Adorni, ultimátum de la ética
El meollo de la corrupción autóctona radica en su naturalización social, lo que explica y predice que la sociedad civil tolere voraces e insaciables sistemas de sobornos e impunidad.
La ética pública no es monopolio ni monopsonio de dogmas religiosos o divinos mandamientos ni idearios político-partidarios. Es conciencia clara del mal, de “lo ajeno”, de la probada aptitud integral de una persona para realizar una tarea funcional, constitucionalmente preeminente, de manera eficaz, oportuna y transparente. Es satisfacción del bien común y del interés general identificando y minimizando el malestar y el sufrimiento de la población ( por ejemplo la fatiga y el agobio de personas con discapacidad, jubilados, maestros y médicos rurales, laburantes marginales e informales, el desfinanciamiento y vulnerabilidad de la educación, la salud y la paz social).
En la Argentina del hoy por hoy, Manuel Adorni (¿todavía jefe de Gabinete y porqué?) nos plantea un insólito desafío ético, no por aspectos secundarios de cantidad sino de estupidez, mentira y latrocinio o elogio del peculado.
El meollo de la corrupción autóctona radica en su naturalización social, lo que explica y predice que la sociedad civil tolere voraces e insaciables sistemas de sobornos e impunidad. Pero con el nefasto agalma o metástasis social del quiebre de la confianza entre los ciudadanos y sus gobernantes.
En el caso que nos ocupa, ni el jefe de gabinete Manuel Adorni ni el presidente de la Nación, Javier Milei han actuado autoritativamente. Deliberadamente, omitieron decisiones indelegables, afectando e imponiendo así efectos adversos sobre los derechos de los ciudadanos argentinos.
Una procusta política fiscal -que sacrifica necesidades físicas básicas-, alumbró una profunda incertidumbre y malestar que ha invadido incrementalmente el ánimo de la actual mayoría de los argentinos, subordinados a un gobierno nacional reñido con el orden fundamental de la ética y de la Constitución Nacional; burlonamente hasta con su propia promesa de: “la moral como política de Estado”.
Esa promesa hace a un concepto (fallido) central en el discurso del presidente Javier Milei ya que nos aseguró que “el ordenamiento económico, la transparencia y el fin de los privilegios, no son solo metas de su gestión sino imperativos éticos fundamentales para reconfigurar la cultura institucional argentina”. (Textual de su discurso ante el Congreso)
Toda ética pública cuando es vívida, compartida y respetada, conlleva a la formación de una noble conciencia ciudadana, pero se enturbia y enferma gravemente por la sucesión de escándalos, corrupción, privilegios e impunidad de nuestras más altas autoridades.
Inexplicables trazabilidades patrimoniales de los políticos en general, conviven con un empobrecimiento escandaloso, simultáneo igualmente inconcebible e inexplicable del pueblo argentino. Ambos explican y predicen ignominiosas desigualdades.
Resistir democrática y constitucionalmente, configurará un decisivo desafío ético y cívico para encontrar alternativas políticas razonables, idóneas, aplicables y honestas, que asuman cabal y realistamente la administración de la cosa pública, actuando congruente y legítimamente.
Finalmente, “si en la resistencia civil está todo el hidalgo valor de la vida” (Indio Solari), entonces políticamente “no volvamos a elegir los mismos que nos trajeron hasta aquí” (Joan M. Serrat), para “no volver a tomar” los mismos caminos que terminaron de empujarnos al abismo de otra crisis intolerable, propia de un país que enfrenta abrupta, codiciosa y temerariamente un escenario idealista e irrealista de profunda transformación; caracterizado principalmente por la cruel reducción del gasto público en una gélida búsqueda quijotesca y narcisista del equilibrio fiscal.
* Abogado, experto en cooperativismo, premio Adepa.
La ética pública no es monopolio ni monopsonio de dogmas religiosos o divinos mandamientos ni idearios político-partidarios. Es conciencia clara del mal, de “lo ajeno”, de la probada aptitud integral de una persona para realizar una tarea funcional, constitucionalmente preeminente, de manera eficaz, oportuna y transparente. Es satisfacción del bien común y del interés general identificando y minimizando el malestar y el sufrimiento de la población ( por ejemplo la fatiga y el agobio de personas con discapacidad, jubilados, maestros y médicos rurales, laburantes marginales e informales, el desfinanciamiento y vulnerabilidad de la educación, la salud y la paz social).
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