El transporte urbano en situación crítica: Río Negro espera definiciones del gobierno nacional

El futuro de transporte urbano en toda la provincia de Río Negro tiene su suerte atada al rumbo que adopte el gobierno nacional, en razón de que los subsidios de ese origen son pieza central del sostén económico del sistema, aunque los municipios también comenzaron a evaluar qué resortes tienen a mano para evitar el colapso del servicio.

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Bariloche cuenta con el transporte urbano más desarrollado de Río Negro y el que recibe más subsidios. La concesión está a cargo de la empresa Mi Bus, que este mes no pagó los salarios en término, lo cual derivó en una medida de fuerza de la UTA que dejó a la ciudad casi cuatro días sin colectivos.

Lo mismo ocurrió ya en meses anteriores sin que la empresa encuentre la forma de prevenir esos conflictos y sin que el municipio le aplique sanciones por incumplimiento de contrato. El exintendente Gustavo Gennuso llegó a justificar los atrasos salariales en la necesidad de que se visibilice el apremio que provoca el atraso de los subsidios.

Pero entre los actores principales de la actividad sobrevuela la presunción de que una caída abrupta de la ayuda nacional precipitaría la desaparición del servicio, al menos bajo su formato actual.

El secretario de Transporte de Río Negro, Juan Ciancaglini, reconoció que las crisis por atrasos salariales son difíciles de evitar, porque el ingreso por boletos cubre una parte marginal de los costos y la Nación acumula demoras de entre dos y tres meses en la remisión del llamado «fondo compensador». El gobierno del presidente Javier Milei, según las primeras señales, no tendría voluntad de solucionar ese problema, sino que más bien lo agravaría con una disminución de los aportes.

Ciancaglini dijo que la provincia mantiene el compromiso de aportar un subsidio equivalente al de Nación y esta semana pagó el correspondiente a octubre, además se comprometió a aportar 62 millones más antes de fin de mes «para garantizar el pago de los salarios de enero» y evitar nuevas medidas de fuerza de UTA, como la que hubo hace pocos días. Sería un adelanto de los subsidios de noviembre y diciembre.

Del total distribuido por el gobierno de Río Negro (donde hay siete localidades con servicios municipales de transporte), más de la mitad son transferidos a Amancay/Mi Bus. La empresa barilochense recibió en el último reparto 62.211.000 pesos y algo menos de 60 millones se asignaron de manera proporcional para el sostenimiento del transporte urbano en General Roca, Viedma, Allen, Cipoletti, Sierra Grande y San Antonio Oeste, además de dos líneas interurbanas.

Ciancaglini mantiene contacto permanente con sus pares de otras provincias, que enfrentan el mismo apremio, y se hizo cargo de reclamar en nombre del Consejo Federal del Transporte una «audiencia urgente» con el nuevo ministro de Infraestructura de la Nación, Guillermo Ferraro, quien tiene el área a su cargo.

La idea de los secretarios provinciales de Transporte es que el gobierno nacional exponga con claridad qué piensa hacer con los subsidios y así lo plantearán en el encuentro. El pedido hasta ayer no había tenido respuesta.

Transporte público con ayuda «casi ilimitada»

En el municipio de Bariloche también hay una inquietud creciente con la situación del transporte, a sabiendas de que es un servicio de alta sensibilidad social, a lo que se agrega el factor turístico, porque dejar a la ciudad sin conectividad también impactaría de lleno en esa actividad.

Desde hace tiempo el municipio subsidia por su propia cuenta a Mi Bus, con cuotas crecientes de dinero. Como ese compromiso está fijado en litros de gas oil, el aporte tiene una actualización automática, que se aceleró en las últimas semanas. La municipalidad garantiza a la empresa el equivalente de 49.529 litros de Infinia Diesel por semana. A precio actual de surtidor, esa inyección de recursos representa 197 millones de pesos por mes.

La secretaria de Hacienda del municipio, Carina Ondarçuhu, dijo hace pocos días en el Concejo que esas transferencias periódicas para cubrir «el 100% del combustible» representan «un gran esfuerzo» para el municipio y que aun así «la empresa dice que no le alcanza». Señaló que «todo sobre el transporte está sujeto a revisión», incluido el aporte atado al combustible, y reconoció que la incertidumbre es muy grande. «No sabemos si puede llegar a desaparecer», afirmó.

Refirió que la tarifa -actualmente fijada en 270 pesos y con aumento ya acordado a 320 a partir del 1 de febrero- es baja en el actual contexto «y le dificulta a la empresa llegar al equilibrio para funcionar».

El intendente Cortés había dicho en campaña (y también en funciones) que tenía proyectos para diversificar el transporte con servicios superpuestos de minibuses punto a punto, remises, taxis y también traslados contratados por aplicación. Pero no avanzó hasta ahora. Tampoco dijo cómo haría para que sean a un precio accesible para el pasajero.

Otro tema sobre el que apuntó es sobre la cantidad de usuarios que viajan sin pagar o con descuento, que cifró en la mitad del total.

