Telefónica deberá pagar 200 mil pesos a municipio de Fernández Oro

La empresa Telefónica Móviles Argentina S.A. deberá pagar al municipio de Fernández Oro la suma de $ 200.000 por haber tenido en funcionamiento una antena que no contaba con la habilitación municipal definitiva, según expresó el poder judicial mediante un fallo.

La sentencia fue dictada en mayo del 2014 por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de la Cuarta Circunscripción Judicial. El aspecto mas cuestionado por el Juzgado de Faltas municipal fue la presentación, por parte de la empresa, de un estudio de impacto ambiental actualizado, tal como lo establece la secretaria de Medio Ambiente de la provincia de Río Negro. Ante este hecho, la empresa inició ante la Cámara de Apelaciones las acciones procesales en contra del municipio de Oro. El intendente se amparó en la resolución N° 134-E/2014 para rechazar la misma y confirmar la multa.

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Asimismo, el abogado de la comuna orense contestó que la Ley 3266 establece que cada municipio determinará las actividades y obras susceptibles de producir alguna alteración ambiental. Es por ello que, en el caso de instalación de torres o antenas, corresponde solicitar un estudio previo de impacto ambiental. Esto fue también afirmado por la jueza María Alicia Favot, quien invocó la Ordenanza 245-CDM/08 de la municipalidad Fernández Oro, que establece a las empresas de telefonía y otros servicios, que en caso de querer instalar nuevas antenas o estructuras para las mismas, deberán cumplir con la presentación de un estudio de impacto ambiental.

Ante esto, la jueza concluyó en que, “considerando la razonabilidad o irracionabilidad de la multa que se le impusiera a la empresa de telefonía” la postura del Juzgado de Faltas orense “no resulta ser arbitrario ni desmesurado teniendo en cuenta las veces que se le intimó a la empresa a regularizar la situación”. Finalmente quedó firme la sentencia mediante la cual, Telefónica deberá abonar la multa de $200.000 al municipio de Fernández Oro. La misma lleva la firma de la jueza Favot y de los camaristas Marcelo Gutiérrez y Luis Méndez.