Una interna clave
A juzgar por las contundentes declaraciones que han formulado últimamente el ministro del Interior, Florencio Randazzo, y el jefe del bloque kirchnerista en el Senado, Miguel Pichetto, son muchos los oficialistas influyentes que entienden muy bien que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner cometería un error garrafal si llegara a tomar al pie de la letra las denuncias de quienes suelen acusar de “terrorismo” a los medios periodísticos. Conforme a Randazzo, el planteo en tal sentido del cada vez más cuestionado titular de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), José Sbatella, según el que sería legítimo hacerlo si los medios difundieran información que sirviera para “aterrorizar a la población”, es “un disparate”, juicio éste que comparten Pichetto y Eugenio Zaffaroni, el juez de la Corte Suprema más apreciado por los kirchneristas. En opinión de Sbatella, de contribuir los medios a impulsar un retiro masivo de depósitos u otra maniobra presuntamente especulativa, podrían verse alcanzados por la ley antiterrorista que, como tantas otras, acaba de sancionarse a las apuradas en el Congreso. Las palabras de Sbatella provocaron un revuelo porque a esta altura muy pocos las atribuirían a nada más grave que la excentricidad de un funcionario al que, como a sus equivalentes de la dictadura militar, le cuesta diferenciar entre oposición y subversión. Antes bien, parecieron presagiar una escalada gubernamental contra los medios independientes por parte de un sector oficialista de mentalidad autoritaria que sólo siente desprecio por la democracia “burguesa”. Dicho sector ya tiene motivos de sobra para felicitarse por haber conseguido apoderarse del control de Papel Prensa y por haber herido económicamente al Grupo Clarín al que se ha propuesto desmembrar y al matutino porteño “La Nación”, no sólo para castigarlos por asumir una postura crítica sino también para intimidar a los demás medios, de suerte que no sorprendería que quisiera ir por más. Asimismo, nadie ignora que “los talibanes” del kirchnerismo se han pertrechado con un arsenal de argumentos ideológicos que creen más que suficientes para legitimar el amordazamiento de sus adversarios. Aunque es imposible saber cuántos oficialistas fantasean con una aventura chavista –el caudillo venezolano Hugo Chávez y su aliado ecuatoriano Rafael Correa no han titubeado en aplastar a aquellos medios que se han negado a adularlos– y cuántos están procurando frenarlos, parecería que por ahora cuando menos los reacios a prestarse a un asalto seudojurídico a la libertad de expresión constituyen la mayoría. Es de esperar que los comprometidos así con la democracia “burguesa” logren imponer su punto de vista; en caso contrario, al país le aguardará una repetición de la intolerancia sistemática que tanto lo empobreció intelectualmente durante el Proceso militar y, dos décadas antes, bajo los primeros gobiernos del general Juan Domingo Perón. Es de suponer que en este debate la presidenta Cristina tendrá la última palabra, lo que, en vista de su convicción aparente de que en el fondo casi todo depende del desenlace de la “batalla cultural” que según sus partidarios está librando contra una oligarquía mediática supuestamente vinculada con el golpismo de otras épocas, no deja de ser preocupante. Tampoco motiva confianza el hermetismo del gobierno que encabeza Cristina y su voluntad de apoyar las pretensiones de los jóvenes de La Cámpora, una agrupación que por cierto no se caracteriza por la amplitud de miras de sus integrantes más empeñosos. Con todo, puede que la presidenta termine aceptando que le convendría más prestar atención a los consejos implícitos en las declaraciones de los integrantes más sobrios del movimiento que se ha aglutinado en torno a su persona para ahorrarse el riesgo que le supondría comprometerse con una estrategia que no podrían respaldar los muchos que, si bien en líneas generales aprueban el “proyecto” kirchnerista, comprenden que hay que respetar los límites fijados tanto por la democracia republicana como por la Constitución de la Nación, aunque sólo fuera porque la experiencia les ha enseñado que en política nada dura para siempre y que, tarde o temprano, quienes abusen del poder tendrán que rendir cuentas ante el electorado o, en casos determinados, ante la Justicia.
