Traspasarían el programa de testigos protegidos a la órbita de la Justicia

El decreto de Macri ya estaría redactado y a la firma. Hoy dependen del gobierno. Pasarían a la órbita de Casación Penal.

Redacción

Por Redacción

La administración Macri evalúa traspasar el programa de testigos protegidos al ámbito de la Justicia. Actualmente está bajo la órbita del propio gobierno.

Así lo dio a conocer el diario La Nación, confirmando trascendidos que circulaban desde hace una semana. Señaló que el presidente firmaría un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para transferir el sistema que depende del Ministerio de Justicia del Ejecutivo, al Poder Judicial (Cámara de Casación Penal). El programa comprende actualmente a 225 testigos y 97 familiares. Muchos de ellos pidieron ingresar por causas de narcotráfico, secuestros extorsivos y trata de personas.

Pero hay otros que presentan la condición de testigos protegidos tras aportar datos clave de causas de corrupción que se investigan de la pasada gestión kirchnerista.

Tras el resultado de las PASO y la confirmación de la victoria de la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner, se intensificaron los intentos para reubicar el programa.

El chofer Oscar Centeno también ostenta la condición de testigo protegido, tras ampliar información descripta en sus famosos cuadernos.

Algunos casos


Como se recordará, revelaciones de testigos (como Leonardo Fariña) protegidos fueron clave en el caso de corrupción atribuido a Lázaro Báez.

También el excontador de la familia Kirchner Víctor Manzanares (quien ya abandonó el sistema) y José López, aportaron datos sobre negocios de la ex familia presidencial.

En tanto, los dichos de los testigos protegidos Alejandro Vandenbroele y Laura Muñoz fueron determinantes en el expediente que le valió la condena al ex vicepresidente Amado Boudou en la causa Ciccone.

El chofer Oscar Centeno también ostenta esa condición tras ampliar información descripta en sus famosos cuadernos, donde documentó con detalles precisos el derrotero de coimas de los empresarios por obras públicas o contratos y la llegada de ese dinero a manos de funcionarios, incluso al departamento de Cristina Kirchner en Recoleta.

Asimismo, Jorge Cifuentes -hermano del empresario regional y ex presidente de OPS Mario Cifuentes, tiene protección policial tras denuncias por amenazas.

Según adelantó La Nación, el DNU ya fue redactado y espera la firma de Mauricio Macri para entrar en vigor.


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