“Sus defendidos saben dónde están y qué pasó”, les dijo el fiscal a las defensoras

Se refería a los desaparecidos. Fue durante las réplicas del bloque acusador a los alegatos de las defensas de los 15 acusados por torturas, violaciones y desapariciones forzadas durante la dictadura

El fiscal José Nebbia cuestionó ayer el alegato ideológico de la defensa pública en la audiencia de réplicas en la que recordó que “son tan graves los hechos que estamos juzgando aquí, que ni el derecho internacional incluyó la cosa juzgada para los delitos de lesa humanidad”. La fiscalía rechazó todas las nulidades planteadas por las defensas de los 15 imputados, entre otros la cosa juzgada, obediencia debida, imprescriptibilidad, incongruencias e inconstitucionalidad.


También dio argumentos técnicos a los jueces para rechazar la nulidad que las defensoras plantearon a su pedido de condenas perpetuas para 10 de los acusados.


“Hubo muchas manifestaciones de claro contenido ideológico revestidas de tecnicismo, con un discurso más refinado”, dijo el fiscal José Nebbia.


Le dijo a los jueces que de todos los argumentos de nulidad, el único que no iba a contrarrestar “porque sería un retroceso en la discusión” fue el que introdujeron las defensas sobre el destino final de los desaparecidos.


“No vamos a contestar principios ideológicos que se aparten de entender el fenómeno criminal del Estado terrorista”, dijo Nebbia en tanto insistió que “sabemos cuándo, qué fuerza los secuestró, bajo qué custodia estaban cuando se supo de ellos la última vez, qué hacían y qué no hacían; pero en qué momento, cómo y quién lo hizo, esa información la tienen los imputados y no nosotros”.


Dónde están y qué pasó, eso lo saben sus defendidos”, replicó el fiscal a las defensoras.


Desde el Ceprodh, la abogada Mariana Derni insistió ante los jueces que debían condenar por genocidio porque la normativa en Argentina lo permitía.


Replicaron que la coherencia alegada por las defensoras en las indagatorias de los imputados no fue una muestra de inocencia, sino de “el plan de impunidad del plan genocida”, en tanto la abogada recriminó a las defensoras que le achacaran a los testigos víctimas, las condiciones de salud para ir a declarar ante el tribunal y abundar en la prueba.


“Podemos reclamar que no se abren los archivos de la represión” para obtener prueba, cuestionó Derni.

El Ceprodh rechazó que el pedido de perpetua para los acusados fuera una “pretendida pena de muerte encubierta”, cuando los acusados evadieron la justicia durante 45 años.

Desde la APDH se agregó argumento a los planteos de la fiscalía y se insistió, entre otros, en que la sistematicidad del plan criminal no se evaluaba según la cantidad de casos de violación o de tortura, sino en la “práctica sistemática” del plan criminal organizado.


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