el decreto. El Congreso italiano ya le dio media sanción con reformas y quita de artículos. Eso es beneficioso para los que estaban tramitando antes», dijo.

«Ahora se va a poder seguir la línea de sangre: si yo me hago italiano, se lo puedo transmitir a mis hijos, nietos, y así sucesivamente. Eso se había quitado. Ahora se modificó, pero todavía falta que Senadores lo discuta, apruebe o rechace».

Además del debate legislativo, está la posibilidad de un control de constitucionalidad. En Italia existen dos tipos: el primero se da a través de los jueces, como en este caso. El segundo lo ejerce un organismo autónomo, algo que en Argentina no existe. “Falta que entre al campo de juego este tercer organismo», explicó.

Mientras tanto, los estudios jurídicos como el de Irrazabal que acompañan a los solicitantes evalúan los pasos a seguir. “Estamos a la espera de lo que se termine de discutir en Senadores. Estos fallos de inconstitucionalidad cuestan mucho dinero. Quizás, dentro de dos meses, no haga falta iniciar un proceso judicial”, señaló.