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03 » Sep 2008 |
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Legalidad y legitimidad |
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Una orden de la juez federal con jurisdicción en Gualeguaychú permitió el paso de un ciudadano argentino a través del piquete instalado por los ambientalistas que impedía el tránsito por el puente internacional que une esa ciudad con Uruguay. Según los ambientalistas, que cumplieron a regañadientes la decisión judicial, la medida que mantienen desde hace más de un año “es ilegal, pero legítima”. Una tesis peculiar, que no resiste el menor embate desde un amplio enfoque jurídico y político.
La legalidad hace referencia a la existencia de una ley dictada con todos los recaudos formales por una institución, que como el Parlamento, está investido de este poder por la Constitución. La legitimidad en cambio, está vinculada al grado en que la ley alcanza reconocimiento general, por ser considerada por la mayoría de los ciudadanos como justa y proporcional. Es un concepto inasible y subjetivo, puesto que, salvo por el sistema de encuestas, resulta difícil conocer las opiniones de una inmensa masa de ciudadanos.
Las leyes dictadas por el Parlamento deben ser consideradas como restricciones que definen los límites en los que pueden moverse los integrantes de una comunidad. Al establecer un sistema de prohibiciones y sanciones, se fomenta la cooperación social y se castigan los comportamientos antisociales. Son, por consiguiente, la expresión máxima del grado de solidaridad que puede alcanzar una sociedad.
En general, los individuos actuando en libertad intentan maximizar sus beneficios individuales, atendiendo a su interés particular. Este comportamiento puede entrar en conflicto con las normas generales que buscan maximizar el bienestar social, atendiendo a las necesidades colectivas. En este conflicto de intereses, las leyes proporcionan reglas aceptadas por todos, que evitan los choques y establecen la dirección adecuada de las conductas individuales.
La pretensión de oponer la falta de legitimidad de una norma para justificar su incumplimiento ha sido patrimonio común tanto de la izquierda como de la derecha en Argentina. Los evasores fiscales de derecha –aunque también los hay de izquierda- se amparan en la supuesta falta de legitimidad de las leyes impositivas para no cumplirlas. Argumentos como la elevada presión impositiva, el que “nadie cumple”, o que esos recursos alimentan el clientelismo son justificaciones habituales para legitimar frente a la propia consciencia moral, el fraude fiscal.
Desde la “izquierda” se vienen utilizando prácticas ilegales como el corte de puentes internacionales, los escraches, la invasión de los espacios públicos con manifestaciones no autorizadas, o el bloqueo de centros de trabajo para forzar el pago de cuotas sindicales. Son todas conductas anómicas justificadas desde la “legitimidad” que supuestamente otorga la defensa de valores considerados superiores por los propios protagonistas.
Basta pensar que si todos los individuos procedieran del mismo modo, es decir que el cumplimiento de las leyes dictadas por el Parlamento quedara sometido a un segundo test individual de legitimidad, nos encontraríamos pronto inmersos en la ley de la selva. No habría sociedad que resistiera unida frente a semejante panorama y en el extremo las personas terminarían armadas en la defensa de su interés legítimo. Es justamente lo que hace la mafia cuando aplica su propia ley interna.
El incumplimiento de la ley basado en la atribución de falta de legitimidad es la expresión máxima de individualismo egoísta, en virtud del cual un grupo de iluminados se auto confieren el derecho a elegir cuales leyes cumplen y cuales dejan de cumplir. Es curioso que esta forma de razonar sea habitual en personas que luego manifiestan una decidida preferencia por la izquierda y el socialismo. Ignoran algo que Hugues-Félicité de Lamennais, un filósofo católico de ideas liberales del siglo XIX ya advirtió tempranamente: la ley sirve esencialmente para proteger al débil y poner límites a la fuerza de los poderosos. |
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26 » Aug 2008 |
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LA REESTATIZACION DE A.A. |
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Una forma de abordar la crisis de Aerolíneas Argentinas es tomar en cuenta a los distintos grupos de interés afectados por el problema. Esta mirada descarnada, facilita la adopción de la decisión más equitativa y razonable, partiendo del presupuesto de que no existe una fórmula que alcance a satisfacer a todos. La labor de gestión pública inevitablemente lleva a tomar decisiones que sacrifican unos intereses en función de otros. Lo deseable es que se adopte la decisión más sustentable en el largo plazo.
El primer grupo más importante y extenso de afectados por el problema es el de los contribuyentes argentinos, que naturalmente no pueden ver con buenos ojos que se incorpore al presupuesto público una empresa que genera una pérdida mensual de 30 millones de pesos y arrastra un pasivo que prima fascie es de 980 millones de dólares. Si, además, para sostener esos quebrantos, se desvían fondos presupuestarios destinados a fines sociales, la compra o la renacionalización no parece una solución aceptable.
