Una denuncia más

En buena lógica, la denuncia que fue formulada por un matutino porteño de seriedad incuestionable – La Nación -, según la cual el Cártel de Juárez mexicano aportó un millón de dólares a la campaña presidencial de Eduardo Duhalde, debería haber desatado una verdadera tormenta política. Aunque Duhalde y su compañero de fórmula Ramón «Palito» Ortega insisten en que no sabían nada acerca de la presunta contribución – hubiera sido realmente asombroso que no negara cualquier vínculo con los traficantes de drogas -, el que el primero haya hecho hincapié en que éste había mantenido separados sus propios fondos proselitistas hace pensar que el ex gobernador bonaerense siempre ha entendido que entre los que financiaban la campaña estaban personajes de trayectoria aún más dudosa que la habitual en su círculo áulico. Sin embargo, parecería que las sospechas en cuanto al origen del dinero que recaudaron los aspirantes peronistas no han despertado demasiado interés en el mundillo político nacional, acaso porque últimamente se han producido tantas denuncias de diverso tipo que el país, ya acostumbrado a la idea de que la corrupción sea rutinaria, no esté en condiciones de reaccionar frente a una más por contundente que fuera.

Debería ser evidente que de probarse la participación de uno de los cárteles narcotraficantes más importantes del mundo en la campaña electoral de 1999 estaremos ante un caso decididamente más grave que el supuesto por la hipotética «negligencia» del Banco Central frente al lavado de dinero, pero no es muy probable que la Justicia logre aclarar el asunto. Después de todo, el magistrado que estaría a cargo de la eventual investigación, Rodolfo Canicoba Corral, es un «juez de la servilleta», es decir, uno de que según el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, figuraba en la lista de jueces federales dispuestos a colaborar con el gobierno del presidente Carlos Menem. Así las cosas, cualquier resultado de una eventual pesquisa judicial sería atribuido a factores políticos: de decidir el juez que Duhalde efectivamente recibió dinero sucio, el ex candidato lo imputaría a la conocida hostilidad de Menem; caso contrario, otros creerían que Canicoba Corral no habrá querido causar problemas al PJ. Para colmo, no cabe duda de que el gobierno aliancista no siente ningún deseo de asistir a una investigación de connotaciones políticas tan explosivas: por motivos comprensibles, prefiere que «la lucha contra la corrupción» siga siendo mayormente verbal.

Para el país, la situación planteada por la proliferación reciente de denuncias al parecer verosímiles de implicaciones alarmantes difícilmente podría ser más desagradable. Si bien los más entienden que es perfectamente factible que el Cártel de Juárez y, quizás, otros del mismo tipo hayan optado por invertir en la política del país, también son conscientes de que a esta altura un esfuerzo vigoroso por desenmascarar a los cómplices de los narcotraficantes y otros mafiosos plantearía una amenaza auténtica a la «gobernabilidad». Después de todo, no se trata solamente de un puñado de políticos de poca monta que podrían ser marginados sin problemas mayores, sino de una lista cada vez más larga de líderes de alto nivel. Entre los acusados de estar relacionados de algún modo con presuntos delincuentes es de suponer conectados con el narcotráfico están Menem, Duhalde, Ortega, Carlos Ruckauf y muchos otros. En cuanto a los que se han visto sindicados como «corruptos», incluyen a virtualmente todos los senadores, una variedad sorprendente de legisladores menos encumbrados y funcionarios jerárquicos.

Puede entenderse, pues, el temor que sienten los genuinamente comprometidos con la honestidad y sus vacilaciones a la hora de decidir lo que les correspondería hacer. Puesto que son tantos los sospechosos y la Justicia es tan poco confiable, expulsar a los indignos requeriría una operación drástica de resultado incierto que con toda seguridad convulsionaría el ámbito político e incidiría de forma decididamente negativa en la marcha de la economía. En cambio, optar – como por razones respetables ha hecho el presidente Fernando de la Rúa – por fingir creer que algunas anomalías aparte todo es normal, permitirá la metástasis del cáncer que está inutilizando las instituciones del país.