Un oscuro panorama laboral

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Los funcionarios del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no son los únicos que rezan para que la abrupta ralentización económica que ha sufrido el país últimamente no repercuta demasiado en el mundo del trabajo. Aún más preocupados están los muchos que temen perder su fuente de ingresos al suspender su producción algunas plantas automotrices, reducirse las ventas en los comercios a causa de la inflación galopante y prepararse los empresarios para enfrentar una etapa, que amenaza con ser muy difícil para todos, demorando las inversiones y, desde luego, resistiéndose a contratar empleados a menos que les sean imprescindibles. Entre los más golpeados por la recesión incipiente están los obreros de la construcción. Se trata de un sector que está experimentando una caída pronunciada a causa de la falta de crédito y la guerra que ha librado el gobierno contra el dólar, lo que es una muy mala noticia por tratarse de una actividad que aún emplea a casi 400.000 personas, la mayoría de bajo nivel socioeconómico. Según el secretario general vitalicio de la Uocra, Gerardo Martínez, son muchos los obreros de la construcción que consumen drogas –paco en el caso de los de poco poder adquisitivo y cocaína en el de los que ganan más–, lo que en su opinión ha contribuido a los enfrentamientos violentos que a menudo protagonizan miembros del gremio que encabeza. De multiplicarse los despidos de albañiles y otros, como a esta altura parece inevitable, el impacto social sería con toda seguridad muy fuerte. Durante años el gobierno kirchnerista se ha esforzado por hacer pensar que, gracias al “modelo de inclusión” que ha patentado, el desempleo masivo ya pertenece al pasado, a la terrible década de los noventa y a los meses que siguieron a la implosión de la convertibilidad. La propaganda en tal sentido le ha brindado buenos resultados, pero al distanciarse en el tiempo los períodos en los que la desocupación masiva sí figuraba entre los temas que más angustia motivaban, son cada vez menos los dispuestos a confiar en la capacidad del gobierno para impedir que la historia se repita. Asimismo, el que el Indec haya manipulado de manera tan grosera tantas estadísticas económicas y sociales ha echado dudas sobre las correspondientes al desempleo. Conforme a las cifras oficiales, la Argentina ostenta una tasa de desempleo relativamente baja, del 6,4%, que envidiarían casi todos los países europeos, sobre todo España y Grecia en que “el paro” afecta a más del 25%, y es muy similar al 6,3% que acaba de registrarse en Estados Unidos. Sin embargo, según la CGT de Hugo Moyano el índice real es del 18,2%, puesto que a su juicio es “una trampa” incluir entre los ocupados a los asistidos por planes sociales. Tendrá razón el camionero, aunque, para defenderse, los técnicos del Indec intervenido podrían señalar que tanto en Europa como Estados Unidos las autoridades procuran minimizar la cantidad de personas sin trabajo con ardides parecidos. Así, pues, los analistas norteamericanos atribuyen la reducción aparente de la tasa de desempleo en su país a que millones de personas han dejado de buscar trabajo porque están convencidas de que no lo encontrarán jamás, razón por la que está cayendo con rapidez la población calificada de “activa”, un fenómeno inquietante que también se da en nuestro país. Por desgracia, superar el desafío planteado por el desempleo multitudinario no es fácil en ninguna parte. Para lograrlo, sería necesario que el sector privado se reactivara de modo tal que generara fuentes de trabajo aptas para quienes carecen de calificaciones laborales o educativas mínimas. La alternativa estatal favorecida por el gobierno de Cristina puede haber servido para atenuar muchos problemas sociales pero, por depender del aumento constante del gasto público, el que a su vez ha supuesto una mayor presión impositiva, ha resultado ser contraproducente porque ha estimulado la inflación. Mal que nos pese, la situación así creada parece destinada a durar por mucho tiempo al internarse la economía en una etapa signada por la estanflación en la que el gobierno nacional, lo mismo que los provinciales y municipales, tendrán que ajustar sus gastos y los empresarios del sector privado estarán más interesados en asegurar su propia supervivencia que en arriesgarse.