Desde la perspectiva de los usuarios de líneas áreas –una minoría privilegiada que no supera el 5 % de la población argentina- lo deseable sería la prestación del servicio en condiciones de seguridad y puntualidad, con independencia de la nacionalidad o el carácter público o privado de la compañía que lo preste. No es probable que haya muchos viajeros que, por espíritu patriótico, estén dispuestos a esperar horas en los aeropuertos soportando retrasos para tener la dudosa satisfacción de viajar en la “línea de su bandera”.
Los sindicatos aéreos son los más interesados en la reestatización para mantener la fuente de trabajo y conservar sus derechos adquiridos en materia de condiciones laborales. Aquí cabe recordar que según Marsans, las privilegiadas condiciones laborales de estos operarios, y su elevada conflictividad, contribuyeron decisivamente –junto con el congelamiento de las tarifas y el aumento de los combustibles- a hundir la rentabilidad de la empresa.
Finalmente, los intereses de los dueños de Marsans pasan por desprenderse de una compañía que les genera pérdidas irreversibles y endosarle a otro el problema. Si, además, consiguen venderla por un buen precio, fijado por un tasador internacional independiente, miel sobre hojuelas.
El acta-acuerdo firmada entre el secretario de Transportes Ricardo Jaime y la empresa Marsans, que establecía la compra por el precio fijado en última instancia por una consultora internacional independiente, era la solución ideal para la compañía española y para los sindicatos argentinos. De este modo el problema se endosaba a los contribuyentes argentinos vía presupuestos del Estado. En la práctica supone volver a los viejos tiempos anteriores a la privatización de los 90 y a las irrefrenables pérdidas generadas por las empresas del Estado debido al clientelismo y la concesión irresponsable de privilegios insostenibles.
La resolución adoptada por la Cámara de Diputados corrige parcialmente el acta acuerdo al establecer que el precio será aprobado en última instancia por la propia Cámara. Como estamos ante una operación de compraventa comercial que requiere el acuerdo voluntario entre dos partes (comprador y vendedor), la fórmula parece poco viable en la práctica. De este modo los presupuestos del Estado se harán cargo de toda la planta de personal con sus antiguos privilegios corporativos y en las actuales condiciones de falta de rentabilidad, será inevitable la desviación de fondos presupuestarios que podrían tener un destino social más adecuado si se dirigieran a personas carenciadas más que a cubrir el pago de los sueldos millonarios de los pilotos.
Desde esa perspectiva, la solución más razonable para los contribuyentes y usuarios sería la continuación del proceso de quiebra de la actual compañía española hasta su disolución y la creación paralela de una nueva compañía mixta diseñada desde sus orígenes para tener rentabilidad, recolocando sólo el personal necesario, contemplando una participación razonable del Estado (modelo Petrobrás). El personal sobrante podría recibir una prestación de desempleo hasta su recolocación en otras compañías o su jubilación anticipada.
El problema de la transición, para evitar la paralización de los servicios, se puede resolver perfectamente con la actual ley de quiebras, designando un interventor judicial en representación del Estado, que es uno de los principales acreedores, mientras se subastan los activos que el Estado puede ceder luego a la nueva compañía. El activo más importante es un intangible: los derechos sobre las rutas aéreas, que pueden revertir sin costo alguno al Estado.
Por consiguiente la solución a largo plazo del problema pasa por el diseño de una nueva compañía en condiciones de rentabilidad poniendo fin a privilegios corporativos inasumibles. Una tarea similar a la que hizo Chávez con Petróleos de Venezuela SA. En las economías modernas las empresas funcionan en condiciones de rentabilidad y los salarios y derechos sociales de los trabajadores deben estar a tono con la eficiencia y productividad de la empresa. Cualquier otra fórmula es comprar un pasaje para asistir al espectáculo de un renovado fracaso. |
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13 » Aug 2008 |
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El regreso de las antinomias |
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En una democracia coexiste una extensa pluralidad de puntos de vista, que en su gran mayoría son consecuencia inevitable de la diversidad de intereses subyacentes. Las diferentes opiniones en materia económica, política, moral o confesional no permiten esperar la eliminación de los desacuerdos. Lo que sí es posible es establecer, a través del juego institucional, algunos modos de contención de esos desacuerdos. La democracia exige reconocer lo múltiple, lo diferente, lo heterogéneo y, al mismo tiempo, en difícil equilibrio, la necesidad de preservar las bases del sistema.
Cuando los desacuerdos alcanzan algún grado de intensidad utilizamos la expresión conflicto, que refleja el choque de intereses contrapuestos. Si el conflicto se prolonga a lo largo del tiempo, en una dimensión diacrónica, pasa a convertirse en un antagonismo de carácter histórico. También utilizamos la expresión antinomia para reflejar la existencia de dos opiniones diferentes respecto de una misma cuestión.
