La espera de 78 niños y adolescentes de Río Negro por una familia adoptiva

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De los 109 niños y adolescentes que actualmente se encuentran alojados en dispositivos de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) de Río Negro, 78 se encuentran en condiciones de adoptabilidad, es decir que pueden ser adoptados.

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“Hay 78 niños y adolescentes que tienen la oportunidad de tener una familia. Si bien en esta instancia, el caso está en el ámbito de la justicia, se trata de arbitrar los medios para agilizar las convocatorias”, especificó Sebastián Sánchez, subsecretario de Medidas de Protección Integral de Río Negro.

Sucede que mientras aguardan encontrar una familia adoptiva, esos chicos permanecen en “los hogares de abrigo” de la Senaf. En algunos casos, los procesos de adopción pueden llevar entre 3 y 4 años. “El tiempo promedio es relativo. Pero no queremos que cumplan 18 años en estas instituciones por la carga que conlleva. La idea es que no permanezcan albergados tanto tiempo. Ya que estén un año es un montón”, lamentó Sánchez.

¿Cómo inician estos procedimientos? La Senaf cuenta con equipos de intervención territorial que abordan situaciones de vulneración de derechos o riesgos inminentes. Por lo general, desde el ámbito escolar o de salud exponen una situación llamativa que amerita la intervención del organismo. Otras veces, hay un oficio judicial.

En ese momento, entonces, se pone en marcha el Programa de Fortalecimiento Familiar. “Nuestros equipos están conformados por trabajadores sociales, técnicos en niñez adolescencia y familia, psicólogos y operadores sociocomunitarios que, en estos casos, trabajan en duplas o tríadas. Evalúan cada situación de niños o adolescentes”, indicó.

Las situaciones varían. Abandonos en el ámbito familiar, situaciones de negligencia familiar, un docente que percibe un niño lastimado o algún signo de violencia que se detecta, por ejemplo, en un control de salud. “Cuando se visualiza una vulneración o una situación de violencia hacia niños o adolescentes, se busca la intervención del organismo que cuenta con 13 delegaciones en la provincia”, comentó Sánchez.

Al recibir el caso, estos equipos evalúan la situación, a través de entrevistas, “escuchas activas”, visitas en los domicilios y entrevistas en las sedes. Si así lo amerita, se pone en marcha el Programa de Fortalecimiento Familiar. “Si evaluamos un nivel de riesgo, se trabaja con medidas de protección integral para restituir ese derecho que ha sido vulnerado. Pero si el equipo evalúa que la situación sigue sin revertirse y persiste la situación de riesgo o poco cuidado parental, se pasa a otra instancia”, advirtió Sánchez.

En este punto, ya se toman medidas de protección excepcional y entonces, comienza el proceso de judicialización. “Los chicos son albergados en casas de abrigo. La provincia totaliza más de 10 dispositivos de alojamiento donde se busca protegerlos y resguardarlos. Por otro lado, fundamentamos ante la jueza de Familia el por qué de esa medida que debe ser excepcional y transitoria”, alegó.

La idea es que ese niño o adolescente esté institucionalizado en la Senaf el menor tiempo posible. Hay un plazo máximo de 90 días que puede prorrogarse por otros 90.

“Cuando uno va viendo el grado de vulneración de estos niños y el contexto familiar, muchas veces, atravesado por situaciones de violencua y consumo, nuestros equipos y la Justicia evalúan que no es lo pertinente para que ese niño se puede desarrollar en su vida plena” concluyó Sánchez.

Sánchez aseguró que, en una primera instancia, se trabaja para evitar la judicialización del caso. Los equipos acompañan, contienen y apuestan a la revinculación familiar. Sin embargo, el objetivo es que ese niño o adolescente “esté en un ámbito familiar sano y protegido. De no ser así, nos vemos obligados a tomar medidas excepcionales y entrarían en condiciones de adoptabilidad”.