UE rescata a España bajo duras condiciones
Comenzará con un primer tramo de 30.000 millones de euros este mes. El programa de saneamiento durará 18 meses. En ese lapso las autoridades deberán aportar datos para supervisar el sector bancario. Cualquier entidad beneficiaria deberá someterse a inspecciones.
La Unión Europea puso 32 condiciones a España para rescatar su sector bancario, según el Memorando de Entendimiento difundido este martes, que incluye la exigencia de informar en detalle sobre las cuentas de los bancos, el cumplimiento de medidas macroeconómicas y el reforzamiento del Banco de España en detrimento del ministerio de Economía. El Memorando prevé que durante los 18 meses que durará el programa de saneamiento las autoridades españolas aporten “a la Comisión Europea, el Banco Central Europeo (BCE), la Autoridad Bancaria Europea (EBA) y el Fondo Monetario Internacional (…) los datos necesarios para supervisar todo el sector bancario y los datos de los bancos de interés específico por su naturaleza sistémica”. “La Comisión Europea, junto con el BCE y la EBA, tendrá derecho a efectuar inspecciones in situ en cualquier institución financiera beneficiaria” para verificar que se cumple lo previsto, escribe el documento, El memorando deja claro además que “la Comisión Europea, junto con el BCE y la EBA, verificará a intervalos regulares que las condiciones ligadas a la asistencia financiera se cumplen, mediante misiones e informes regulares por parte de las autoridades españolas cada trimestre”. En el documento, la UE prevé que un “consultor externo” realice pruebas de resistencia (stress tests) en la segunda quincena de septiembre a 14 grupos bancarios, que representarán el 90% del sector en España. De esas pruebas se derivarán las necesidades de capital de cada banco, por lo que podrán cifrarse los montos necesarios para la recapitalización y reestructuración de cada entidad. En base a las pruebas de resistencia, los bancos españoles serán clasificados de 0 a 3. La categoría 0 corresponderá a aquellos que no necesiten capital. La categoría 1 será la de los bancos poseídos por el FROB, el fondo público español de ayuda al sector, que el documento identifica nominalmente: Bankia, Catalunya Caixa, NovaCaixaGalicia y Banco de Valencia. El grupo 2 serán los bancos con necesidades de capital, incapaces de satisfacerlas “sin tener recurso a ayuda estatal”. Por último, el grupo 3 serán los bancos con necesidades de capital pero con “planes creíbles de recapitalización y capaces de satisfacer esos déficit de capital” recurriendo al sector privado, “sin recurso a la ayuda estatal”. Para el grupo 1, las autoridades españolas deberán “preparar planes de reestructuración o resolución” con la Comisión Europea de forma que puedan ser aprobados por ésta en noviembre. En octubre, Madrid deberá presentar a Bruselas planes para reestructurar los del grupo 2. Los bancos ayudados deberán asumir las pérdidas antes de recibir la asistencia y vender sus activos que no sean estratégicos, así como dejar de pagar dividendos. Además, una vez auditados, depositarán sus activos tóxicos (principalmente activos inmobiliarios depreciados) a precio de mercado en una Agencia de Gestión de Activos, es decir, un “banco malo” que velará por el valor a largo plazo de esos activos. Dicho banco malo debe ser “plenamente operativo en noviembre de 2012”. Para garantizar la solidez de las entidades, el documento exige que “todas las instituciones españolas de crédito tengan un ratio de fondos propios de por lo menos el 9% hasta al menos el final de 2014”. El Memorando prevé también “transferir las competencias de sancionar y conceder licencias del ministerio de Economía al Banco de España”. Destacando que “hay una estrecha relación entre los desequilibrios macroeconómicos, las finanzas públicas y la solidez del sector financiero”, el Memorando establece que además de supervisar las condiciones de ayuda a la banca “se vigilarán regularmente y de cerca” los avances en el cumplimiento de las medidas destinadas a reducir el déficit público español (8,9% del PIB en 2011). El documento recoge a continuación que España está comprometida con el cumplimiento de “reformas estructurales”, como son “implementar reformas del mercado laboral”, “introducir un sistema de impuestos coherente con los esfuerzos de consolidación fiscal y un mayor apoyo al crecimiento” y “tomar medidas adicionales para abrir profesiones y reducir los plazos para obtener licencias de negocio”. El rescate del sector bancario español comenzará con un primer tramo de 30.000 millones de euros este mes, según acordó la UE. Agencia AFP