Las antinomias en la vida política argentina son conocidas y surgieron desde los inicios mismos de la nacionalidad. La lucha entre unitarios y federales marca las diferencias profundas acerca del grado de centralidad del Estado y el reparto de sus recursos. Una vez resuelto el conflicto en algún grado con la Constitución de 1853, las diferencias se prolongaron en la república conservadora entre quienes defendían el fraude patriótico y quienes deseaban ampliar las bases democráticas del Estado. Desde mediados del siglo XX la gran antinomia argentina ha sido la de peronismo-antiperonismo de tanta vitalidad que aún colea entre nosotros.
En momentos en que el conflicto que enfrenta al Gobierno con el campo ha reactualizado otra gran antinomia histórica –pueblo vs. oligarquía- resulta reconfortante la lectura del reciente libro de Pablo Mendelevich (El país de las antinomias, Ediciones B). En un viaje lleno de ácido humor por todas las antinomias que a lo largo de casi dos siglos han separado a los argentinos, el autor consigue relativizar el peso de los antagonismos sin perder de vista los riesgos que entrañan estas empresas.
La creación de nuevas antinomias o la recuperación de las antiguas tienen beneficios políticos inmediatos para quienes las impulsan. Pero estimulan el surgimiento de un elemento tan corrosivo como el odio. Un odio, que según Mendelevich se multiplica y recicla entre ambas partes una vez que la maquinaria se ha puesto en marcha. Curioso rasgo el de la antinomia, añade, donde el combustible, con mayor o menor octanaje, termina siendo el mismo para las dos partes.
El riesgo que entraña el uso frívolo de las antinomias es caer en lo que el profesor español Gregorio Peces Barba denomina las ideologías del enemigo sustancial. Estas ideologías son las que han propiciado la conformación de sociedades autoritarias, totalitarias y excluyentes donde con el pretexto de la defensa de algún mito fundacional (“la revolución”) se impide la existencia de partidos políticos opositores o la libertad de expresión.
En las sociedades donde la democracia se ha consolidado, el riesgo se presenta cuando dirigentes políticos impulsan la destrucción simbólica del adversario, convertido en enemigo sustancial, en otro con el cual resulta imposible cualquier acuerdo. Esta concepción sólo se sostiene desde una visión maniquea, donde un yo inocente, poseedor de la verdad, se enfrenta a los otros, que son los enemigos irrecuperables.
Como señala Mendelevich, es verdad que ya no nos matamos entre nosotros y ya no rige el concepto de que con la supresión del otro al día siguiente el mundo será mejor. Pero no debemos olvidar que las ideologías del enemigo sustancial propiciaron la enorme tragedia argentina de los años setenta. Recordando a las víctimas de ese tiempo ominoso, por simple sentido ético de la responsabilidad, debiéramos evitar que las diferencias políticas del presente se eleven al deletéreo valor simbólico que alcanzaron en aquel pasado. |
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05 » Aug 2008 |
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Acerca de la lealtad |
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Según Wikipedia, la lealtad es “la cualidad de aquellas personas que acatan las leyes o cumplen los acuerdos, tácitos o explícitos. También se aplica a la conducta de ciertos animales que tienen especial relación con los seres humanos, como los perros o los caballos”. Por consiguiente, estamos ante un término relacional: no podemos acusar a alguien de deslealtad sin hacer referencia a la ley o acuerdo supuestamente vulnerado. Quienes acusan al vicepresidente Cobos de “desleal” debieran primero aclarar cuál es el compromiso legal o convencional que habría sido abandonado.
Si la acusación pretende hacer referencia a alguna suerte de lealtad institucional del vicepresidente a la figura presidencial, lo primero que conviene aclarar es que el vicepresidente no forma parte del Poder Ejecutivo. La Constitución de 1994 es muy clara al respecto. Según el artículo 87 “el Poder Ejecutivo de la Nación será desempeñado por un ciudadano con el título de "Presidente de la Nación Argentina". Por otra parte, en el Capítulo III, donde se fijan las atribuciones del Poder Ejecutivo, el artículo 99 señala que esas facultades corresponden exclusivamente al Presidente de la Nación.
El vicepresidente tampoco forma parte del Gabinete nacional ni participa en sus deliberaciones. Su misión constitucional se limita a reemplazar al presidente en caso de enfermedad, ausencia de la Capital, muerte, renuncia o destitución, y a presidir las sesiones del Senado, en donde únicamente vota en caso de empate. Por lo tanto, cuando vota lo hace en consciencia, como cualquier senador o diputado, sin estar sujeto a condicionante constitucional alguno.
