Una reforma que impacta sobre todos

Sólo las empresas que tengan espaldas financieras podrán soportar “presiones” del Estado.





Por su sesgo de manipulación, es imposible no refutar de inicio la frase que pronunció la presidenta de la Nación durante la última semana en relación con la limitación por seis meses de los recursos de amparo patrimoniales, que hoy permiten a los particulares defenderse judicialmente de las acciones que toma el Estado para avasallarlos: “Para los invisibles y los pobres no hay ni cautelares, ni inconstitucionalidades ni nada”, explicó. En aquel mensaje de lanzamiento de las seis leyes que mandó al Congreso para poner la Justicia en línea con los paradigmas institucionales que pregona el kirchnerismo, Cristina Fernández no sólo expresó una falacia sino que en paralelo pareció deslizar un prejuicio contra el entendimiento de los más humildes, quizás un modo subliminal de instalar, para bajarle el precio al tema, “a quién le importa todo esto, son cosas de abogados”. Es verdad que la reforma judicial tiene aristas controvertidas y demasiado técnicas, pero es fácil de interpretar lo demagógico del dicho presidencial si se plantean ejemplos, sobre todo si se repara en que los cambios pueden llegar a impactar en la vida cotidiana de todos los estratos sociales. Los miles y miles de juicios de jubilados que creen que el Estado los ha perjudicado a través de los años, muchos de ellos con sentencias de ajuste que la Anses (el Estado), en franca rebelión, no atiende pese a haber perdido los juicios y aun a requerimiento de la Corte Suprema, son una referencia muy sencilla para entender que no es verdad que los más necesitados no pleitean. Un segundo dato obligado surge de la gran cantidad de recursos de amparo que presentaron los gremios en nombre de sus afiliados contra la flexibilidad laboral, la famosa “ley Banelco” que en los años 90 avasallaba conquistas. También hay que recordar el “corralito” que implantó el Estado, aunque con otros ejecutores transitorios a cargo de la cosa pública, situación traumática que, de no haber mediado la Justicia, hubiese dejado a muchos más ahorristas en el camino. Igualmente, la omnipotencia estatal hizo quitas y terminó descapitalizando a mucha gente. Hay numerosos ejemplos que demuestran que los pobres acceden más de lo que se cree a este tipo de remedios constitucionales, ya que cuando el Estado somete no mira clases sociales. En todo caso, corresponde a las propias estructuras estatales informarles a todos los ciudadanos cuáles son sus derechos y cómo ejercerlos para velar para que todos sean iguales ante la ley. Jubilados, trabajadores y ahorristas, quizás no demasiado pobres algunos de éstos, es verdad, son una muestra del desacierto de tirar frases de efecto para explicar lo inexplicable y para justificar el proyecto que la presidenta defiende con argumentos poco convincentes, aunque ideológicamente profundos, a favor de que el Derecho debe estar únicamente del lado de las mayorías. Según Cristina, “cuando la medida es de neto corte patrimonial, cuando el Estado podría estar cometiendo, digamos, algo que perjudique económicamente a un tercero, no procede una medida cautelar porque, en definitiva, luego ese particular hará un juicio y ganará y le pagarán la indemnización por todos los daños que el Estado (le ha producido)”. En esta afirmación está el nudo de lo amañado del concepto. Las medidas cautelares operan para que, sin tener que pronunciarse sobre el fondo de la cuestión, los jueces congelen la situación para que todo siga igual hasta que se llegue a un fallo definitivo. En el mientras tanto, los privados que plantearon una acción contra el Estado por temas patrimoniales pueden seguir con sus tareas diarias o manteniendo los bienes que se les quieren confiscar. La dilación del caso Clarín, del que el senador neuquino Marcelo Fuentes acaba de confesar ha sido el inspirador de la medida, lleva ya tres años y medio de amparo, mientras los jueces fallan sobre si aspectos parciales, pero relevantes, de la ley de Medios son o no constitucionales. La propia Corte ha dicho que tres años es un plazo “razonable”, pero éste se ha estirado por cuestiones procesales en la segunda instancia, lo que ha motivado que llovieran las burlas sobre el gobierno cuando se tuvo que tragar el 7D. En su discurso del lunes la presidenta aludió con sorna al tema para fustigar a “los jueces (que) no han escuchado a la Corte”. Sobre ellos dijo: “Esperemos que escuchen al Parlamento (sic) argentino, porque acá nadie ha sido elegido con la varita divina y los poderes del Estado tienen que funcionar dentro del marco de la Constitución y, en definitiva, no puede haber tampoco nada por sobre la soberanía popular, sobre todo cuando una ley no ha sido declarada inconstitucional. Cualquier juez puede declarar inconstitucional una ley, sin lugar a dudas, pero no puede estar cinco años para determinar que es inconstitucional”, aseveró. Si algo hay seguro, es que con la novedad que se propicia tampoco los pobres ni los invisibles saldrán beneficiados, ni los particulares ni las pymes, que necesitan vivir de su trabajo. En ese acotado lapso de medio año sólo podrán mantenerse en pie los que tengan espaldas bien anchas, las grandes empresas en primer término y las globales más aún. Ninguno de aquellos sectores puede esperar hasta que el Estado pague “la indemnización por los daños” sin fundirse. Los grandes o las multis pueden adelgazar su negocio o irse del país, como ya lo han hecho tantos. Aun sin incorporar ninguna chicana procesal de las que usan los abogados para estirar los plazos, los tiempos de los procedimientos, entre vistas, traslados y ferias de todas las instancias (Primera, Cámara y la Corte) hoy se superan holgadamente esos seis meses que se pretende imponer como plazo “razonable” para que tenga vigencia una medida cautelar patrimonial contra el Estado. Pero, además, ahora se le agrega un escalón que le sumará más plazo al proceso: las nuevas Cámaras de Casación. Aunque suene tétrico, hay prevista una de Trabajo y Seguridad Social que puede llegar a demorar un par de años más los juicios de los jubilados, un excelente tapón legal para darle más tiempo a la gente para morirse. Como se ve, todo lo que está sucediendo en la Argentina en materia judicial no es algo propio “de abogados”, sino que es una cosa de todos los días que atañe a todo el mundo y no importa de qué condición social sea el perjudicado. El facilismo presidencial de subestimar a la sociedad al reducir tan delicada situación a una frase más o menos ingeniosa conspira contra la gravedad que merece la discusión del tema, porque la Justicia y la protección de derechos que implica su correcto funcionamiento en tiempo y forma es algo de todos los días.

Hugo E. Grimaldi DyN

DE DOMINGO A DOMINGO


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