Sugieren al STJ ratificar fallo contra el IPPV

El Procurador del Poder Judicial, Jorge Crespo, recomendó al Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro que rechace el recurso de apelación que los abogados de la Fiscalía de Estado de la provincia promovieron contra un fallo que admitió un amparo e intimó al IPPV para otorgar –en un plazo de 20 días– una solución habitacional a un hombre, a cargo de su hija con discapacidad.

La sentencia impugnada la dictó el juez civil de Bariloche, Mariano Castro.

Crespo recordó en su dictamen, al que tuvo acceso este diario, que el hombre presentó un amparo contra el IPPV para peticionar que le sea adjudicada una vivienda.

Argumentó que está anotado desde 2017 en el IPPV sin respuesta alguna. Planteó que tiene a su cargo a su hija, de 9 años, que tiene una discapacidad congénita y por su estado de salud requiere de una vivienda adecuada.

El amparista explicó que vivían en una casa prestada, que carece de servicio de calefacción, agua corriente y sanitarios, con el riesgo que representa para la niña. Y presentó pruebas.

Desde el IPPV respondieron la demanda. Sostuvieron que la solicitud de inscripción en el registro de demanda permanente que el hombre había presentado es auténtica. Explicaron que hoy no cuentan con planes de viviendas nuevos. Dijeron que los únicos en obra son los que el organismo provincial continuó del municipio y cuyas viviendas ya habían sido adjudicadas.

Castro admitió el amparo y ordenó al IPPV a otorgar una solución habitacional. Citó normas constitucionales que garantiza el derecho a una vivienda digna para las personas con discapacidad. Y mencionó jurisprudencia del STJ.

También, el informe del Servicio Social del Poder Judicial que constató un verdadero estado de vulnerabilidad social, con ingresos insuficientes y una situación habitacional inestable que requiere una solución con carácter urgente.

Los apoderados de la Fiscalía de Estado plantearon en la apelación que el Poder Judicial no puede inmiscuirse en la órbita de la administración ni suplir sus facultades para evaluar las condiciones de adjudicación o no de una vivienda.

El defensor general Ariel Alice sostuvo que se trata de un caso de suma gravedad.

Crespo dijo en su resolución, que dictó días atrás, que de la sentencia surge que Castro evaluó la necesidad habitacional, considerando la condición de la niña con discapacidad y la situación económica afrontada por su padre.

“Se trata de una situación de vulnerabilidad social donde la vivienda que actualmente ocupan afecta la calidad de vida, no reúne las condiciones mínimas de habitabilidad…”, concluyó Crespo.