Comedores sin alimentos: la acción judicial contra el ministerio de Pettovello que espera respuesta

La defensora de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes pidió al gobierno de Milei que vele por el cumplimiento de programas y esperan el fallo. “Empezamos a recibir reclamos de comedores, de merenderos, de distintos lugares de todo el país”, dijo.

La defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, Marisa Graham junto al defensor adjunto, Juan Facundo Hernández, presentaron una acción judicial días atrás en la que solicitaron que no se suspenda la entrega de alimentos secos a comedores y merenderos de todo el territorio nacional por parte del gobierno nacional.

La defensora argumentó que mientras el Ministerio de Capital Humano avanza en su voluntad de modificar la modalidad de provisión de alimentos a comedores y merenderos, no debería discontinuar la entrega de alimentos secos, como está sucediendo en algunos casos desde noviembre; según pudo saber Diario RIO NEGRO en diálogo con altos funcionarios de la Defensoría.

La falta de alimentos en los comedores se puso al descubierto el lunes cuando una movilización nacional mostró la carencia. En Río Negro, se agrava la situación de hambre de cientos de miles en los barrios, perjudicados porque dependen de estas instituciones para tener un plato de comida.

La causa se encuentra radicada en el Fuero Contencioso Administrativo Federal N° 2 y hasta el momento no tuvo resolución. Está a cargo del juez Esteban Furnari, caratulada como: “Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes C/ Ministerio de Capital Humano S/ medida cautelar”. El recurso jurídico empleado es una medida cautelar denominada «prohibición de innovar».

«Presentamos esta acción judicial, para que, en la transición hacia esa nueva modalidad, los miles de niñas, niños y adolescentes que asisten a comedores comunitarios, sigan recibiendo alimentos oportunos y de calidad», planteó Graham.

En el petitorio, piden expresamente que se conceda la medida cautelar y que se intime al Estado Nacional a reanudar las entregas.

Por su parte, Facundo Hernández señaló que: “Desde la Defensoría constatamos que la última entrega de alimentos fue en los meses de noviembre, y según datos del presupuesto abierto, a la fecha hay cero ejecuciones presupuestarias en las partidas destinadas a la adquisición de alimentos”.

Finalmente solicitaron que no se altere la situación «de hecho y de derecho» respecto de la entrega de los alimentos prevista por la Ley 25.724, en cumplimiento del deber indelegable del Estado de garantizar el derecho a la alimentación de toda la ciudadanía, en particular a niños y niñas, «sobre cualquier cambio de política pública o gobierno”.

Por otro lado, el dirigente social Juan Grabois radicó una denuncia penal a la ministra de Capital HumanoSandra Pettovello, en su caso, por «incumplimiento de los deberes de funcionario público» por «no disponer la entrega de alimentos» en comedores barriales y comunitarios.

Una Ley nacional que ordena


En Argentina existe la Ley 25.724, que crea el Programa Nacional de Nutrición y Alimentación, destinado a cubrir los requisitos nutricionales de niños hasta los 14 años, embarazadas, discapacitados y ancianos desde los 70 años en situación de pobreza.

Además, se tiene en cuenta a la hora de presentar este recurso, el marco de la Emergencia Alimentaria Nacional (decreto 108/2022) que fue prorrogada por el artículo 87 de la Ley 27.701 hasta diciembre de 2025.

La defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes tiene entre sus misiones velar por la protección y promoción de los derechos humanos de este segmento población, consagrados en la Convención sobre los derechos del Niño, la Constitución Nacional y las Leyes Nacionales.


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