Suspenden el desalojo de la comunidad mapuche en Villa La Angostura

El abogado de la parte denunciada informó que el proceso "quedó paralizado por un conflicto de competencia" de la jueza.

Desde mediados de diciembre pesa un pedido de desalojo contra la comunidad Quintriqueo y la familia Melo, de tierras ubicadas frente al lago Nahuel Huapi, a 35 kilómetros de Villa La Angostura. A fines de la semana pasada, el proceso quedó suspendido por un problema de jurisdicción. «La jueza provincial no tiene ninguna facultad. El conflicto quedó trabado por una cuestión de competencia», remarcó Virgilio Sánchez, abogado de la comunidad mapuche.

Explicó que por ello, pedirán la «nulidad de todo lo actuado». «Estaba mal desde un principio», enfatizó el letrado, quien señaló que desde el comienzo el proceso estuvo «viciado», con una actuación irregular del juzgado, que ocultó la jurisdicción y no le intervención a Parques Nacionales.

«Hoy presente un escrito, primero recusando con causa a la jueza, por su falta de objetividad. También estoy planteando su incompetencia, porque al tomar conocimiento de que se trataba de un terreno de Pparque Nacionales, ella debió declinar su competencia, ya que el artículo 501, inciso dos establece que es jurisdicción del Estado Nacional y de la Justicia Federal», explicó Sánchez.

Y añadió: «a tenor de esta circunstancia, pedí la nulidad de todo lo actuado, por se cosa juzgada irrita. Ello quiere decir que un juzgado provincial nunca debió abocarse a esta causa que le pertenecía al juzgado federal».

El letrado señaló que el problema respecto a la competencia surgió cuando la magistrada «manda a ejecutar la medida y se ve frustrada». La Policía del Neuquén se negó a concretar el desalojo ordenado por la jueza subrogante Andrea Di Prinzio Valsagna, ya que la orden regía en territorios del Parque Nacional Nahuel Huapi.

Sin embargo, la magistrada no se declaró incompetente sino que dispuso que la medida sea ejecutada por Gendarmería. «Consideramos que la jueza provincial no tiene facultades para hacer eso. No puede llevarle a un juez federal una orden para que ejecute el desalojo», remarcó y que sentenció: «El juez federal no es un mandadero de la jueza provincial, como si éste fuese un organismo obligado a cumplir. No funciona así».

«Cuando tomó conocimiento, debió plantearse incompetente y derivar a la justicia federal, pero pretende continuar ella y usar el juzgado federal como una herramienta», explicó Sánchez.

En el escrito que presentó el letrado hoy en la Justicia no sólo declara incompetente a la magistrada Di Prinzio Valsagna, sino que la recusa con causa por su falta de objetividad. «Ignoramos bajo qué intereses se mueve la jueza, pero observamos que coincide con los intereses de la parte actora, en desmedro de la comunidad mapuche», enfatizó.

El abogado sostuvo que la magistrada no es imparcial, ya que «despliega esta actividad de manera oficiosa, en un juicio civil, donde la parte interesada debe empujar la causa». Indicó que el caso estuvo paralizado por el propio desinterés de la parte demandante.

«Acá no estamos hablando de causa peal. Si ellos no se presentaron y no solicitaron la intervención del juzgado federal, la jueza no tiene que hacer nada, más que esperar a que las partes lo pidan», explicó Sánches. Agregó que la magistrada debió archivar la causa al año de que nadie se haya presentado, pues la sentencia del proceso sumarísimo se resolvió en 2016, sin que la familia Broers volviera a insistir con el tema.

Respecto a la orden de desalojo, el letrado señaló que queda suspendida hasta tanto se resuelva la competencia de la causa. «La gendarmería no va a hacer nada. Quedó paralizado el desalojo. No creo que vaya a suceder, por el lineamiento de la jueza federal de Zapala. Es una jueza seria que no hace cosas descabelladas como Di Prinizio», recalcó.


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