Una mujer condenada por genocidio

EMILIO J. CÁRDENAS (*)

Por primera vez en la historia, una mujer (ex funcionaria gubernamental) acaba de ser condenada por un tribunal internacional por el aberrante crimen de genocidio. Se trata de Pauline Nyiramasuhuko, de la etnia hutu, que en la década de los 90 se desempeñó –dos veces– como ministra de la Familia en Ruanda. Toda una amarga paradoja. Después de un juicio lento con la participación de numerosos testigos, que dio comienzo en el 2001, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda la encontró culpable y le decretó prisión perpetua. Se comprobó que la acusada había supervisado personalmente la horrible matanza de tutsis ocurrida en su ciudad natal, Butare, en el sur de su país. Allí hasta entonces convivían ambas etnias sin mayores dificultades de relación. Cuando el genocidio de pronto se desató en Ruanda, la ciudad de Butare no se plegó de inmediato a esa locura criminal. Por ello el gobierno central –empeñado en consumar rápidamente su “solución final”– envió a Nyiramasuhuko a esa ciudad para así acelerar la tragedia y consumar, también allí, la perversa “solución final”. En abril de 1994 la población local perteneciente a la etnia tutsi –presumiblemente en conocimiento de lo que estaba sucediendo en otras partes de Ruanda– fue de pronto convocada a “reunirse” en el estadio de Butare con el pretexto infame de que allí recibiría ayuda a ser suministrada por la Cruz Roja. Cuantos cayeron inocentemente en la trampa fueron cruelmente exterminados por las “Interahamwe”, esto es, por los grupos armados de milicianos hutus que los esperaban. Ocurrió entonces una verdadera masacre con ribetes de horror indescriptibles, desde que la ex ministra ordenó personalmente a los suyos que primero violaran a las mujeres tutsis para luego ultimarlas. Entre ellos, se plegó a la barbarie su propio hijo, que la acompañaba. Cabe recordar que la “limpieza étnica” fue, en 1992, expresamente calificada por la Asamblea General de las Naciones Unidas como una de las formas de genocidio. Nyiramasuhuko fue arrestada en 1997, cuando estaba viviendo clandestinamente en Kenia. Juzgados que fueran ella y su hijo recibieron idéntica pena: la prisión de por vida. Otros cuatro acusados, funcionarios locales al tiempo de las atrocidades, recibieron penas también severas que –en su caso– van desde los 25 a los 35 años de cárcel. Se hizo así justicia. Lamentablemente se comprueba que también la mujer puede caer en la paranoia asesina que está detrás de los genocidios. La primera condena por genocidio dictada por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda ocurrió –recordemos– en 1998, en el conocido caso “Akayesu”. Desde entonces el referido tribunal se ha referido al genocidio como el “crimen de crímenes”, el más horrible entre los de lesa humanidad. Es así. (*) Ex embajador de la República Argentina ante la ONU