Hay cada vez más casos de abuso sexual en la agenda judicial de Bariloche

Un promedio de tres casos de abusos sexuales conforman la agenda diaria de audiencias judiciales en Bariloche. En 2022, hubo alrededor de 232 legajos por este tipo de delitos en la Tercera Circunscripción (que contempla además Ingeniero Jacobacci y El Bolsón); el año anterior se iniciaron 220.

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Al conformarse la Oficina de Atención a la Víctima (Ofavi) en Bariloche, sus cuatro integrantes elaboraron un informe que arrojaba un dato estremecedor: los delitos sexuales contra niños y adultos lideraban el listado de causas que abordaban en la ciudad cordillerana en el período que va del segundo semestre del 2018 y todo el 2019. “Superaba incluso al delito de violencia de género que creíamos que era mayor. Nos sorprendió en ese momento”, reconocieron desde esa oficina. La estadística no se actualizó, indicaron, por falta de tiempo.

Allá por 2018, el equipo de la Ofavi comenzó a recibir llamados de trabajadoras sociales, psicólogos y psicopedagogas del Etap (Equipo Técnico de Apoyo Pedagógico), planteando situaciones de abuso sexual que eran comentadas en las escuelas.

La ley que establece el dictado de Educación Sexual Integral (ESI) en los colegios se aprobó en 2006, pero su aplicación real llegó a Río Negro en 2017, muchos años más tarde. “Hoy hay muchos más niños y niñas que tienen conocimiento de qué está bien y qué está mal. En ese punto, aumentaron las cuestiones de develamiento respecto de las agresiones sexuales. Hablamos de las escuelas pero también de las salitas de salud. Muchas veces nos llaman los profesionales y nos dicen que algún niño empezó el tratamiento psicoterapéutico y contó que estaba siendo agredido sexualmente por alguien”, coincidieron las profesionales.

El fiscal Jefe Martín Lozada se refirió a “un clima cultural que habilita y propicia las denuncias de este tipo de delitos”. “Este clima cultural hace que el Estado esté preparado para recibir y atender estas denuncias. Es producto de las demandas de determinados colectivos que asisten a las víctimas y también de las instrucciones impartidas por organismos internacionales a la Argentina”, afirmó.

La información es poder tanto para niños, adolescentes y mujeres. Así lo entienden las integrantes de la Ofavi. “Sin los colectivos que promueven la perspectiva de derechos o de género, seguramente habría muchas menos denuncias. Muchas trabajadoras sociales y psicólogos consultan si están frente a una situación delictiva o no. Pero por lo general, son los docentes quienes recepcionan el primer pedido de ayuda, la primera instancia de develamiento de una agresión sexual”, explican y agregan: “Es duro porque implica una ruptura del núcleo familiar en algún punto y está atravesado por muchos miedos que sostienen el secreto”.

¿Por qué tanta demora en la aplicación real de la ley? Por la resistencia social a trabajar esos temas tanto en las escuelas públicas como privadas. “Mi hijo va a la escuela a aprender y no a que le hablen de sexo” fue -y suele ser- una frase recurrente.

En la Ofavi son contundentes: “Esto de que sea ley no es menor porque obliga a brindar información”.

Muchas denuncias por abuso sexual infantil llegan a través de los miembros de la familia, pero además, por los docentes y directivos del colegio. “Hemos tenido casos de docentes que se enteran porque el chico cuenta en la escuela lo que le pasó. Esto se traslada al Etap y, el Etap intenta acercarse a la familia. Si la familia se resiste a hacer la denuncia, los integrantes del Etap, la docente o los directivos avanzan en la justicia”, detallaron.

La escuela siempre debe acompañar. Tiene la obligación. Pero los especialistas explican que “siempre se prioriza la comunicación con las familias porque el niño pasa ahí el mayor tiempo de su vida. Lo que hay que garantizar ante una denuncia es el cese del riesgo. A veces, cuando la familia no acompaña, no cree o no puede hacer frente a esa enunciación, se da intervención a la Senaf porque hay que tomar otras medidas”.

Desnaturalizar

Por otro lado, se recepcionan más denuncias de agresiones sexuales en el seno de los matrimonios que, hasta hace un tiempo atrás, se naturalizaban.

Lozada recalcó que, en las últimas décadas, “se ha puesto en crisis la normalización o naturalización de determinadas violencias o asimetrías que históricamente han sufrido las mujeres”.

“Esto de naturalizar la agresión sexual dentro del matrimonio es algo que impacta de una manera significativa en las mujeres cuando lo logran ver. Se rompen imaginarios. Hay violencia física y psicológica, pero la violencia sexual es la más invisibilizada por el momento”, concuerdan en Ofavi.

El impacto de la visibilización y la concientización por parte de las organizaciones y los colectivos es sustancial. Pero también la responsabilidad del estado en sancionar a quienes cometan este tipo de delitos. En la mayoría de los casos hay condenas.

Según Lozada, este modo de observar la violencia “trae aparejadas transformaciones legales porque nos damos cuenta de la urgencia con que hay que operar para reducir los márgenes de impunidad en algunos casos. O para disuadir a agresores potenciales. La pena es un mensaje no solo dirigido al perpetrador sino al resto de la comunidad”.

Más allá de la pena, quienes son condenados por este tipo de delitos son incluidos en un Registro Único de Agresores Sexuales.

“La última reforma de la ley de Ejecución Penal prevé darle intervención a la víctima en el proceso de ejecución de la pena del agresor. Entonces, por ejemplo, se la notifica respecto de ciertas decisiones de los jueces. Puede opinar en relación a salidas transitorias del condenado, salidas para trabajar o respecto de ciertos beneficios para el condenado. La víctima debe estar informada”, manifestó Lozada.

En casos de condenas por violencia de género, Río Negro avanza imitando el modelo español con el desafío de resocializar al agresor. Bariloche ya inició una prueba piloto con un grupo, en marzo. Se trata de encuentros pautados que tienen una duración de tres meses.

Se registran casos de abuso sexual a hombres, pero, aseguran, son los menos.