Macri impulsará el desafuero de De Vido: “Se acabó la impunidad”

Es en la causa que investiga malversación de fondos y fraude en obras en la mina de Río Turbio. La decisión alcanza además a quien fue segundo, Roberto Baratta.

La coraza que parecía proteger a Julio De Vido estaría empezando ahora a resquebrajarse. El fiscal federal Carlos Stornelli pidió ayer el llamado a indagatoria, desafuero, y detención del ex ministro kirchnerista de Planificación e Infraestructura y actual diputado nacional del FpV. Lo hizo por el supuesto fraude y malversación de $265 millones en el yacimiento de Río Turbio (Santa Cruz). El oficialismo no dejó pasar la posibilidad de festejar la medida y el mismo presidente Mauricio Macri ya avisó que Cambiemos va a apoyar el pedido de desafuero en el Congreso: “Se acabó la impunidad”, dijo.

Stornelli presentó un dictamen acusatorio ante el juez federal Luis Rodríguez, en el que incluyó a otros 23 investigados, entre ellos quién era su segundo, Roberto Baratta, y el actual intendente de la ciudad santacruceña de Río Turbio, Atanacio Pérez Osuna, entonces al frente de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).

El pedido de desafuero del fiscal debe ser aprobado por el juez Rodríguez, y luego debería ser girado al Congreso, que puede tomarse hasta 180 días. De Vido no puede ser detenido mientras aún retenga sus fueros como diputado. El massismo también avisó que votaría a favor del desafuero.

Bajo la carátula de “defraudación a la administración pública” y “malversación de fondos”, el fiscal investiga convenios celebrados entre Planificación, UTN y su sede en Santa Cruz, y YCRT para construir el ramal ferroviario “Eva Perón” y para poner en marcha la mina de carbón de Río Turbio, dos cosas que nunca habrían sucedido. Entre 2005 y 2015 se habrían malversado, en principio, fondos del ministerio por $ 265 millones, en una obra de $26 mil millones.

Según Stornelli, De Vido no podía desconocer lo que sucedía con los fondos que debía administrar y ayudó a eludir mecanismos de transparencia en las contrataciones. Las maniobras “no habrían podido prosperar sin el silencio de los ex funcionarios del Ministerio de Planificación y de la ex secretaría de Minería de la Nación”, escribió el fiscal.

“Por supuesto que vamos a apoyar el pedido del fiscal, queremos conseguir el apoyo de otros diputados. De los cambios importantes que ha tenido la Argentina, uno es que se acabó impunidad, nadie está por arriba de la ley. Es bueno para todos y es justo”, dijo Macri en una entrevista a Cadena 3 luego de conocer el pedido de Stornelli.

Diputados sesiona hoy para terminar de aprobar la ley de responsabilidad empresarial. A pesar de los plazos, se espera que Cambiemos aproveche la sesión para incluir la situación de De Vido.

“Todos protegían a De Vido, pero eso se está terminando. No saben la paz que me da que haya justicia sobre semejante saqueo”, celebró ayer la diputada Elisa Carrió, una de las principales denunciantes del ex ministro.

“El es como sería Odebrecht. El sabe todo, él cobraba las coimas, desde que estaba en Santa Cruz. Yo lo dije en 2004: ‘este señor es el cajero de Néstor Kirchner’”, afirmó la diputada de la Coalición Cívica y una de la las líderes de Cambiemos, y ya advirtió: “Van a tener que darle el desafuero y van a tener que ir presos”.

En los últimos meses, De Vido vio acelerarse casos en su contra que no lo preocuparon en más de una década. El ex ministro está imputado en una veintena de causas, pero procesado sólo en cuatro. Entre las más graves, “descarrilamiento de tren agravado” y “administración fraudulenta” en la Tragedia de Once por la que pronto enfrentará un juicio oral y público.

Dato

Se necesitan dos tercios de los votos

Como diputado, De Vido está protegido por la ley de fueros, que impide su detención “hasta que no sea separado de su cargo”. El pedido de desafuero debe ser girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que tiene 60 días para emitir dictamen. En el recinto debe tratarse dentro de los 180 días y contar con dos tercios de los votos para aprobarse.

Datos

$ 265
millones se habrían malversado en los contratos en Río Turbio, según el fiscal Carlos Stornelli.

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