Suspenden 20 días el juicio por torturas en la U11

Para la querella, fue una chicana para dilatar.



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Inaudi dijo que había informado sobre su designación durante la feria judicial que terminó el viernes pasado.

Neuquén

Leonardo Petricio

NEUQUÉN (AN).- “No estoy en condiciones de ejercer la defensa”, aseguró el abogado y exdiputado provincial por el radicalismo, Marcelo Inaudi, quien asiste a dos de los cinco policías acusados por torturas cometidas en la Unidad 11 en 2009. Ayer, antes de que se formalizara la apertura del juicio, dijo que no había tenido “acceso a las actuaciones”. Un planteo similar realizó su colega Gustavo Lucero. El tribunal suspendió la audiencia que se reprogramó para agosto. La querella sostuvo que se utilizó “una argumentación constitucional para configurar una dilación innecesaria del proceso.” Los acusados de haber provocado tormentos a tres internos, entre ellos Cristian Ibazeta asesinado en la cárcel en mayo de 2012, son: Martín Castillo, Gastón Rosas, Sergio Catalán, Gustavo González y Mirko Bernardelli. Inaudi asumió la defensa de Castillo y Rosas, luego de que la abogada que los asistía, Estefanía Sauli, ingresara como empleada del Poder Judicial provincial, el mes pasado. Afirmó que había presentado un escrito pidiendo la suspensión del debate durante la feria judicial. Solicitó que se garantice “el derecho de defensa que está tutelado constitucionalmente.” A González y Bernardelli los iba a asistir la defensa pública. Sin embargo ayer compareció el abogado Gustavo Lucero y planteó que él ejercería el cargo y que no había podido formalizar la aceptación previamente. “Las posibilidades de postergación de la audiencia están dirigidas a garantizar el derecho de defensa, no a garantizar estrategias o chicanas procesales”, manifestó el abogado querellante y representante de Zainuco, Federico Egea. “No existe el desconocimiento alegado”, agregó. Insistió en que el legajo estaba disponible en la Oficina Judicial. Remarcó que el control de la acusación se realizó en febrero pasado y el juicio recién se fijó en julio, por lo que se venció el plazo máximo de dos meses que prevé el código procesal. “Este es un hecho que transcurrió en 2009 y aquí estamos seis años después, si fuéramos tan belicosos y patoteros, otro gallo habría cantado”, planteó. Los jueces Martín Marcovesky, Cristian Piana y Héctor Dedominichi resolvieron de forma unánime la suspensión de la audiencia. Sostuvieron que: “llegar a esta instancia y tomar conocimiento de esta situación es ciertamente una cuestión indeseable que esperamos que no vuelva a suceder”. El juicio se reprogramó para el 11, 12 y 13 de agosto.


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