Verdades ingratas
Desde hace varios años no es ningún secreto que detrás del terrorismo islamista están elementos vinculados directa o informalmente con las dictaduras más notorias del Medio Oriente. Sin embargo, por motivos que podrían calificarse de pragmáticos, durante mucho tiempo todos los gobiernos occidentales prefirieron hablar y actuar como si no fuera así, como si a ninguna dictadura se le ocurriría colaborar con terroristas. Huelga decir que lejos de suponer el fin de los atentados, tal actitud sólo sirvió para convencer a los regímenes responsables de mantener a bandas de asesinos de que les sería dado continuar con el equivalente musulmán de oír misa y andar en la procesión. Se equivocaron, claro está. Existe un límite a lo que hasta la democracia más mansa o más propensa a subordinar todo a los intereses comerciales puede permitir, y los terroristas lo cruzaron cuando demolieron las Torres Gemelas de Nueva York y una parte del edificio del Pentágono en Washington, desatando la invasión de Afganistán y abriendo el camino a la breve guerra que puso fin a la dictadura de Saddam Hussein en Irak. Aunque la Argentina no está en condiciones de emular a Estados Unidos, esto no quiere decir que haya podido resignarse a ser un blanco totalmente pasivo del terrorismo “internacional”. Puede que la investigación judicial de los atentados contra la embajada de Israel y la sede de la AMIA en Buenos Aires haya sido penosamente lenta y muy poco eficaz, pero así y todo sigue avanzando, de ahí la detención en Durham, Inglaterra, del ex embajador de Irán en nuestro país, Hadi Soleimanpour, por su eventual complicidad en el ataque brutal contra la AMIA, en el que murieron 85 personas y fueron heridas más de 200. Por supuesto, es imposible prever el desenlace del trámite de extradición que fue iniciado a instancias del juez Juan José Galeano y que por las particularidades de las leyes británicas podría resultar ser muy largo, pero no es imposible que en su transcurso aprendamos mucho más sobre la relación de los terroristas y el régimen teocrático iraní. ¿Y entonces? De probarse que el régimen de los mullahs sí fue directamente responsable de aquella atrocidad, sería difícil no romper por completo los lazos diplomáticos con Irán y tratar, a través de los organismos internacionales correspondientes, de forzar a los iraníes a reconocer su culpa, a entregar a la Justicia a los acusados de haberla planeado y a pagar una suma compensatoria que sea por lo menos comparable con la que pagará la dictadura libia de Moammar Khaddafy a las víctimas del atentado contra un avión de PanAm en la que murieron 270 personas. De ratificarse el acuerdo que los libios están negociando, aquel acto terrorista le costará a su país casi tres mil millones de dólares. Cuando se cometieron los atentados contra la embajada de Israel y la sede de la AMIA, los gobiernos occidentales eran reacios a llevar las investigaciones de tales crímenes hasta las últimas consecuencias por razones económicas y, según sus funcionarios, políticas, pero ya no resulta tan persuasiva la tesis optimista propuesta por quienes insistían en que si dieran a los regímenes de países como Afganistán, Irán, Irak, Libia, Siria y Arabia Saudita el beneficio de toda duda concebible, ellos terminarían transformándose en “aliados para la paz”. Por lo tanto, la ofensiva judicial emprendida por el juez Galeano ya parece más promisoria de lo que era el caso antes, cuando había muchos motivos para suponer que lograrían su propósito los interesados en encubrir la verdad sobre la presunta participación iraní y la identidad de quienes conformaban la imprescindible“conexión local”. Aunque los obstáculos en el camino de la Justicia siguen siendo muy importantes, ya no constituyen una barrera impenetrable defendida por empresarios, políticos, diplomáticos, militares y miembros de “los servicios” que por sus propios motivos -algunos sórdidos, otros de apariencia razonable- estaban resueltos a conservar la ficción de que ningún gobierno extranjero pudiera haber estado involucrado en un crimen de lesa humanidad y que de todos modos esforzarse demasiado por capturar a los terroristas resultaría contraproducente porque sólo serviría para darles una excusa para atacarnos nuevamente con más ferocidad aún.
