Venta de la calle al country: la información oculta que logró la Defensoría del Pueblo de Neuquén

Es por el acuerdo gubernamental de la costa del río Neuquén con el Rincón Club de Campo. La multisectorial solicitó intervención por lo que denunció como venta de la avenida de la Costa al barrio privado.





Los integrantes de la Multisectorial Bardas Norte se mostraron conformes con las actuaciones que inició la Defensoría del Pueblo, que buscará retrotraer el accionar que llevó adelante el Ejecutivo Municipal por el cual se perdió para el uso público la avenida de la Costa, en el acuerdo de liberación de costas.

Rubén Gómez detalló que ante el pedido de intervención, “nos dieron la razón, este acuerdo además de ilegítimo, fue ilegal. Se usó una ordenanza creada para solucionar problemas de acceso a la tierra de escasos recursos para justificar la venta directa de la tierra municipal adyacente al country”, sostuvo.

Agregó que la avenida de la Costa (detrás del conocido portón blanco instalado por el consorcio) estaba diagramada en Catastro de la provincia para uso público y de circulación “y se lo sacó para dárselo –con venta directa- a un sector de frentistas del barrio que se quedaban sin salida” por un error de diagramación de los consorcistas sobre su propia urbanización; o porque el privado siempre diseñó su espacio con el río Neuquén incluido.

El defensor del Pueblo, Ricardo Riva, aseguró que esperará conocer la respuesta de la municipalidad de Neuquén con el recurso administrativo. Aseguró que el organismo “no podía llevarse por declaraciones periodísticas” o sin recabar toda la documentación, y que tras el proceso de compilación de datos, incluidos los aportados por la comuna, solicitaron la marcha atrás del convenio acordado y refrendado por el Deliberante.

“La Defensoría encontró que la venta de tierras no se hizo legalmente: no se hizo la audiencia pública en la que nos hubiéramos podido enterar que estaban intentando vender la avenida de la Costa, esto se ocultó deliberadamente”, sostuvo.

Recordó que la ley de ambiente ordena hacer un estudio de impacto en estos casos e informar a la comunidad sobre la decisión “para que la comunidad sepa claramente qué se gana, qué se pierde y qué piensa hacer” el poder administrador.

Entre la documentación relevada por la defensoría, halló que la venta de remanentes públicos –que agregó toda la franja pública de la costa que no era el terraplén de la AIC- se hizo en base a lo estipulado por la ordenanza 2.080, una herramienta creada para situaciones excepcionales en casos de necesidad para loteos sociales, o de un conflicto social por de cooperativas o mutuales con problemas de adyacencias.

Riva informó que el recurso fue presentado ante la comuna “con solidez”, se le indicó que se llevaron a cabo procesos que “entendemos que no correspondían”. Aseguró que existe la posibilidad de revertir lo hecho por entender que “nadie puede avanzar sobre un terreno que no le corresponde; pero sin el análisis previo de toda la información, no se podía haber llegado a la conclusión” que llegamos, de solicitar que se devuelva la costanera a la órbita pública y que se proceda a abrir la calle que se mal vendió al consorcio privado.


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