Una deuda riesgosa

El primer paso para poder resolver un problema es enfrentarlo. Esto, que parece una verdad de Perogrullo, no siempre es tenido en cuenta por la política y los administradores del Estado. Por lo general se prefiere «manejar los tiempos» para que el problema sea resuelto por el que viene? Y terminamos generado una profecía autocumplida: aquel problema inicial termina generando una crisis de proporciones, inmanejable, con consecuencias que pagan todos. Especialmente los que menos tienen.

Valga esta reflexión para adelantarnos a una situación que, si no nos ocupamos en plantear y resolver, va a generar una nueva crisis que nos dejará expuestos a remedios más difíciles de digerir: el de la deuda pública provincial. Y anticiparse implica prever lo que se viene, definir estrategias, sanear la situación. Significa tener un objetivo y una estrategia.

Hoy, a noviembre del 2009, la provincia ya tiene dificultades financieras que complican su capacidad de dar respuestas a la sociedad. Este año está previsto que desembolse un total de 393 millones de pesos en concepto de amortización de la deuda. Pero para el año que viene deberán reservarse 580 millones, casi un 50 % más. Y en el 2011, el repago de la deuda insumirá 660 millones de pesos?

En un contexto nacional e internacional como el que se nos presenta para adelante, con la caída de la actividad económica, con una ralentización en el ritmo de los ingresos -que los ubica por debajo de la inflación- y un incremento de las tensiones sociales, congelar 580 millones de pesos para destinar a cancelar deuda significará un esfuerzo de proporciones. Y de algún lado tendrá que salir?

Si además se mantiene un esquema de trabajo dentro del Estado provincial en que se no priorizan gastos, sin un proyecto concreto ni un modelo de provincia, sin transparencias y con demasiados puntos oscuros, con la única misión de ir tapando agujeros, la situación se complica más.

Veamos la situación en perspectiva: en seis años, la provincia hizo un gran esfuerzo por mantener su situación crediticia y desembolsó 1.460 millones de pesos. Sin embargo, en ese mismo período, la deuda total subió de 2.446 millones a 3.709 millones.

En este caso en particular el crecimiento exponencial no se debió a un manejo desaprensivo del endeudamiento provincial sino que es producto de no revisar en el momento necesario una situación que se va haciendo crítica.

En el 2002, tras el estallido socioeconómico del país y la devaluación, los gobiernos provinciales junto con el Estado nacional firmaron un acuerdo de refinanciación de las deudas con una cláusula de actualización mediante el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), que se calcula con el Índice de Precios al Consumidor; sin quita de capital, con una tabla de indexación y con un plazo promedio de 10 años

Esta refinanciación de los pasivos provinciales funcionó más o menos bien mientras la actividad económica nacional se recuperaba a ritmo incesante y los ingresos crecían a la misma velocidad. Cualquier desprolijidad terminaba enjugándose con un aumento de presupuesto por mayores recursos. Y para cualquier problema que sobrepasara esa situación, estaba el recurso del Programa de Asistencia Financiera para reprogramar vencimientos.

Hoy esas recetas son insuficientes no sólo para Río Negro sino para el conjunto de las provincias. El proyecto de presupuesto 2010 prevé algunas alternativas financieras para esta situación: un programa de asistencia a las provincias con déficit financiero y otro que permitirá modificar las condiciones de refinanciación de las deudas provinciales con el Estado nacional.

Sin embargo, entendemos que estas dos alternativas son insuficientes para sentar las bases del desarrollo rionegrino. Por un lado, creemos que se debe buscar una refinanciación integral de la deuda, que implique una menor carga financiera sobre los presupuestos provinciales: mayor plazo de pago, un nuevo sistema de actualización que no sea el CER (en estos seis años creció más del 73%) y, en lo posible, alguna quita sobre el capital.

En seis años se pagaron 1.460 millones de pesos. En esos seis años podríamos haber construido la infraestructura necesaria para modernizar la provincia. Rutas, puentes, hospitales, escuelas, apoyo activo a la producción? Además de brindar mejores servicios.

En el 2010, el Tesoro provincial deberá congelar 580 millones de pesos para pagar deuda. Cuánto se podría hacer si la mitad de esos fondos pudiese volcarse a la economía real: una escuela nueva puede construirse con 10 millones de pesos; un hospital, con 20; podríamos plantear una política de viviendas? amén de pagar salarios en tiempo y forma.

Por un Estado más federal

Y aun solucionando este problema de fondo de la economía provincial, seguiría pendiente otro más: el de los recursos que necesita el Estado para enfrentar sus necesidades. Para trabajar sobre esta situación existen dos alternativas:

? trabajar sobre los gastos para generar el equilibrio fiscal;

? mejorar los ingresos para llegar al mismo punto de equilibrio.

La primera es la receta preferida del liberalismo económico y de los consultores más ortodoxos. La segunda es la recomendada por los neokeynesianos y heterodoxos. Y en realidad, antes de poder definir cuál de las dos es la más adecuada para nuestra situación, debemos preguntarnos a quién le daremos ese remedio y para qué queremos mantenerlo? En otras palabras, ¿cuál es el rol del Estado?

Un Estado moderno en un país como el nuestro, tan alejado del mundo desarrollado y no sólo en kilómetros, no puede limitarse a brindar algunos servicios y dejar el resto librado a la «mano invisible de la economía». En los 90 se aplicó esa visión y la crisis posterior nos dejó una cruel enseñanza.

Necesitamos un Estado activo, que garantice los servicios que la comunidad espera y que al mismo tiempo pueda plantear estrategias de desarrollo y crecimiento junto a los actores económicos. Para eso necesitamos un Estado provincial con más ingresos, que opere con los controles y la transparencia que se necesitan. Con ese objetivo en la mira, es que estimamos que debemos trabajar sobre los ingresos. En especial, apostando al mediano plazo, sobre una nueva ley de coparticipación federal. Que es el gran debate que nos estamos debiendo en esta etapa.

Una nueva ley que busque equilibrios entre el Estado nacional y las provincias de acuerdo a las funciones y los esfuerzos que se realiza en cada uno. Que establezca reglas estables y permanentes. Que devuelva a las provincias su capacidad de enfrentar sus deudas y avanzar sobre su futuro.

Y al mismo tiempo, necesitamos un Estado provincial muy distinto del que nos hemos acostumbrados a padecer. El «control del gasto» no es sólo «ajuste de gasto» sino definir qué se va a gastar, cuánto y para qué. Significa terminar con el desmanejo que se observa en la administración en general, con las contradicciones internas, y enfocar la atención en solucionar los problemas concretos.

Es obvio que, si entra más plata pero no solucionamos los problemas internos, va a ser como echar agua en una botella rota: nunca la vamos a poder llenar. Por eso, la solución a los grandes problemas rionegrinos pasará por un acuerdo más amplio, que implique reabrir la discusión a nivel nacional por la situación de la deuda pública y los ingresos. Pero también, indefectiblemente, deberemos meter mano en la estructura del Estado provincial. No para achicarlo sino para hacerlo rendir. Para que pueda cumplir con su finalidad específica.

A pesar de los desbarajustes del pasado y del presente, a pesar de inoperancias propias y ajenas, Río Negro tiene una oportunidad para salir de esta crisis recurrente. Ojalá tengamos la sabiduría necesaria para aprovecharla.

(*) Intendente de Cipolletti