Desde hace varios años no es ningún secreto que detrás del terrorismo islamista están elementos vinculados directa o informalmente con las dictaduras más notorias del Medio Oriente. Sin embargo, por motivos que podrían calificarse de pragmáticos, durante mucho tiempo todos los gobiernos occidentales prefirieron hablar y actuar como si no fuera así, como si a ninguna dictadura se le ocurriría colaborar con terroristas. Huelga decir que lejos de suponer el fin de los atentados, tal actitud sólo sirvió para convencer a los regímenes responsables de mantener a bandas de asesinos de que les sería dado continuar con el equivalente musulmán de oír misa y andar en la procesión. Se equivocaron, claro está. Existe un límite a lo que hasta la democracia más mansa o más propensa a subordinar todo a los intereses comerciales puede permitir, y los terroristas lo cruzaron cuando demolieron las Torres Gemelas de Nueva York y una parte del edificio del Pentágono en Washington, desatando la invasión de Afganistán y abriendo el camino a la breve guerra que puso fin a la dictadura de Saddam Hussein en Irak. Aunque la Argentina no está en condiciones de emular a Estados Unidos, esto no quiere decir que haya podido resignarse a ser un blanco totalmente pasivo del terrorismo “internacional”. Puede que la investigación judicial de los atentados contra la embajada de Israel y la sede de la AMIA en Buenos Aires haya sido penosamente lenta y muy poco eficaz, pero así y todo sigue avanzando, de ahí la detención en Durham, Inglaterra, del ex embajador de Irán en nuestro país, Hadi Soleimanpour, por su eventual complicidad en el ataque brutal contra la AMIA, en el que murieron 85 personas y fueron heridas más de 200. Por supuesto, es imposible prever el desenlace del trámite de extradición que fue iniciado a instancias del juez Juan José Galeano y que por las particularidades de las leyes británicas podría resultar ser muy largo, pero no es imposible que en su transcurso aprendamos mucho más sobre la relación de los terroristas y el régimen teocrático iraní. ¿Y entonces? De probarse que el régimen de los mullahs sí fue directamente responsable de aquella atrocidad, sería difícil no romper por completo los lazos diplomáticos con Irán y tratar, a través de los organismos internacionales correspondientes, de forzar a los iraníes a reconocer su culpa, a entregar a la Justicia a los acusados de haberla planeado y a pagar una suma compensatoria que sea por lo menos comparable con la que pagará la dictadura libia de Moammar Khaddafy a las víctimas del atentado contra un avión de PanAm en la que murieron 270 personas. De ratificarse el acuerdo que los libios están negociando, aquel acto terrorista le costará a su país casi tres mil millones de dólares. Cuando se cometieron los atentados contra la embajada de Israel y la sede de la AMIA, los gobiernos occidentales eran reacios a llevar las investigaciones de tales crímenes hasta las últimas consecuencias por razones económicas y, según sus funcionarios, políticas, pero ya no resulta tan persuasiva la tesis optimista propuesta por quienes insistían en que si dieran a los regímenes de países como Afganistán, Irán, Irak, Libia, Siria y Arabia Saudita el beneficio de toda duda concebible, ellos terminarían transformándose en “aliados para la paz”. Por lo tanto, la ofensiva judicial emprendida por el juez Galeano ya parece más promisoria de lo que era el caso antes, cuando había muchos motivos para suponer que lograrían su propósito los interesados en encubrir la verdad sobre la presunta participación iraní y la identidad de quienes conformaban la imprescindible“conexión local”. Aunque los obstáculos en el camino de la Justicia siguen siendo muy importantes, ya no constituyen una barrera impenetrable defendida por empresarios, políticos, diplomáticos, militares y miembros de “los servicios” que por sus propios motivos -algunos sórdidos, otros de apariencia razonable- estaban resueltos a conservar la ficción de que ningún gobierno extranjero pudiera haber estado involucrado en un crimen de lesa humanidad y que de todos modos esforzarse demasiado por capturar a los terroristas resultaría contraproducente porque sólo serviría para darles una excusa para atacarnos nuevamente con más ferocidad aún.
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