Se desvanece la mediación y podrían volver a las protestas en la Cooperativa 1° de Mayo, en Roca

"Si quieren desalojarnos que lo hagan", dijo desafiante esta mañana el presidente de la Cooperativa 1° de Mayo, Omar Carrasco.





Desde que se conoció el monto que demandaría la inversión del traslado de galpones y maquinarias, la mediación que había encarado el Ministerio de Seguridad de la provincia, el municipio de Roca y los integrantes de la Cooperativa 1° de Mayo comenzó a desvanecerse. Es que la cifra, que podría superar los 100 millones de pesos, puso en alerta a las autoridades provinciales quienes habrían decidido frenar la medida hasta tanto se tenga una cifra definitiva de todo el proceso de traslado.

«Si quieren desalojarnos que lo hagan o bien que nos den una solución. Estamos cansados nosotros también de cortar la ruta. Que mande el desalojo (la jueza María del Carmen Villalba) así se termina todo esto de una buena vez o bien que busque una solución para ambas partes». Esas fueron las declaraciones del presidente de la Cooperativa 1° de Mayo, Omar Carrasco, quien dijo que la situación ha llegado a un extremo que ya no se puede sostener.

Explicó que la mediación no tiene un rumbo fijo porque el gobierno provincial ha ido cambiando de funcionarios en las últimas reuniones con lo cual -a su entender- resulta difícil encarar una proyecto de mudanza de la cooperativa que actualmente funciona en el predio de calle Alsina al 2600.

Y confirmó que, el municipio ya realizó el movimiento de suelo en el Parque Industrial II, donde comprometió la entrega de un predio para que funcione el aserradero.

«Estaremos afuera del aserradero con fuego, sin cortar las calles. No descartamos volver a las protestas, estamos analizando y mañana (jueves) tendremos una asamblea con ATE, Fenat y CTA, pensando en qué medidas tomaremos a partir del lunes», dijo el representante.

Con respecto al avance de la mediación que se realiza por fuera del Poder Judicial, aclaró que se acordó elaborar un nuevo presupuesto (menor a los 100 millones planteados en un primer momento) de lo que se necesita para el traslado de la planta de trabajo, maquinarias, estructura y material.

«Lamentablemente, la gente se pregunta por qué la provincia de Río Negro tiene que pagar el traslado. Queremos explicar que si tienen que afrontar ese gasto es porque no cumplieron con la ley de expropiación que ellos mismos aprobaron», sostuvo.

Historia del proceso

La demanda de desalojo se presentó en 2014 y finalizó con un fallo de la Cámara Civil a favor de Mario Leonardo López. Esa sentencia quedó firme en 2020 y no fue cumplida voluntariamente. A raíz de esa situación, se inició el actual proceso sumarísimo de Ejecución de Sentencia para poder hacer cumplir el fallo original.

Luego, la parte actora solicitó el “inmediato desalojo”, alegando que “su parte ha procurado por distintas vías lograr una solución pacífica al conflicto, con participación de distintos organismos públicos” y “pese a los esfuerzos realizados no se ha logrado aún un acuerdo consensuado para la entrega del bien”. El 11 de noviembre del 2021 se dictó la Resolución que puso fecha límite (11 de febrero de 2022) para la entrega de las tierras. Allí se realizó, además, una cronología del expediente y de las múltiples instancias conciliatorias que se habilitaron. Entre las más relevantes se enumeraron:

-El 7 de mayo de 2019, la jueza Civil María del Carmen Villalba, en primera instancia, rechazó la demanda de desalojo promovida por López contra la Cooperativa. López apeló.

-El 9 de diciembre de 2019, la Cámara Civil de Roca hizo lugar a la apelación de López, revocó la sentencia de primera instancia y dio curso al desalojo.

Previendo “el impacto social” de la decisión, la Cámara abrió una instancia de diálogo. Ordenó que la Provincia y el Municipio participen para “establecer las modalidades en que se efectivizará el desalojo” y previó que “en caso de no arribarse a un acuerdo sobre las modalidades de la ejecución”, la jueza Villalba debía poner un plazo para concretar el desalojo. Esa sentencia quedó firme a mediados de 2020.

Una segunda instancia de diálogo se abrió el 16 de octubre de 2020 en una audiencia de la que participaron ambas partes, más representantes de los gobiernos municipal, provincial y nacional. Allí se pactaron 60 días más para dialogar, pero no se alcanzó ningún acuerdo.

-Vencido aquel plazo, se abrió una tercera instancia de diálogo a partir de junio de 2021, que tampoco tuvo éxito.

-En noviembre de 2021 se otorgaron los últimos 90 días para desalojar voluntariamente.

“Surge claro del derrotero procesal del presente desalojo que se han arbitrado todos los medios posibles para lograr una solución consensuada para evitar males mayores”, señaló la jueza en aquella resolución de noviembre. “Se ha procurado una solución pacifica y consensuada (…) todo hasta ahora con resultado negativo”, indicó.

“Las soluciones políticas que intentaron obtener los demandados no han dado resultado positivo; no hubo acuerdo con ninguno de los organismos de los tres poderes Ejecutivos, como mencionan, Provincial, Nacional o Municipal, ni tampoco un plan que pudieran cumplir o fijar un plazo para la solución del problema, ello pese a las concesiones dadas desde el Tribunal y la parte actora, pues a casi dos años, no han logrado un lugar a donde trasladar la sede laboral”, explicaba la resolución de noviembre.

La jueza finalizó aquella decisión recalcando que la parte demandada debe “asumir que el trámite de ejecución ha sido respetuoso con sus pretensiones, fundamentalmente la parte actora ha demostrado una tolerancia, temple y mansedumbre que ya ha sido agotada”.

Tras la última orden de desalojo emita por la Jueza María del Cármen Villalba, los obreros decidieron ocupar las instalaciones del aserradero con un fuerte respaldo de la CTA Autónoma. Durante el mes de mayo se extendieron las protestas que incluyeron cortes de ruta y piquetes en distintos sectores de la ciudad.

En medio de un callejón sin salida, el gobierno provincial decidió descomprimir la situación y gestionó -a través del Ministerio de Seguridad y Justicia- un cuarto intermedio que derivó en las mediaciones que se fueron desvaneciendo cuando se conoció que el acuerdo de traslado podría demandar una inversión de más de 100 millones de pesos.


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