También el obispo Melani rechazó el intento de cambiar la ley

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NEUQUEN (AN).- Primero fueron los jueces, defensores y la fiscal de menores. Luego el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, la Pastoral Social y la red Dar Efectividad a los Derechos del Niño. Siguieron las asociaciones de magistrados y distintos colegios profesionales. Continuaron los profesores universitarios y varios sindicatos. Ayer, también el obispo de la provincia Marcelo Melani, se sumó a quienes rechazaron el endurecimiento de la ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (2302) que impulsa el ministro de Seguridad, Luis Manganaro.

«Esta es una medida represiva», afirmó Melani respecto de la modificación propuesta. Añadió que «no es oportuna», manifestó sus «dudas» respecto a la incidencia que tendrá en la disminución de los índices delictivos y deslizó que el gobierno no tendría que tenerle «miedo» al diálogo.

Así, Manganaro cosechó un nuevo rechazo hacia el proyecto que anunció días atrás para endurecer la ley 2302. Hasta ahora, la oposición a su iniciativa fue unánime de parte de distintos sectores de la sociedad y si bien algunos funcionarios del gobierno provincial la respaldaron, también hubo miembros del MPN que la cuestionaron.

Entre los escasos respaldos también se cuenta el del fiscal Santiago Terán, quien ayer entró en escena con un discurso aún más duro que el de Manganaro.

«Los cambios en una ley son oportunos cuando se puede observar que después de implementarla ésta no sirvió», manifestó el obispo Melani. «Pero en este caso la

norma no se aplicó en su totalidad sino en forma parcial. Habría que aplicarla de verdad para luego evaluar los resultados. Y esta es una responsabilidad del poder Ejecutivo pero que hasta ahora no cumplió», explicó.

En paralelo puso en duda el impacto que tendrá el proyecto sobre la baja de los índices delictivos de esta provincia. Si bien Manganaro, cuando anunció las reformas, no se atrevió a vaticinar resultados, enfatizó la necesidad de «hacer algo» sobre la problemática y anunció dos ejes: la prisión preventiva para los menores y modificaciones a las atribuciones de la Defensoría de los Derechos del Niño y el Adolescente que conduce Nara Osés.

Sobre el primero de los puntos, el prelado afirmó no estar seguro de que «el encierro sirva para bajar la cantidad de hechos delictivos. Habría que preguntarle al gobierno si cree que con más prisión va a contribuir a la recuperación de los chicos y a resolver la inseguridad».

En este sentido, dijo que «la inseguridad, que es un tema preocupante, no se puede superar sin pensar en mecanismos de ayuda para prevenir los delitos y para mostrarle un nuevo camino a aquellos que ya los cometieron». Y señaló que a instancias de esto último, «el eje del debate sobre la reforma debería girar en torno a los jóvenes, las problemáticas que padecen y las posibles formas de ayuda hacia ellos».

Recordó que la ley 2302 establece distintos programas de ayuda para los jóvenes en conflicto con la justicia, los cuales deberían ponerse en marcha según lo establecido por la norma, y sostuvo que los cambios propuestos por el ministro son represivos. «Esta es un medida represiva porque la prisión en sí mismo lo es. Y se está aplicando a alguien que no está condenado ni juzgado».

El obispo también dejó entrever su rechazo a la decisión adoptada por Manganaro de faltar al debate sobre este tema que se realizó el martes en el aula magna de la UNC, del cual participaron distintos organismos y profesionales, y que organizó Universidad.

«Un gobierno que convocó a tantas mesas de diálogo no debería tener miedo de discutir este tema, sobre todo cuando las modificaciones a la ley fueron propuestas por el Poder Ejecutivo. Esta es la mejor herramienta para encontrar un camino para la solución dentro de la democracia», señaló Melani.

La ofensiva de Manganaro contra la ley comenzó a mediados del mes pasado. El ministro, en esa oportunidad, indicó que era necesario hacer «algo» con los menores que cometían delitos y sugirió «aislarlos de la comunidad» por considerarlos una «ruleta rusa» para el resto de la sociedad.

Por este motivo, propuso la prisión preventiva y la transformación en un ente autárquico de la defensoría. Estas medidas generaron fuertes críticas desde distintos sectores. Incluso, como el gobernador respaldó la iniciativa firmando el decreto 1264 para poner a disposición de la defensoría 500 mil pesos, Osés manifestó que

pedirá la inconstitucionalidad de la norma por involucrarse en el ámbito judicial, una facultad que le es ajena al gobernador.

«Trato de ser solidario», se justificó Sobisch

NEUQUEN (AN).- El gobernador Jorge Sobisch definió como un acto de «solidaridad» el envío de 500.000 pesos a la Defensoría de los Derechos del Niño y el Adolescente estipulados en el decreto 1.264, que de tener vigencia le otorgaría a este organismo del Poder Judicial facultades que le corresponden al Ejecutivo.

«Yo trato de ser solidario. Si veo que algunos sectores pueden no tener fondos, porque por lo general cuando se habla de estos temas se habla de más presupuesto, los pongo a disposición», dijo Sobisch, a la salida de un acto en la Casa de Gobierno, al ser consultado sobre la reforma de la ley 2302.

Añadió que «entre los poderes del Estado no viene mal, en un problema tan serio como este, poner a disposición fondos por si se necesitan por una cuestión coyuntural».

El gobernador equiparó el debate al de los problemas que a diario coteja en conjunto con intendentes de toda la provincia. Dijo: «lo he hecho solidariamente con los intendentes ante una emergencia, ¿Qué voy a hacer en este tipo de situaciones (por lo de la reforma de la ley 2302), esperar que me llamen?».

Añadió que «hay que estar un paso adelante de los problemas, es necesario que el gobernador se ocupe de este tipo de cosas. Los fondos están para eso», dijo.

Nota asociada: Terán está de acuerdo con aplicar mano dura  

Nota asociada: Terán está de acuerdo con aplicar mano dura