Suma adhesiones la propuesta de Vitale como defensor
NEUQUÉN (AN)- El director del Ilanud, Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, Elías Carranza, se sumó a quienes apoyan la postulación de Gustavo Vitale para el cargo de defensor ante el Tribunal Superior de Justicia. Carranza envió una carta personal al gobernador Jorge Sapag, quien debe definir quién será el candidato a cubrir la vacante en la defensoría del TSJ. La nota de Carranza, que entró por mesa de entradas de la Gobernación, señala que “por la naturaleza del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, hemos tenido oportunidad de conocer a Vitale, apreciando su conocimiento de la materia penal, su notable trayectoria académica y profesional, y sus condiciones de vocación e integridad moral”. La candidatura de Vitale, actual defensor de Cámara, fue propuesta por un grupo de organizaciones como el Inecip, la Asociación Pensamiento Penal, la APDH y el decano de la facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Comahue. Rápidamente cosechó otras adhesiones, como las de Adriana Nanni, Jueza Cámara de Apelación y Garantías en lo penal de Trenque Lauquen; Carlos Julio Lascano, profesor de Derecho Penal I y presidente del Tribunal Oral Federal en lo Criminal número Dos de Córdoba; Francisco Ferrón, fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre otros magistrados y académicos de varias partes del país. Vitale es además, defensor público interamericano, representante de Argentina para actuar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). También se desempeña como profesor de derecho penal en la UNC, y profesor de posgrado en las universidades nacionales de Buenos Aires, Mar del Plata, Rosario, La Pampa, Del Sur y Del Comahue El cargo de defensor ante el Tribunal Superior está vacante y el gobernador Sapag debe postular a un candidato al cargo. Por la vigencia del decreto llamado de autolimitación, la personalidad propuesta debe someterse a un período de impugnaciones y adhesiones que analizará una comisión especial. Luego su pliego irá a la Legislatura, donde necesita dos tercios de los votos para ser aprobado.
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