Una decisión trascendente
Aunque las personas propuestas por el gobernador Sobisch para integrar el Tribunal Superior de Justicia fueran juristas excepcionalmente competentes y personas decididas a preservar la independencia del Poder Judicial a cualquier costo, al gobernador le convendría no insistir en su postulación, aun cuando tenga el poder suficiente para imponer su voluntad.
Es natural que, si el mandatario considera infundadas las objeciones, haga todo lo posible para imponer su criterio en defensa de su propia decisión y también del prestigio de las personas involucradas. Pero el hecho de que no haya podido persuadir a quienes resisten las designaciones de que los propuestos reúnen esas calidades, es un dato que no debería pasarse por alto.
Por cierto, para la totalidad de la oposición, algunos miembros de su propio partido y una cantidad considerable de personas independientes, entre las cuales se cuentan abogados de buena reputación y una parte sustancial del Poder Judicial, se trata de un intento apenas disimulado de conformar una mayoría automática, similar a la que Menem logró al aumentar el número de miembros de la Suprema Corte, situación que tanto daño ha causado y sigue causando a la Justicia nacional y que ha contribuido en forma sobresaliente al descrédito dramático que en la percepción de la gente reflejan las encuestas que colocan a los jueces en el máximo nivel de rechazo, junto con los impresentables sindicalistas y los, por ahora, odiados políticos.
El mandatario neuquino tiene la potestad indiscutible de proponer los nombres que debe considerar el parlamento para su aprobación y esta facultad constitucional no está sujeta explícitamente a limitaciones que no provengan de su criterio personal y su propia evaluación. Pero nada determina que esa facultad deba ser ejercida sin consideración alguna al resto de la sociedad y menos aún contrariando abiertamente una resistencia que excede los límites del disenso para convertirse en una batalla por la independencia del Poder Judicial.
El gobernador y sus colaboradores más cercanos suelen asimilar la democracia con el derecho de las mayorías para gobernar. Ello es así en la mayoría de los casos, cuando se trata de cuestiones de política que, se supone, han sido sometidas previamente al veredicto de las urnas. Sin embargo, cuando se trata de cuestiones inherentes al funcionamiento de las instituciones y los derechos esenciales que hacen a los fundamentos de una sociedad civilizada, una definición más justa de la democracia sería aquella cuyos procedimientos incluyen el respeto a las minorías, es decir un sistema gobernado por la tolerancia y la necesidad de preservar consensos mínimos. El peronismo gobernó hasta 1955 con el mandato que le otorgaba su indiscutible supremacía electoral, pero la forma en que despreciaba el derecho de las minorías y el avallasamiento de las libertades esenciales le dieron la reputación que todavía mantiene como expresión vernácula del fascismo europeo.
De manera que Sobisch tiene ante sí una decisión importante. Debe elegir entre alternativas que van a tener una enorme influencia en su futuro. Debe arriesgarse además a conformar un Poder Judicial que, estructurado sobre la imposición del número, privaría al cuerpo del mínimo de autoridad para que sus decisiones sean respetadas, aun en los casos en que el gobierno obtuviera decisiones favorables legítimas.
En la década pasada, la constitución del Tribunal Superior con personas reconocidamente independientes, dotó a la Justicia neuquina de un prestigio hasta ese momento desconocido y elevó en forma muy ostensible la calidad de los tribunales inferiores. No hay dudas de que fue una de las medidas más importantes realizadas en la gestión anterior de Sobisch, tal vez la que pudo exhibir como mejor logro. Y eso hace aun más incomprensible esta pérdida de confianza en sus propios valores, para regresar a un pasado cuya superación el propio gobernador celebró en su momento como una valiosa conquista.
