Vuelta de tuerca poselectoral
Aunque el gobierno nacional se resiste a llamar el cambio de la política económica supuesto por la reducción de los subsidios a los servicios públicos que está en marcha un “ajuste”, por tratarse de una palabra que a juicio de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sólo sirve para descalificar medidas tomadas por neoliberales, a los usuarios les importarán menos los juegos semánticos oficiales que el impacto sobre sus bolsillos personales de los aumentos que tendrán que pagar. Por motivos comprensibles, voceros gubernamentales como los ministros de Economía, Amado Boudou, y de Planificación, Julio de Vido, están procurando hacer pensar que lo que tienen en mente es obligar a los acomodados a abonar el precio de mercado por el agua, el gas y la electricidad que consuman en adelante, de tal modo asestando un golpe a favor de la equidad social, pero si bien la eliminación progresiva de los subsidios afectará primero a quienes viven en barrios capitalinos considerados de alto poder adquisitivo como Puerto Madero y los countries ubicados en la provincia de Buenos Aires, los incrementos resultantes no tardarán en llegar a distritos más pobres. Por lo demás, no será tan fácil como parece suponer el gobierno distinguir entre “los ricos” que están en condiciones de abonar tarifas realistas y aquellos que no tendrán más alternativa que apretarse el cinturón reduciendo sus gastos, sobre todo si, como se prevé, aumenta el costo del transporte público. Al fin y al cabo, los barrios de la Capital Federal y otras ciudades distan de ser homogéneos y hasta en los más opulentos pueden encontrarse muchos que apenas logran llenar la canasta familiar. De todos modos, con la presunta excepción de quienes no sólo se afirman contrarios por principio a cualquier ajuste sino que también creen en su propio discurso, todos concuerdan en que es necesario comenzar cuanto antes a desmantelar el sistema absurdamente complicado de subsidios que el gobierno Kirchner se las arregló para armar por motivos netamente electoralistas, privilegiando a los habitantes de zonas urbanas relativamente prósperas a costa de votantes fieles del conurbano que siempre han comprado gas en garrafas a precios elevados. Las distorsiones ocasionadas por los intentos improvisados de proteger a grupos determinados de la crueldad del mercado dejaron de ser sostenibles hace mucho tiempo pero, puesto que en un “año electoral” el gobierno no quiso arriesgarse, optó por no hacer nada antes del 23 de octubre. Con todo, si bien parecería que la mayoría de los residentes de Puerto Madero y otros barrios que pronto se verán afectados por la decisión oficial entiende que es justo que se vea privada de los subsidios a los que se ha acostumbrado, no hay ninguna garantía de que por lo menos algunos usuarios no protesten con virulencia cuando comiencen a recibir las facturas con los aumentos del 200% o más previstos. Para los alicaídos políticos opositores, el ajuste, tarifazo o lo que fuera que está aplicando el gobierno plantea un problema. Saben que era poco razonable que los habitantes de las zonas más ricas del país pagaran monedas por la energía que consumían y que sería imposible prolongar por mucho tiempo más el régimen de subsidios, pero no pueden sino señalar que hay una contradicción flagrante entre lo que está haciendo el gobierno y la supuesta voluntad de Cristina de no desviar un solo milímetro del rumbo tomado por “el modelo” que heredó de su marido. Como aseveró el radical Ricardo Alfonsín, “la decisión con los subsidios me hace acordar a las confesiones poselectorales de Carlos Menem”, el que, en una oportunidad, admitió que en efecto engañó a los votantes al no decirles lo que se proponía hacer por temor a perder su apoyo. Aunque es normal en todas partes que los candidatos electorales se resistan a aludir a las medidas ingratas que tendrán que tomar, por lo común lo atribuyen a su desconocimiento de la gravedad de la situación que, de triunfar, tendrían que enfrentar, pero, bien que mal, Cristina no podrá culpar a ningún adversario por dejarle una herencia tan catastrófica que no le ha quedado otra opción que la de intentar rebajar el gasto público con medidas que, con toda seguridad, merecerían la viva aprobación de los técnicos del tantas veces denostado FMI.
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