Sólo dos sentencias formalizó el Tribunal de Cuentas en 2017

Sólo dos sentencias formalizó el Tribunal de Cuentas en 2017

El Tribunal de Cuentas -el máximo órgano de control administrativo- formalizó sólo dos sentencias de juicios de responsabilidad en lo que va del año mientras promovió 25 procesos, en su mayoría, empleados policiales por pérdidas de sus armas.

Las sentencias alcanzan a un ex funcionario radical (condena de pago) y a un comisionado de Fomento (multa) mientras los enjuiciamientos propuestos se concentran en policías por el extravío de sus pistolas o chalecos. Estos expedientes suman catorce. Otros cinco son tramites contra ex funcionarios, todos ellos, de gestiones anteriores.

Este organismo, liderado por un triunvirato, revisa gastos e ingresos del Estado, efectuando los controles, observa errores, realiza auditorías y promueve juicios a los funcionarios y agentes cuando sus acciones generan perjuicio al erario público.

El juicio de responsabilidad puede concluir con la exigencia estatal del pago del condenado. Un repaso del accionar del Tribunal de Cuentas, hasta setiembre, consigna sólo dos sentencias. La primera -fechada 14 de agosto- exige la restitución de 24.617 pesos del ex subsecretario de Cultura, Armando Gentili por cuestionamiento en la rendición de un anticipo de fondos en el 2009. La segunda -con fecha del 8 de setiembre- establece una multa al ex interventor de la Comisión de Fomento Cona Niyeu, Jorge de la Paz Santiago por cuestionamiento en el manejo de un aporte de 15.000 pesos en 2010.

Este órgano está presidido por Erika Acosta, integrado por Dolores Cardell y, desde junio, también, por Roberto Meschini.

Sus funciones son variadas, siempre con la prioridad del control de los ingresos y las erogaciones públicas. El artículo 163 de la Constitución Provincial prevé que debe fiscalizar “la legitimidad” de los movimientos “en función del presupuesto”, alcanzando a empresas públicas. Debe tomar “medidas necesarias para prevenir irregularidades, promueve juicio de cuentas y juicio de responsabilidad a funcionarios y empleados, aún después de cesar en sus cargos”, “por extralimitación o cumplimiento irregular”.

El aflojamiento del Tribunal es evidente. Su fuerte accionar se advirtió en 2012 y 2013 cuando el organismo -bajo la presidencia de Juan Huentelaf- se ocupó de los gastos reservados que cobraban los legisladores. Esa ofensiva impactó en el pleno de la dirigencia, opositora u oficial, llegando al mismo gobernador Alberto Weretilneck. La contraofensiva conjunta no se hizo esperar y apareció un pedido de juicio político para Huentelaf y Acosta, que estuvo activo lo suficientemente necesario para neutralizar los ánimos en el Tribunal. Para marzo de 2015 todo se habia archivado. Tampoco la Justicia aportó en la causa penal originada por los miembros del órgano de control. Todo apaciguado, a fines de 2016, se fue Huentelaf.

Abandonada aquellos grandes desafíos, las revisiones se acotaron a cuestiones formales y casi no existen expedientes de irregularidades contra la actual gestión provincial. Los trámites donde se involucran a ex funcionarios, todavía pertenecen a la gestión del radicalismo.

Este año, figura aquella condena a Gentile y, también, las liquidaciones de Guillermo Campbell (Altec), y de Marcela Rossio (y otros funcionarios de Familia), los pedidos de juicio para Ricardo Velez (Agencia de Deportes) y “medidas precautorias a la justicia por bienes” de Alberto Carosio (fiscal de Estado).

Juicios de responsabilidad contra policías

La promoción de juicios de responsabilidad por aparente perjuicio económico al Estado provincial se concentra en policías, docentes y un empleado de Salud.

La mayoría son uniformados, desde agente hasta oficial principal, pasando por cabos y sargentos, generalmente por el extravío de armas o, también, del chaleco. Las sumas exigidas son de 8.000 a 20.000 pesos.

Hay varias resoluciones declarando rebeldías, de un oficial subinspector, un empleado de Salud (irregularidades en el Hospital de Ramos Mexía) y una docente (robo de una notebook). También aparece la directora de una escuela por una denuncia de robo, de unos 3.000 pesos.

Ex funcionarios con liquidaciones de pagos

La liquidación del pago del ex interventor de Altec, Guillermo Campbell figura en la lista de los 25 “resoluciones interlocutorias” de juicios de responsabilidades, incluyendo mayormente trámites de promoción de enjuiciamiento.

Ya formalizada la sentencia el año pasado, el Tribunal liquida ahora para exigirle a Campbell que pague por el perjuicio económico ocasionado al erario público. La investigación se inició hace 12 años, es decir, en 2005. La irregularidad consistió en la utilización de “facturas apócrifas” en 2002 y 2003 para la evasión impositiva, que detectó el AFIP con su exigencia, lo cual, originó un millonario perjuicio al Estado provincial por multas y punitarios.

En este último trámite, el órgano de control “determina la deuda actual” que Campbell tiene “con el Estado Provincial” llega a los 327.238,40 pesos, considerando el monto de sentencia de 270.917,38 y 56.321,02 de los intereses. Se transmite la liquidación a la Fiscalía de Estado para que “procesa al cobro del cargo adeudado por vía judicial”.

En los trámites, figuran otros ex funcionarios, como el ex titular de la Agencia de Cultura, Armando Gentile (liquidación a pagar de 20.239 pesos por irregularidades en una compra); su par de Deportes, Ricardo Vélez (exigen la devolución de 25.301 por cuestionamiento de cancelaciones para una panadería) y a ex funcionarios de Familia para restituir unos 50.000 pesos, entre tres, entre ellos, la ex subsecretaria Marcela Rossio.