Un cambio traumático

Redacción

Por Redacción

Para el jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, no cabe duda alguna: el índice pavoroso de desempleo que sufre su país –ya se acerca al 24% de la población supuestamente activa– se debe a la rigidez extrema de la legislación laboral, razón por la que acaba de aprobar una reforma que a su juicio es “justa, buena y necesaria” destinada a flexibilizarla. Para los centenares de miles de españoles que hace poco participaron de manifestaciones multitudinarias en todas las ciudades significantes, en cambio, la reforma del gobierno del Partido Popular de Rajoy es injusta, ineficaz e inútil, puesto que en opinión de los dirigentes sindicales perjudicará a los trabajadores, privándolos de derechos adquiridos, no hará más eficiente la economía y no ayudará a crear más empleos. Aunque a juzgar por la experiencia internacional parece evidente que Rajoy tiene razón, puede entenderse el temor que tantos sienten frente a la reducción de las indemnizaciones para quienes pierden su empleo y otros cambios encaminados a alentar a los empresarios a arriesgarse contratando a personas que tal vez no les resulten imprescindibles. En sociedades en que el trabajo bien remunerado está transformándose en un bien escaso, es natural que hasta los desocupados crónicos se opongan a la mayor precariedad, ya que quieren creer que, si por fin consiguen un empleo, podrán conservarlo o al menos percibir una indemnización respetable en el caso de que por algún motivo lo perdieran. Con todo, no servirán para mucho las protestas que están celebrándose no sólo en España sino también en muchos otros países relativamente ricos en contra de la flexibilización impulsada por gobiernos alarmados por el aumento rápido de la tasa de desocupación. Desgraciadamente para los acostumbrados a creer que andando el tiempo el mercado laboral se haría cada vez más seguro, con más garantías legalmente consagradas y más oportunidades para virtualmente todos los interesados en trabajar, está en marcha una revolución socioeconómica que ya ha resultado traumática y que en los años próximos podría provocar convulsiones sociales en gran escala. Aunque la flexibilidad que antes era considerada típica de Estados Unidos y, en menor medida, el Reino Unido, que está en vías de universalizarse, sirve para que haya más empleos, ocurre que una proporción importante es de baja calidad. Incluso en Alemania, donde a diferencia de lo que ha sucedido en otras partes de Europa se ha reducido últimamente la tasa de desocupación, la mayoría de los empleos recién creados pagan poco y pueden desaparecer en cualquier momento. La eventual recuperación macroeconómica de España y sus vecinos no modificaría demasiado el panorama que enfrenta el grueso de quienes están protestando en las calles contra lo que muchos suponen es una situación pasajera provocada por financistas a un tiempo irresponsables y muy codiciosos, empresarios mezquinos y políticos poco imaginativos. En Estados Unidos, donde para sorpresa de los pesimistas las grandes empresas industriales están expandiéndose nuevamente y produciendo ganancias enormes, no se han creado muchos empleos aptos para los trabajadores que, antes de agravarse la crisis financiera, percibían salarios apropiados para la clase media. Que éste haya sido el caso es lógico, porque en la actualidad el progreso económico es capital intensivo por depender de la incorporación de tecnología avanzada. Como consecuencia, propende a ampliarse la brecha entre una minoría capacitada para aprovechar las oportunidades brindadas por “la economía del conocimiento” y la mayoría que se ve obligada a conformarse con empleos rutinarios y, desde luego, con salarios exiguos, por tratarse de tareas que muchos están en condiciones de desempeñar de suerte que la oferta excede la demanda. Para que una economía sea “competitiva”, los responsables de manejarla tienen forzosamente que aprovechar al máximo las ventajas supuestas por el uso de la alta tecnología, como están haciendo con éxito innegable los norteamericanos y alemanes, pero todo hace pensar que el progreso macroeconómico seguirá siendo incompatible con el progreso social, si por éste se entiende un grado creciente de equidad. Puede que exista una solución para el problema así planteado, pero hasta ahora nadie ha logrado encontrarla.


