Una herencia que da miedo

Los adversarios de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner la han acusado de adquirir una fortuna inmensa por medios ilícitos y de “encubrir” a los autores intelectuales del atentado contra la sede de la AMIA, entre otras cosas, pero las denuncias así supuestas parecen meramente anecdóticas en comparación con la de que se ha propuesto dejar a su sucesor una bomba de tiempo económica programada para estallar en sus manos. No sólo los críticos ortodoxos o liberales del “modelo” populista que el gobierno cree haber instalado, sino también muchos que en términos generales lo aprueban, además de los representantes de organizaciones empresariales como la UIA que hasta hace poco aplaudían todos los discursos presidenciales, dan por descontado que Cristina ha decidido que sería de su interés arreglárselas para que el próximo gobierno tenga que iniciar su gestión con un ajuste brutal, ya que, por la falta de reservas, la inflación, el atraso cambiario y muchos otros males, no le quedará más alternativa que la de reducir drásticamente el gasto público. Si sólo fuera cuestión de un problema para ciertos políticos opositores, como insinuó la presidenta en la alocución maratónica que pronunció ante el Congreso el 1 de marzo cuando dijo: “Yo no dejo un país cómodo para los dirigentes, dejo un país cómodo para la gente. Va a ser muy incómodo después de todo lo que hemos leído que quieren hacer, sobre todo si les piensan sacar derechos a la gente”, la estrategia elegida podría justificarse, pero sucede que millones de familias tendrán que compartir los costos elevadísimos de la gran crisis que, en opinión de muchos, el gobierno está provocando por sus propios motivos. Puede que para ideólogos que viven en un mundo de abstracciones las consecuencias concretas de una gestión determinada pesen menos que las hipotéticas intenciones de quienes están en el gobierno, pero para las personas de carne y hueso que dependen de la evolución de la economía nacional y corren el riesgo de verse sin ingresos pueden significar la diferencia entre un nivel de vida tolerable y la indigencia. De estar en lo cierto quienes creen que Cristina y sus incondicionales están resueltos a dejar atrás una economía nacional hecha una tierra arrasada, les importan mucho menos los sufrimientos de la gente que la probabilidad de que la mayoría los atribuya a la insensibilidad del gobierno próximo, razón por la que quisieran asegurar que los esfuerzos por corregir las distorsiones que se han producido tengan un impacto social devastador. Si bien para los habituados a subordinar absolutamente todo a sus propios intereses políticos tal estrategia no carecería de méritos, desde el punto de vista de quienes suponen que los dirigentes políticos, tanto los oficialistas de turno como los opositores, deberían anteponer el bien común a sus aspiraciones particulares difícilmente podría ser más perversa. Sin embargo, parecería que a pocos les preocupa demasiado la presunta voluntad del gobierno kirchnerista de hacer suyo el principio leninista de “cuanto peor, mejor”, aun cuando suponga el sacrificio de buena parte de la población del país en aras de un “relato” improvisado. A menos que se hayan equivocado por completo todos aquellos que acusan al gobierno de querer forzar a sus sucesores a atravesar un campo minado, los kirchneristas más fanatizados se asemejan bastante a los castristas cubanos o sus equivalentes de Corea del Norte que, para no abandonar lo que llaman el socialismo, han condenado a sus compatriotas a vivir en la miseria más absoluta. Parecería que Cristina y quienes la rodean prefieren “el relato” a la Argentina y que por lo tanto la eventual ruina del país real les dolería menos que el tener que reconocer que el proyecto político con el que se sienten comprometidos ha resultado ser sólo una fantasía. En cuanto a los dirigentes que esperan triunfar en las elecciones para entonces encargarse del desbarajuste que el gobierno actual les entregue, saben que no están en condiciones de impedir que Cristina, el ministro de Economía Axel Kicillof y otros funcionarios continúen cometiendo lo que en otras circunstancias serían considerados errores garrafales pero que, en las imperantes, para ellos no lo son porque servirán para hacerle la vida imposible a otro gobierno.

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