Amparo judicial obliga al Gobierno a restituir pensiones para personas con discapacidad

Una acción de amparo fue presentada en la Justicia Federal de Salta por la suspensión de 129 pensiones no contributivas por discapacidad, afectando a más de un centenar de familias salteñas. La medida judicial busca revertir la decisión del gobierno nacional de cortar estos beneficios, considerados un soporte vital para los beneficiarios.

La presentación del amparo fiscal de Estado, Juan Agustín Pérez Alsina, va dirigida contra el Estado nacional y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y busca revertir esta medida, que ha generado incertidumbre y desprotección en uno de los sectores más vulnerables de la comunidad salteña.

Según detallaron medios locales, la judicialización del reclamo se hizo bajo la instrucción del gobernador de Salta, Gustavo Saénz. En el amparo se piden dos cosas:

• La aplicación de una medida cautelar que restituya a los beneficiarios de manera inmediata su pensión
• El pago de un retroactivo, desde julio, momento en que se suspendieron.

Para esto, solicitaron que la Corte Suprema convoque a una audiencia pública.

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Hubo “evidentes faltas de transparencia en los procedimientos aplicados por el Estado nacional, que afectaron a personas en situación de vulnerabilidad extrema”, se sostiene en el amparo. 

Asimismo, la provincia reclamó la implementación de un proceso de «auditoría transparente, profesional y accesible» que salvaguarde el debido proceso y los derechos de las personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad.

Además, se pidió que se cite a una audiencia pública con participación de las partes «a los fines informativos y conciliatorios».

La provincia alegó que los procedimientos fueron «arbitrarios, carentes de sustento normativo y violatorios de derechos fundamentales», y destacó que la ANDIS se negó a proporcionar información nominal de los beneficiarios y los procedimientos detallados de las suspensiones, según detalló Página 12.

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El Juzgado Federal N°2 de Catamarca ordenó a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) restablecer, en un plazo de 24 horas, la totalidad de las pensiones no contributivas por invalidez que habían sido suspendidas en la provincia, y pagar los haberes retenidos a sus titulares. La medida, adoptada mediante una resolución del viernes firmada por el juez Guillermo Díaz Martínez, tiene validez únicamente en Catamarca, aunque podría sentar un precedente para otros casos similares en el país.

La acción de amparo fue presentada por la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores, varios ciudadanos por derecho propio, y el Defensor del Pueblo de la Provincia de Catamarca. Los demandantes buscaron que se declararan nulas las suspensiones de pensiones por invalidez laboral, que se adecuara el procedimiento de auditorías a los parámetros constitucionales y legales, y que se declarara la inconstitucionalidad del decreto 843/24, que modificó los requisitos para acceder a estos beneficios.

Según los denunciantes, el decreto «establece criterios más restrictivos para el acceso a las pensiones, como la exigencia de una incapacidad total y permanente del 66% y la falta de un vínculo laboral registrado», lo que consideraron «inconstitucional» porque contradice los principios de progresividad y no regresividad en materia de discapacidad.