El jefe de Gabinete del municipio, Héctor Leguizamón Pondal, dijo también el jueves en el Concejo que la gravedad de la situación impone una «reformulación del contrato» con Mi Bus, que vence en tres años. El objetivo sería «reducir costos» con una revisión a fondo de frecuencias y recorridos (se leyó como un achique), con especial cuidado en reconvertir las rutas actuales que tienen muchos kilómetros en calles de ripio y derivan en una alta tasa de roturas y reparaciones.

Transporte público: aparecen pocas alternativas

Ciancaglini dijo que los problemas que ponen en jaque la continuidad del transporte son los mismos en todos lados y los municipios los enfrentan como pueden. Puso como ejemplo el caso de Roca, donde la gestión de María Emilia Soria adelanta dinero a la cooperativa prestadora cuando se atrasan los subsidios nacionales. «En Viedma tengo entendido que también», agregó.

El funcionario señaló que luego de la reciente liquidación de los subsidios correspondiente a octubre, los de noviembre y diciembre llegarán «con un aumento ya acordado del 26%», que estará lejos de cubrir la evolución de los costos. Después de esa fecha, no hay precisión alguna sobre cómo continuarán las remesas.

«Tenemos la esperanza de que se mantengan, toda la estructura de costos del transporte se paga de dos maneras: con boleto y con subsidio. Si una no está, es difícil que la otra sostenga todo», explicó.

Insistió en que la crisis es «generalizada» y requiere respuestas rápidas. Consultado sobre la posibilidad de revisar la gratuidad de los boletos estudiantiles, de jubilados y discapacitados, entre otros, Ciancaglini dijo estar de acuerdo. «No hay en realidad un boleto gratis, alguien lo paga -explicó-. Hacer que el transporte sea eficiente, sin bajar el confort y la calidad de las unidades, sin resignar en seguridad, obliga a discutir esos temas».

Aclaró sin embargo que el esquema de gratuidades y beneficios «es responsabilidad de los concedentes», es decir de los municipios.

En Bariloche y desde hace más de una década viajan gratis los estudiantes de todos los niveles del sistema público, desde inicial a terciario y universitario. Y los de establecimientos privados pagan un 33% del boleto ordinario. También gozan de beneficios las personas con discapacidad y otros que están contemplados ya a nivel nacional por el sistema Sube, como trabajadoras domésticas y empadronados de planes sociales.

Ciancaglini desmintió que en algún momento el costo del servicio haya estado cubierto enteramente por el boleto del pasajero porque, antes del esquema actual de subsidios, «ya recibían el gasoil a precio diferenciado», que no superaba el 30% del real. Y se otorgaba «por cantidad de vehículos», no por kilómetro recorrido. «Las sumas eran muy importantes», aseguró.

Según el funcionario rionegrino, «la inflación cambió el escenario» en los últimos meses y todo se agravó con la suba de muchos insumos «a precio dólar».

También dijo que para Bariloche la adopción de un boleto turístico es «una alternativa que se debe analizar, pero lo deben evaluar las partes, sin intervención de la provincia». El año pasado el Concejo de esta ciudad llegó a aprobar una ordenanza que establecía un boleto general más alto y un descuento para residentes, pero fue vetada por Gennuso, que la calificó de «inaplicable».

En Bariloche «con este contrato el transporte es inviable»

Es difícil encontrar miradas optimistas en relación con el presente y futuro del transporte urbano.

Entre los que suman su opinión está Rosamel Santana, quien tiene una experiencia de 18 años en a actividad, primero como trabajador, en la antigua empresa Tres de Mayo y luego también como gerente operativo en Amancay SRL.

Santana aseguró que el modelo actual en Bariloche «es totalmente inviable». Dijo que la gratuidad del boleto para tanto pasajeros es una carga demasiado pesada, que hay que revisar de modo urgente.

Los estudiantes gozan de ese beneficio y hay poco o ningún control sobre el uso que le dan. Muchas veces viajan gratis incluso cuando no van a la escuela o a la universidad y el sistema se los permite.

También habló de los discapacitados. «En un principio se les exigía el Certificado Único de Discapacidad emitido por Nación, pero luego empezaron a viajar con una fotocopia, sin ninguna garantía ni resguardo -observó-. Esas fotocopias circulan de mano en mano, cualquiera accede y todo se desmadró. En la práctica son muchísimos los que no pagan. El sistema SUBE permitiría controlar el viaje de la persona con discapacidad, pero no personalizan las tarjetas entonces no funciona. Debería existir una credencial inviolable, o algo así, pero sería probablemente un motivo de conflicto».

Sobre los subsidios Santana dijo que es necesaria una «reconversión» para que lleguen realmente donde se necesita. Advirtió que el mismo sistema tiene muchos subsidios cruzados, porque por ejemplo la tarifa «plana» permite viajar desde el centro al Llao Llao o a Colonia Suiza (25 kilómetros) por un precio que no cubre ni por asomo los costos, y que es el mismo para un recorrido corto de tres kilómetros.

Sobre las personas con discapacidad también el intendente Cortés dijo que urgía un replanteo porque viaja mucha gente «con sus acompañantes» en uso de ese beneficio, cuando otros discapacitados, por ejemplo los que tienen problemas de movilidad, no usan el colectivo por falta de rampas.