Todos bajo vigilancia

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Gracias al progreso tecnológico que se ha registrado en los años últimos y que, desde luego, no muestra ningún indicio de estar por frenarse, ya hay centenares, tal vez miles, de empresas que poseen bancos de datos que contienen información valiosa sobre los recursos económicos, gustos, preferencias religiosas o ideológicas y redes de amigos de una cantidad impresionante de personas. Por lo común, la usan con motivos comerciales, aunque a veces algunas empresas venden datos supuestamente íntimos a políticos en campaña. Asimismo, con cierta frecuencia hackers logran apoderarse de información considerada sensible para entonces difundirla por la internet, burlándose de este modo de los gobiernos y servicios de inteligencia hasta de potencias tecnológicas como Estados Unidos. Se ha creado, pues, una situación en que defender el derecho a la intimidad de las personas está resultando cada vez más difícil. Si bien en todos los países democráticos existe legislación destinada a impedir que la información que se ha acumulado caiga en manos de organismos politizados que podrían aprovecharla para perseguir a quienes en su opinión plantean un peligro al orden establecido, es tan fácil burlar las leyes en tal sentido que ya son rutinarias las denuncias de espionaje que se formulan en distintas partes de Europa, en Estados Unidos y, desde luego, aquí en la Argentina, donde acaba de reconocer el comandante general de la Gendarmería Nacional, Héctor Schenone, que su fuerza sí cuenta con una base de datos en que está almacenada información sobre las comunicaciones telefónicas, movimientos, medios de transporte y recursos financieros de individuos que suelen participar en protestas “sociales”, todo en el marco del programa informático que se llama Proyecto X. Aunque Schenone insiste en que las actividades de sus subordinados se llevan a cabo con el conocimiento inmediato de la Justicia, los investigados –los que, como suele ser el caso, son en su mayoría ultraizquierdistas, piqueteros e integrantes de agrupaciones que se dicen comprometidas con la defensa de los derechos humanos– no han vacilado en acusar a la Gendarmería de violar la ley de Inteligencia Nacional que las prohíbe, por tratarse de una fuerza de seguridad que no está autorizada a desempeñar tareas propias de los organismos de inteligencia legales. Tal postura es compartida por buena parte del arco opositor, que está pidiendo que sea interpelada la ministra de Seguridad Nilda Garré, una funcionaria que se ha habituado a ordenar a los gendarmes que intervengan en situaciones que, según parece, cree que son demasiado complicadas como para que las manejen las unidades policiales. Lo mismo que voceros de gobiernos en otras latitudes que se han encontrado en una situación parecida, Garré se afirma resuelta a asegurar que no se produzcan abusos, jura que no se le ocurriría espiar a ciudadanos por motivos políticos y da a entender que le parecería absurdo acusar de “perseguir a manifestantes y luchadores sociales” a personas tan solidarias y progresistas como los kirchneristas. Huelga decir que sus palabras sólo convencieron a los incondicionales del oficialismo. Últimamente, el gobierno de la presidenta Cristina se ha mostrado tan propenso como sus antecesores a “criminalizar la protesta” si por algún motivo la cree injustificada, como en los casos de los ambientalistas que son contrarios a la minería a cielo abierto y de aquellos “ex combatientes” de Malvinas que, a pesar de no haber salido del territorio continental, quieren ser tratados en pie de igualdad con quienes lucharon en las islas. De todos modos, por ser tan fácil hoy en día acceder a datos sobre la “adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales o sindicales” de las personas, aun cuando la Gendarmería, la Policía Federal y otros organismos similares se abstuvieran de hacerlo directamente, les resultaría relativamente sencillo aprovechar la información recopilada por entidades que sí tienen la autorización correspondiente. Sería bueno que hubiera reglas claras en este ámbito tan cambiadizo, pero puesto que la informática está evolucionando con tanta rapidez, las leyes que se aprueban con el fin de prohibir el espionaje político sólo servirían si quienes están en el poder dejaran de interesarse por las actividades de sus adversarios y, claro está, de sus amigos también.