“Soplan nuevos vientos en la Justicia”

Soplan nuevos vientos en la Justicia rionegrina y ojalá traigan una luz de esperanza a la ciudadanía, especialmente a aquellos que fueron víctimas de delitos no resueltos y/o fallos arbitrarios, producto de la obsecuencia sin límites al poder político del gobierno radical. Cientos de homicidios impunes, personas privadas de su libertad por años siendo inocentes, causas por homicidios archivadas al año de cometido, con la única justificación de los jueces: “Se trató de un error”, privando de justicia a víctimas y familiares, sin que ningún magistrado pague las consecuencias. Podría detallar varios “logros” más de este Poder Judicial, que por razones de espacio no hago, pero me permito citar sólo dos casos de obediencia al poder político. Durante el gobierno de Massaccesi (1992), siendo subcomisario de la Policía provincial, fui cesanteado por denunciar al jefe de Policía y varios integrantes de la plana mayor por distintos ilícitos; no se investigó a nadie, tampoco los acusados me querellaron como establece el artículo 56 de la Constitución provincial, expulsándome de la institución argumentando falaces faltas administrativas, sin derecho a defensa en un sumario viciado de nulidad. Inicié el reclamo ante la Justicia, el que después de un par de años llegó al Superior Tribunal. El Dr. Balladini y otro juez, en un fallo vergonzoso, sin sustento jurídico lo rechazaron alegando prácticamente “que el STJ no puede inmiscuirse en las decisiones de la Jefatura de Policía”. En el 2005 el gobernador Saiz, al igual que sus antecesores Massaccesi y Verani, permitieron que policías condenados por torturas y vejámenes continuaran trabajando. Ante la trascendencia pública de estos hechos el STJ en un fallo inédito, con la firma de Sodero Nievas y Balladini, en la sentencia 59/05, resolvió que cuatro policías condenados por apremios ilegales, con prisión e inhabilitación para cumplir tareas policiales, continuaran trabajando. Esto lo hicieron después que se les iniciara una causa por quebrantamiento de inhabilitación; sucede que en los hechos muchos uniformados condenados continuaron desempeñando tareas de seguridad, sólo los trasladaron de una unidad a otra (algún jefe condenado continuó como tal y hasta firmando expedientes, muchos con destino a los juzgados), y siguieron percibiendo sueldos del escalafón de seguridad, que es mayor que el de maestranza, contradiciendo como mínimo la Ley Orgánica de la Policía. Conclusión: para Balladini, ahora profesor de la cátedra de Derechos Humanos en la UNC, era menos peligroso tener policías delincuentes y golpeadores que yo, que sin cometer delito alguno ni ser nunca investigado, fui expulsado con falsos artilugios administrativos. Aún espero justicia. Félix Raúl Paillalef DNI 10.994.884 Regina

Felix Raúl Paillalef DNI 10.994.884 Regina