Una tragedia italiana
La Argentina no es el único país en el que es habitual creer que muchos jueces están menos interesados en la ley que en las repercusiones políticas de sus fallos. Otro es Italia, donde la propensión a interpretar las decisiones de los tribunales a través de un prisma ideológico, cuando no partidario, está igualmente difundida, de ahí la convicción de los simpatizantes del varias veces jefe de gobierno y en la actualidad senador vitalicio Giulio Andreotti de que fue condenado a 24 años entre rejas por motivos que poco tienen que ver con su presunta complicidad en el asesinato de un periodista en 1979. Según el primer ministro Silvio Berlusconi, hombre que no ha vacilado en impulsar leyes destinadas a impedir que la Justicia se ocupe de sus muchos negocios cuestionables, la condena del dirigente que durante muchos años pareció encarnar la democracia italiana, es «el último estadio de un teorema judicial a través del cual sectores politizados de la magistratura intentan cambiar el curso de la política democrática y tratan de reescribir la historia de Italia».
Como sabemos muy bien, la politización de la Justicia combinada con la judicialización de la política constituye una receta venenosa de efectos sumamente malignos que no puede sino desmoralizar a la sociedad, al generar un clima de desconfianza en el que sólo puedan prosperar los más deshonestos. Lo mismo que aquí, en Italia nadie sinceramente cree en la política ni en la Justicia, aunque muchos se sienten constreñidos a afirmar lo contrario. Por lo demás, los sistemas que se basan en el engaño y el simulado autoengaño así supuestos suelen ser mucho más frágiles que otros en los que aún es posible confiar en la independencia del Poder Judicial. Hace aproximadamente veinte años, era habitual considerar a Italia un país muy exitoso, lo que -muchos daban a entender- sirvió para demostrar que la corrupción era compatible con el crecimiento vigoroso. Sin embargo, a partir de entonces Italia, a pesar de la energía formidable de su empresariado, ha dejado de figurar entre los integrantes más pujantes de la Unión Europea. Para colmo, para desazón de sus dirigentes, su influencia en Europa y en el resto del mundo sigue siendo virtualmente nula. Aunque nadie ignora que en la raíz de esta realidad desagradable está la condición lamentable de una cultura política renombrada por la corrupción -conforme a Transparencia Internacional, en este ámbito Italia tiene más en común con los países de América Latina que con sus socios del norte de la Unión Europea-, debido a los vínculos estrechos que existen entre la política y la Justicia no hay forma de mejorarla.
En el caso de Andreotti, son tantos los intereses en juego que muy pocos están en condiciones de saber si realmente instigó a un mafioso a asesinar a un periodista que lo investigaba o si sólo se ha tratado de una patraña complicada. Tanto se ha embarrado la cancha, que casi todas las opiniones, incluyendo a las formuladas con más vehemencia, se inspiran en prejuicios, de los que el más frecuente, compartido por los amigos y los adversarios de Andreotti, es que en Italia la Justicia ha sido tan politizada que nunca es de fiar. Para que se modifique dicha convicción que tanto mal ha hecho no sólo a Italia sino también a otros países en los que abundan aquellos que quisieran minimizar las consecuencias concretas de la corrupción endémica y que han utilizado el ejemplo brindado por un miembro pleno del «Grupo de los Siete» para ilustrar su tesis, sería necesario que surgiera una nueva generación de políticos de conducta tan intachable que a nadie se le ocurriría acusarlos de asociarse con delincuentes o de intentar subordinar la ley a sus propios intereses. Desgraciadamente para todos, empero, no hay ningún indicio de que Italia esté por salir del embrollo penoso en el que se ha metido. Por el contrario, por ser tan patente la voluntad de Berlusconi, el hombre más rico de Italia, de asegurar su propia inmunidad, todo hace prever que su país continuará siendo el escenario de luchas confusas entre fracciones políticas inescrupulosas, en las que a veces participen bandas mafiosas, que no le será posible ocupar el puesto destacado entre las naciones más avanzadas que, si no fuera por «la política», podría ser suyo.
La Argentina no es el único país en el que es habitual creer que muchos jueces están menos interesados en la ley que en las repercusiones políticas de sus fallos. Otro es Italia, donde la propensión a interpretar las decisiones de los tribunales a través de un prisma ideológico, cuando no partidario, está igualmente difundida, de ahí la convicción de los simpatizantes del varias veces jefe de gobierno y en la actualidad senador vitalicio Giulio Andreotti de que fue condenado a 24 años entre rejas por motivos que poco tienen que ver con su presunta complicidad en el asesinato de un periodista en 1979. Según el primer ministro Silvio Berlusconi, hombre que no ha vacilado en impulsar leyes destinadas a impedir que la Justicia se ocupe de sus muchos negocios cuestionables, la condena del dirigente que durante muchos años pareció encarnar la democracia italiana, es "el último estadio de un teorema judicial a través del cual sectores politizados de la magistratura intentan cambiar el curso de la política democrática y tratan de reescribir la historia de Italia".
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