Zona liberada
Virtualmente lo único que distinguió el octavo aniversario del atentado contra la embajada de Israel en Buenos Aires de los seis actos recordatorios anteriores fue el hecho de que el presidente de la República y miembros de su gobierno hayan podido asistir sin ser insultados por los demás participantes. Pero aunque nadie pensaría en acusar ni a Fernando de la Rúa ni a sus ministros de ser personalmente responsables de una investigación que según el titular del Interior, Federico Storani, «ha sido una verdadera calamidad», esto no quiere decir que les sea dado limitarse a criticar a sus antecesores. Si, como claramente creen, la Corte Suprema, la Policía Federal, la SIDE y otros organismos hicieron gala de un grado de incompetencia rayana en la complicidad con los terroristas, les corresponde reformarlos drásticamente cuanto antes. Hasta ahora, empero, sólo la SIDE ha experimentado cambios lo suficientemente importantes como para hacer pensar que en el futuro su desempeño será por lo menos distinto de lo que ha sido en el pasado.
Para los dirigentes actuales de la DAIA y también para el embajador israelí Yitzhak Aviran, los principales culpables de que la investigación oficial de la voladura de la embajada en la que murieron 22 personas y muchos otras fueran heridas ha resultado ser una farsa, son los integrantes de la Corte Suprema. En efecto, según un representante de los deudos de las víctimas, habría que tomar en cuenta la posibilidad de que hubiera encubrimiento por parte de los magistrados. Se trata de una acusación sumamente grave, pero la alternativa, la de que la investigación no ha servido para mucho debido a la impericia, la indolencia, la ignorancia o la negligencia de los jueces, tendría connotaciones casi tan denigrantes por suponer que el máximo tribunal del país está conformado por mediocridades incapaces. ¿Es lo que cree el gobierno? Si lo es, debería estar promoviendo el juicio político de los ministros de la Corte, porque sería intolerable que el país continuara permitiéndoles fingir cumplir una función para la cual no estarían preparados.
Aunque la afición de ciertos miembros de la Corte a la hipótesis tan cara a los antisemitas de que no hubo un atentado sino el estallido de un arsenal «judío» dentro de la embajada ha alimentado la teoría del encubrimiento, lo más probable es que sencillamente no estuvieran a la altura del desafío planteado por un ataque terrorista tan grande. Tampoco, huelga decirlo, lo estuvieron el ex presidente Carlos Menem, la Policía o la SIDE. En el caso de los dos organismos de seguridad, el fracaso puede explicarse con facilidad: ambas estaban infestadas de antisemitas, neonazis y fascistas vinculados ya con sectores ultraderechistas del movimiento peronista, ya con la «mano de obra» de una dictadura militar que en ocasiones no disimuló su entusiasmo por las doctrinas racistas. Por eso, no extraña que la «conexión local» haya llevado a los interesados en la verdad directamente a las filas de la Policía Federal y la Bonaerense.
¿Y la conexión internacional? A pesar de toda la evidencia disponible y la voluntad de tantos de culpar al entonces presidente Menem por el atentado, son muy pocos los dispuestos a investigar seriamente la «pista siria», o sea, la posibilidad de que los motivos de la destrucción tanto de la embajada israelí como de la sede de la AMIA tuvieran que ver con la relación turbia de Menem con dos dictadores árabes célebres por su odio hacia Israel y por su falta de escrúpulos, Hafez al-Asad y Muammar Gaddafi. Claro, existen «buenas» razones para no explorar esta pista: Israel está negociando con el régimen de Al-Asad y Gaddafi, si bien sigue siendo imprevisible, ya no es considerado una amenaza, mientras que al gobierno de la Alianza no le entusiasma del todo la idea de saber demasiado sobre las actividades de Menem antes de que llegara a la Casa Rosada. Sin embargo, a menos que las autoridades correspondientes examinen todas las posibilidades, no podrán nunca acercarse a la verdad, lo cual significaría que la Argentina continuaría siendo una «zona liberada» para el terrorismo antijudío.
Virtualmente lo único que distinguió el octavo aniversario del atentado contra la embajada de Israel en Buenos Aires de los seis actos recordatorios anteriores fue el hecho de que el presidente de la República y miembros de su gobierno hayan podido asistir sin ser insultados por los demás participantes. Pero aunque nadie pensaría en acusar ni a Fernando de la Rúa ni a sus ministros de ser personalmente responsables de una investigación que según el titular del Interior, Federico Storani, "ha sido una verdadera calamidad", esto no quiere decir que les sea dado limitarse a criticar a sus antecesores. Si, como claramente creen, la Corte Suprema, la Policía Federal, la SIDE y otros organismos hicieron gala de un grado de incompetencia rayana en la complicidad con los terroristas, les corresponde reformarlos drásticamente cuanto antes. Hasta ahora, empero, sólo la SIDE ha experimentado cambios lo suficientemente importantes como para hacer pensar que en el futuro su desempeño será por lo menos distinto de lo que ha sido en el pasado.
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