A juzgar por las contundentes declaraciones que han formulado últimamente el ministro del Interior, Florencio Randazzo, y el jefe del bloque kirchnerista en el Senado, Miguel Pichetto, son muchos los oficialistas influyentes que entienden muy bien que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner cometería un error garrafal si llegara a tomar al pie de la letra las denuncias de quienes suelen acusar de “terrorismo” a los medios periodísticos. Conforme a Randazzo, el planteo en tal sentido del cada vez más cuestionado titular de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), José Sbatella, según el que sería legítimo hacerlo si los medios difundieran información que sirviera para “aterrorizar a la población”, es “un disparate”, juicio éste que comparten Pichetto y Eugenio Zaffaroni, el juez de la Corte Suprema más apreciado por los kirchneristas. En opinión de Sbatella, de contribuir los medios a impulsar un retiro masivo de depósitos u otra maniobra presuntamente especulativa, podrían verse alcanzados por la ley antiterrorista que, como tantas otras, acaba de sancionarse a las apuradas en el Congreso. Las palabras de Sbatella provocaron un revuelo porque a esta altura muy pocos las atribuirían a nada más grave que la excentricidad de un funcionario al que, como a sus equivalentes de la dictadura militar, le cuesta diferenciar entre oposición y subversión. Antes bien, parecieron presagiar una escalada gubernamental contra los medios independientes por parte de un sector oficialista de mentalidad autoritaria que sólo siente desprecio por la democracia “burguesa”. Dicho sector ya tiene motivos de sobra para felicitarse por haber conseguido apoderarse del control de Papel Prensa y por haber herido económicamente al Grupo Clarín al que se ha propuesto desmembrar y al matutino porteño “La Nación”, no sólo para castigarlos por asumir una postura crítica sino también para intimidar a los demás medios, de suerte que no sorprendería que quisiera ir por más. Asimismo, nadie ignora que “los talibanes” del kirchnerismo se han pertrechado con un arsenal de argumentos ideológicos que creen más que suficientes para legitimar el amordazamiento de sus adversarios. Aunque es imposible saber cuántos oficialistas fantasean con una aventura chavista –el caudillo venezolano Hugo Chávez y su aliado ecuatoriano Rafael Correa no han titubeado en aplastar a aquellos medios que se han negado a adularlos– y cuántos están procurando frenarlos, parecería que por ahora cuando menos los reacios a prestarse a un asalto seudojurídico a la libertad de expresión constituyen la mayoría. Es de esperar que los comprometidos así con la democracia “burguesa” logren imponer su punto de vista; en caso contrario, al país le aguardará una repetición de la intolerancia sistemática que tanto lo empobreció intelectualmente durante el Proceso militar y, dos décadas antes, bajo los primeros gobiernos del general Juan Domingo Perón. Es de suponer que en este debate la presidenta Cristina tendrá la última palabra, lo que, en vista de su convicción aparente de que en el fondo casi todo depende del desenlace de la “batalla cultural” que según sus partidarios está librando contra una oligarquía mediática supuestamente vinculada con el golpismo de otras épocas, no deja de ser preocupante. Tampoco motiva confianza el hermetismo del gobierno que encabeza Cristina y su voluntad de apoyar las pretensiones de los jóvenes de La Cámpora, una agrupación que por cierto no se caracteriza por la amplitud de miras de sus integrantes más empeñosos. Con todo, puede que la presidenta termine aceptando que le convendría más prestar atención a los consejos implícitos en las declaraciones de los integrantes más sobrios del movimiento que se ha aglutinado en torno a su persona para ahorrarse el riesgo que le supondría comprometerse con una estrategia que no podrían respaldar los muchos que, si bien en líneas generales aprueban el “proyecto” kirchnerista, comprenden que hay que respetar los límites fijados tanto por la democracia republicana como por la Constitución de la Nación, aunque sólo fuera porque la experiencia les ha enseñado que en política nada dura para siempre y que, tarde o temprano, quienes abusen del poder tendrán que rendir cuentas ante el electorado o, en casos determinados, ante la Justicia.
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