¿Vivir con el agresor es una elección de vida?

Cada día que pasa, se vuelve más común encontrarse con mujeres que han denunciado a sus parejas y continúan compartiendo su vida con absoluta normalidad, como si nunca hubiera habido ningún episodio de malos tratos; inclusive hay casos en que el cónyuge cumplimenta una condena en suspenso.

Muchos se preguntaran cómo la víctima y el victimario pueden mantener el vínculo afectivo en estas circunstancias. No hay una única respuesta. Generalmente se trata de personas que tienen dificultades en sus vinculaciones y no suelen buscar ayuda en terceros.

Incluso aunque se les ofrezca la misma, optan por no recibirla. Cuando la ayuda les es impuesta desde el ámbito judicial, solo actúan como si fuera un trámite y lo abandonan al poco tiempo, porque no forma parte de sus necesidades.

Es natural que estas familias se constituyan en un ámbito de raíces en común, suelen ser del mismo barrio y sus relaciones datan de la adolescencia temprana, en donde de manera imprevista se transforman en padres, acelerando los tiempos y generando un proceso de crecimiento en común.

En algunos casos, están atravesados por una precariedad laboral y por el consumo de sustancias psicoactivas, cuyo hábito comparten, representando esto último un activador de la violencia. En ocasiones, esta complicidad fortalece el vínculo entre ambos

Pero, más allá de por qué víctima y victimario permanecen juntos, habría que preguntarse: ¿cuáles son las estrategias del Estado para abordar estas situaciones familiares en donde los vínculos son peligrosos?

¿El Estado debe implementar medidas de control basadas en el monitoreo de la víctima y el victimario? ¿O solamente en la víctima? Y si esto último es así, ¿qué sucede con el victimario?

Creemos que sin una supervisión social periódica de la familia es difícil saber cómo se desarrolla la convivencia en estas circunstancias, en donde tanto la mujer como su pareja saben que cualquier incidente puede implicar la detención y el cumplimiento de la condena.

También pensamos que el Estado debe saber priorizar entre el vínculo familiar y el peligro latente de una convivencia violenta.

Por ello, sin estar atado a una reglamentación vinculante, el análisis de cada situación se hace necesario, y en esto deben primar aquellas en donde hay niños o adolescentes.

Es claro que las instituciones judiciales van detrás de los hechos sociales, pero hay que pensar en la prevención y la creación de espacios donde se concientice sobre los límites del otro sobre uno.

Pensar así es la gran diferencia entre el ser y el deber ser. Para ello es necesario lograr los medios y los equilibrios entre educación, situación y pena.

Está claro que el debate se está dando en la sociedad, lo que aún resta saber si las instituciones están a la altura de un problema que toma luz hoy, con herramientas que en su mayoría no prevén ni la situación planteada.

*Especialista en Trabajo Social Forense