Un poco de orden
¿Logrará Terragno que la ayuda social beneficie más a los necesitados que a sus presuntos benefactores políticos?
Por ser la Argentina un país con un «déficit social» abrumador en el que ningún gobierno de los últimos tiempos ha podido hacer mella, sería de suponer que sólo un puñado de políticos sacrificados pensaría en aceptar la tarea presuntamente ingrata de manejar los programas destinados a atenuarlo. Después de todo, la experiencia de más de medio siglo les habrá enseñado que las dificultades son enormes y las posibilidades de tener éxito, ahorrándose la indignidad de ser acusados de depauperar aún más a los más menesterosos, son muy escasas. Pero parecería que en nuestro país son muchos los políticos altruistas que no se sienten del todo amedrentados por la magnitud del desafío así supuesto. Por el contrario, la pesada responsabilidad de manejar los programas sociales del gobierno de turno siempre ha atraído a los operadores más ambiciosos, entre ellos «El brujo» José López Rega, hombre que de haberlo querido pudo haber ocupado cualquier otro puesto en los gobiernos peronistas que antecedieron al Proceso militar, pero que optó por la cartera de Bienestar Social. Asimismo, en el gobierno del presidente Fernando de la Rúa se ha librado una serie de batallas sordas por el control de estas iniciativas, con la ministra de Desarrollo Social, Graciela Fernández Meijide, enfrentándose con el ministro de Trabajo Alberto Flamarique, y éste viéndose en problemas con el ministro del Interior, Federico Storani.
Por eso, era previsible que cuando el presidente De la Rúa decidió que en adelante el jefe del Gabinete, Rodolfo Terragno, tendría entre sus otros deberes el de controlar todos los planes sociales oficiales, muchos dieran por descontado que se trataba de una suerte de premio político, interpretación que se basa en el presupuesto nada caprichoso de que, manejados con habilidad, dichos «planes» pueden convertirse en muchos votos. Es de esperar que el propio Terragno no comparta dicha actitud porque la razón fundamental por la que buena parte del dinero que se invierte en programas presuntamente destinados a beneficiar a los sectores más vulnerables ha sido despilfarrada, cuando no robada, consiste precisamente en la costumbre ya tradicional de considerarlos instrumentos proselitistas. Puesto que son muchos los políticos que quisieran congraciarse con los pobres con la esperanza de recibir la recompensa tácitamente pactada en el cuarto oscuro, es lógico que a través de los años hayan proliferado «planes» de distinto tipo y, con ellos, los casos de corrupción.
Como Terragno señaló en una conferencia de prensa que se celebró el día en que fue otorgado este «premio», además de los costos burocráticos adicionales supuestos por la existencia de más de medio centenar de programas sociales de eficacia dudosa, se pierde más dinero a raíz de «duplicaciones de beneficiarios» y del reparto de jubilaciones entre «11.000 muertos». Tales abusos distan de ser nuevos: desde hace décadas se informa periódicamente sobre irregularidades a menudo grotescas que pueden atribuirse a la convicción, al parecer generalizada entre los políticos de sentimientos «solidarios», de que quienes están a cargo de un programa social tienen el pleno derecho a favorecer a su propia clientela antes de atender las necesidades de los demás. Asimismo, nunca hubo duda alguna de que sería posible eliminarlos administrando los fondos sociales con un mínimo de eficiencia. Sin embargo, la defensa por parte de políticos de mentalidad tradicional de sus propios intereses ha sido tan tenaz que hasta hace poco a ningún presidente se le ocurrió intentar poner orden en el sistema, objetivo que necesariamente ha supuesto que una sola persona esté a cargo de coordinarlo. ¿Logrará Terragno modificar la ayuda social hasta tal punto que beneficie más a los necesitados que a sus presuntos benefactores políticos? Es posible, pero en el caso de que su gestión resulte ser un dechado de eficiencia y honestidad, podría verse convertido en el blanco preferido de las críticas no sólo de sus adversarios políticos, sino también de muchos correligionarios, a los cuales no les haría ninguna gracia ser privados del acceso a lo que desde hace muchos años ha sido considerada una fuente de influencia política insustituible.