Para el jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, no cabe duda alguna: el índice pavoroso de desempleo que sufre su país –ya se acerca al 24% de la población supuestamente activa– se debe a la rigidez extrema de la legislación laboral, razón por la que acaba de aprobar una reforma que a su juicio es “justa, buena y necesaria” destinada a flexibilizarla. Para los centenares de miles de españoles que hace poco participaron de manifestaciones multitudinarias en todas las ciudades significantes, en cambio, la reforma del gobierno del Partido Popular de Rajoy es injusta, ineficaz e inútil, puesto que en opinión de los dirigentes sindicales perjudicará a los trabajadores, privándolos de derechos adquiridos, no hará más eficiente la economía y no ayudará a crear más empleos. Aunque a juzgar por la experiencia internacional parece evidente que Rajoy tiene razón, puede entenderse el temor que tantos sienten frente a la reducción de las indemnizaciones para quienes pierden su empleo y otros cambios encaminados a alentar a los empresarios a arriesgarse contratando a personas que tal vez no les resulten imprescindibles. En sociedades en que el trabajo bien remunerado está transformándose en un bien escaso, es natural que hasta los desocupados crónicos se opongan a la mayor precariedad, ya que quieren creer que, si por fin consiguen un empleo, podrán conservarlo o al menos percibir una indemnización respetable en el caso de que por algún motivo lo perdieran. Con todo, no servirán para mucho las protestas que están celebrándose no sólo en España sino también en muchos otros países relativamente ricos en contra de la flexibilización impulsada por gobiernos alarmados por el aumento rápido de la tasa de desocupación. Desgraciadamente para los acostumbrados a creer que andando el tiempo el mercado laboral se haría cada vez más seguro, con más garantías legalmente consagradas y más oportunidades para virtualmente todos los interesados en trabajar, está en marcha una revolución socioeconómica que ya ha resultado traumática y que en los años próximos podría provocar convulsiones sociales en gran escala. Aunque la flexibilidad que antes era considerada típica de Estados Unidos y, en menor medida, el Reino Unido, que está en vías de universalizarse, sirve para que haya más empleos, ocurre que una proporción importante es de baja calidad. Incluso en Alemania, donde a diferencia de lo que ha sucedido en otras partes de Europa se ha reducido últimamente la tasa de desocupación, la mayoría de los empleos recién creados pagan poco y pueden desaparecer en cualquier momento. La eventual recuperación macroeconómica de España y sus vecinos no modificaría demasiado el panorama que enfrenta el grueso de quienes están protestando en las calles contra lo que muchos suponen es una situación pasajera provocada por financistas a un tiempo irresponsables y muy codiciosos, empresarios mezquinos y políticos poco imaginativos. En Estados Unidos, donde para sorpresa de los pesimistas las grandes empresas industriales están expandiéndose nuevamente y produciendo ganancias enormes, no se han creado muchos empleos aptos para los trabajadores que, antes de agravarse la crisis financiera, percibían salarios apropiados para la clase media. Que éste haya sido el caso es lógico, porque en la actualidad el progreso económico es capital intensivo por depender de la incorporación de tecnología avanzada. Como consecuencia, propende a ampliarse la brecha entre una minoría capacitada para aprovechar las oportunidades brindadas por “la economía del conocimiento” y la mayoría que se ve obligada a conformarse con empleos rutinarios y, desde luego, con salarios exiguos, por tratarse de tareas que muchos están en condiciones de desempeñar de suerte que la oferta excede la demanda. Para que una economía sea “competitiva”, los responsables de manejarla tienen forzosamente que aprovechar al máximo las ventajas supuestas por el uso de la alta tecnología, como están haciendo con éxito innegable los norteamericanos y alemanes, pero todo hace pensar que el progreso macroeconómico seguirá siendo incompatible con el progreso social, si por éste se entiende un grado creciente de equidad. Puede que exista una solución para el problema así planteado, pero hasta ahora nadie ha logrado encontrarla.

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