Río Negro prohíbe el uso recreativo de drones en Áreas Naturales Protegidas: ¿cuáles son las nuevas regulaciones?

La Secretaría de Ambiente aprobó un nuevo reglamento, favoreciendo las autorizaciones para investigaciones científicas y producciones audiovisuales de difusión ambiental.

Los drones permiten relevar grandes superficies en menos tiempo y con un nivel de detalle imposible de lograr con métodos tradicionales. Foto: gentileza.

El Gobierno de Río Negro actualizó la normativa vigente desde 2022, que regula el uso de drones en las Áreas Naturales Protegidas de la provincia y estableció nuevas condiciones para autorizar vuelos.

Los dispositivos solo pueden utilizarse con fines científicos, de investigación, tareas institucionales de conservación como monitoreo y control, y difusión de producciones fotográficas o audiovisuales.

Mientras que el uso recreativo o deportivo quedó expresamente prohibido con el fin de reducir la exposición de la fauna silvestre.

El impacto ambiental de los dispositivos


De acuerdo a los fundamentos de la normativa, el uso no planificado de estos dispositivos puede ocasionar impactos negativos sobre la fauna silvestre, tales como «cambios comportamentales, estrés, y riesgo de colisión», especialmente en franjas altitudinales bajas, donde se concentra la mayor parte de fauna voladora.

Además, se destacan los riesgos de incendio y pérdidas de equipo en zonas de alta sensibilidad.

Situaciones excepcionales y regulación


De acuerdo a la Secretaría de Ambiente, se establecen protocolos específicos para situaciones excepcionales, como la aparición de orcas en la costa que suele conllevar un registro de eventos naturales de interés ambiental.

Las orcas llegan a las costas de Río Negro entre junio y agosto en busca de alimento. Foto: Marcelo Ochoa.

En este sentido, quienes soliciten autorización deberán presentar la documentación del equipo y del piloto, seguro vigente y detallar el objetivo, lugar y duración del vuelo con al menos cinco días hábiles de anticipación.

También se fijan medidas para minimizar el impacto sobre la fauna, como mantener una distancia mínima de 30 metros de animales y personas, evitar sobrevolar nidos o zonas de alimentación y suspender el vuelo si aparecen aves.

Finalmente, la resolución crea una planilla obligatoria de fiscalización y monitoreo para evaluar el comportamiento de la fauna antes, durante y después de cada vuelo autorizado.

La entrada en vigencia de la resolución está acompañada por instancias de capacitación destinadas a los guardas ambientales de la provincia con el fin de fortalecer el uso idóneo de estos dispositivos para aquellos que fiscalizan las áreas protegidas.

Desde el Gobierno provincial señalaron que la medida busca «fortalecer la gestión ambiental» y brindar un marco «más claro y eficiente» para investigadores e instituciones que desarrollen proyectos científicos o de difusión ambiental, sin afectar los ecosistemas protegidos.


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