Todos bajo presión

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Claramente enojados por los esfuerzos del gobierno para forzarlos a declarar inconstitucionales cuanto antes las llamadas leyes de perdón destinadas a permitir que el país superara las secuelas de la “guerra sucia”, los jueces de la Corte Suprema optaron por difundir un comunicado en el que afirmaban que no se dejarían presionar ni por el Poder Ejecutivo ni por el Legislativo. Por supuesto que los magistrados saben muy bien que tales “presiones” son normales y, dentro de ciertos límites, legítimas, pero también comprenden que no les convendría ni a ellos ni al país que brindaran la impresión de estar dispuestos a acatar sin chistar las órdenes del presidente Néstor Kirchner, del ministro del Interior, Aníbal Fernández, y del ministro de Justicia, Gustavo Beliz, funcionarios cuyo estilo de hablar suele ser un tanto prepotente. Además, gracias en buena medida al gobierno, la Corte podrá seguir demorando una decisión definitiva so pretexto de que por tratarse de un tema de tanta importancia le es necesario esperar a que haya terminado de reconformarse con la incorporación del sucesor de Julio Nazareno y, de prosperar en las semanas próximas la ofensiva contra  Eduardo Moliné O’Connor, de su reemplazante también.

Mientras tanto, los legisladores, los que tampoco parecen dispuestos a permitirse intimidar por el gobierno, se encuentran divididos acerca de la conveniencia de dejar sin efecto normas que en su momento fueron sancionadas por el Congreso.  Aunque parecería que la mayoría de los diputados está en favor de anular dichas normas, los senadores, que por lo común son más conservadores que los diputados, se inclinan por reivindicarlas. Sin embargo, tanto los ministros de la Corte Suprema como el gobierno y el grueso de los legisladores se oponen a que se celebre en España el eventual reprocesamiento de los militares acusados de crímenes de lesa humanidad, por entender que sería una forma de confesar al mundo que la Argentina es incapaz de solucionar sus propios problemas. Asimismo se ha informado que, a juicio del vicepresidente Daniel Scioli, la eventual anulación de leyes debidamente aprobadas por el Congreso sería una nueva manifestación de inseguridad jurídica atribuible a la veleidad de jueces y legisladores incapaces de resistirse a los vientos políticos y mediáticos de turno.

Dicho de otro modo, al elegir por motivos personales, políticos o éticos reabrir un asunto que los más habían supuesto casi cerrado, el gobierno se las ha arreglado para crear un embrollo jurídico sumamente complicado que afecta de diversas maneras a sus relaciones ya tensas con la Corte Suprema, con las Fuerzas Armadas, con grupos políticos significantes, con España y, a raíz del caso del represor emblemático Alfredo Astiz, con Francia. Aunque la actitud del gobierno le ha merecido el aplauso de muchos que lo felicitaron por su “coraje”, la preocupación por la justicia en el sentido lato de la palabra no significa que tiene derecho a pisotear leyes que, por perversas que las suponga, conservan su validez y, anuladas o no, continuarán incidiendo en el destino de los militares acusados. Bien que mal, al gobierno no le será dado solucionar con la nitidez deseada todos los problemas que se han producido. Por ejemplo, si bien la mayoría repudia los indultos que, ante la sorpresa de muchos, fueron firmados por el entonces presidente Carlos Menem, éste hacía uso de una prerrogativa constitucional que no se puede desconocer sin caer en la arbitrariedad más absoluta.

Así las cosas, podrían estar en lo cierto aquellos que prevén que lo que en buena lógica debería ser el capítulo final del intento de encuadrar los crímenes “políticos” perpetrados en los años setenta y ochenta del siglo pasado, resultará ser muy pero muy largo sin que haya garantía alguna de que sea el último. En todos los países, salvo los regidos por dictadores, la ley suele avanzar a un ritmo muy lento. La Argentina no constituye una excepción. Puesto que son extraordinariamente complicados los temas que han sido planteados por la voluntad oficial de ver juzgados a los represores militares a pesar de todas las medidas que fueron tomadas con el propósito de eliminar dicha posibilidad, no extrañaría que el drama que desató siguiera provocando enfrentamientos durante décadas más.