Videla vuelve a la cárcel de Campo de Mayo

BUENOS AIRES- A casi 25 años de las elecciones que pusieron fin a la dictadura militar, el represor Jorge Rafael Videla, de 83 años, volvió finalmente a una cárcel común, la unidad penal que funciona en la sede militar de Campo de Mayo, para cumplir allí su detención por las distintas causas por delitos de lesa humanidad por las que está acusado.

Así lo resolvió el juez federal Norberto Oyarbide, en el marco de la causa que investiga el plan sistemático de robo de bebés de víctimas de la dictadura y en la que Videla, preso en su casa por otros hechos, no estaba ni siquiera detenido.

Fue así como, en una resolución consensuada, los otros jueces que habían otorgado a Videla el arresto domiciliario estuvieron de acuerdo con enviarlo a la Unidad 34 sita en Campo de Mayo y allí, tras hacerle exámenes médicos, se definirá si por su estado de salud lo internan en el Hospital General de ese histórico predio militar.

Aunque Videla ya había sido detenido en la cárcel de Caseros en 1998 cuando el entonces juez Roberto Marquevich ordenó su detención por causas sobre el destino de niños de desaparecidos, la noticia sobre su arresto en una prisión común volvió a sacudir ayer a los tribunales porque desde hace años todos los pedidos para revocar el beneficio de su arresto domiciliario habían fracasado.

Además del caso del robo de bebés, Videla está procesado por los crímenes del «Plan Cóndor» y del Primer Cuerpo de Ejército, además del secuestro de dos empresarios, padre e hijo, en 1976, hecho por el cual había sido indultado.

Sin embargo, ahora fueron siete mujeres, algunas Abuelas de Plaza de Mayo y una nieta recuperada, las que presentaron el reclamo que terminó con el dictador tras las rejas comunes.

María Isabel Chorobik de Mariani, Elsa Pavón, Mirta Baravalle, Clara Petrakos, Paula Logares, Genoveva Dawson de Teruggi y Rosaria Valenzi plantearon el 11 de agosto pasado el alojamiento de Videla en una cárcel común y ahora el juez Oyarbide, que subroga en la causa de robo de bebés, decidió darles la razón.

Oyarbide analizó los elementos que le había dejado en la causa el entonces juez de la causa, Guillermo Montenegro, en donde se sostuvo que Videla «continúa colaborando en mantener la vigencia del accionar delictivo» y así contribuye «al entorpecimiento de las investigaciones», según la resolución a la que accedió DyN.

Es que existe «un carácter permanente de la práctica criminal» que implicó el robo de bebés y que no frenará hasta que «se restablezca el estado de licitud», es decir, «hasta tanto se conozca el paradero de todas y cada una de las víctimas» que fueron apropiadas en la dictadura, dijo el magistrado en la resolución.

(DyN/Télam)