Por consiguiente, el vicepresidente argentino, al emitir libremente un voto en el Senado, no puede ser acusado seriamente de incurrir en “deslealtad” institucional alguna puesto que no ha violado ningún mandato legal o constitucional previo. Y en relación con el ejercicio de su independencia de criterio, sólo cabe añadir que desde una perspectiva democrática, la libertad de consciencia de diputados y senadores constituye un avance en materia de calidad institucional, frente a la pretensión de que “los representantes del pueblo” levanten un brazo mecánico y obediente al Poder Ejecutivo.
Cabe ahora analizar si el vicepresidente pudo haber violado un acuerdo político previo, tácito o explícito, al cual debía alguna forma de lealtad. Es obvio y conocido que el ingeniero Cobos no forma parte del Partido Justicialista y simplemente conformó una alianza electoral denominada Concertación Plural. Como sucede en toda alianza o coalición política, existe un deber de lealtad al programa acordado. Pero resulta que en el programa partidario de la Concertación no existe referencia explícita ni implícita al propósito de aumentar las alícuotas y establecer retenciones móviles a las exportaciones agrícolas.
Se sigue de lo anterior, por lo tanto, que tampoco el vicepresidente puede ser acusado de deslealtad por haber desconocido un acuerdo interpartidario previo. En todo caso, al dictar el Poder Ejecutivo, de modo unilateral e inconsulto con sus aliados electorales, una resolución ministerial de enorme trascendencia económica y política, que no estaba incorporada en el programa de la Concertación, habría incurrido en un exceso que no tenía por qué ser respaldado. Cabe inclusive argumentar que si se había omitido deliberadamente anunciar en el programa electoral la intención de subir las alícuotas a las retenciones para ganar votos en el campo, la decisión de Cobos habría sido de estricta lealtad con los electores al evitar que se consumara un engaño postelectoral.
En realidad, quienes acusan a Cobos de deslealtad, de modo inconsciente, están reclamando una forma de lealtad basada en el agradecimiento, similar a la que esperamos de nuestros animales domésticos. Seguramente nadie pretenderá acusar al vicepresidente de deslealtad por no haberse comportado como un perro o como un caballo. Pero si ese fuera el caso, convengamos que esa forma de deslealtad es justamente la que hace que el vicepresidente haya ganado popularidad y obtenga el reconocimiento general de la ciudadanía, que aspira a que la clase política adopte comportamientos más próximos a los de los seres humanos que al de los animales. |
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29 » Jul 2008 |
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Soberanía alimentaria |
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Los defensores de la derogada Resolución 125, que dispuso el establecimiento de retenciones móviles a las exportaciones, utilizaron diferentes y variados argumentos justificativos de la medida oficial, que fueron modificando con el paso del tiempo. Algunos, entre los que destaca la preocupación por la “sojización” del campo, han rendido tributo a lo que parece ser un súbito incremento de la sensibilidad de los argentinos por el medio ambiente. Otros, como la defensa de la “soberanía alimentaria”, parecen tomados de los grupos ecologistas europeos, sin conocer a fondo el alcance de su significado.
Según los grupos ecologistas europeos, “soberanía alimentaria es el derecho de cada nación para mantener y desarrollar su propia capacidad para producir los alimentos básicos de los pueblos”. A continuación añaden “que la liberalización del comercio y sus políticas económicas de ajuste estructural han globalizado el hambre y la pobreza en el mundo y están destruyendo la capacidad productiva local y las sociedades rurales. Esta agenda corporativa no toma en cuenta la seguridad alimentaria de los pueblos”.
Si extraemos todos los significantes implícitos que están ocultos detrás de este lenguaje soberanista, descubriremos que se trata de una cerrada defensa del proteccionismo agrícola de la Unión Europea. En efecto. Cuando rechazan la liberalización del comercio para defender el derecho de cada nación a mantener su capacidad para producir los alimentos básicos, están defendiendo la permanencia de las barreras arancelarias y para arancelarias que impiden o limitan la entrada de productos primarios en Europa.
De allí que no deje de ser paradojal que mientras el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino emprende una dura batalla internacional para favorecer una mayor apertura del comercio internacional en la Ronda de Doha, aquí se utilicen los argumentos de los grupos corporativos agrícolas de la UE, que presionan a sus gobiernos para negarse a abandonar las políticas de subsidios y elevados aranceles a las importaciones de alimentos.
La política agrícola de la Unión Europea no sólo perjudica a los exportadores argentinos. También es objeto de severa crítica por quienes piensan que la mejor manera de ayudar a África y evitar la tragedia diaria de “cayucos” que naufragan en el Mediterráneo, es permitir la importación de alimentos y así mejorar el nivel de vida de los cultivadores africanos que los producen.
En relación con la producción de alimentos transgénicos, los grupos ecologistas también han tenido que batirse en retirada. Hace diez años anunciaban grandes riesgos asociados al uso de semillas transgénicas. Pero las necesidades alimenticias de miles de millones de pobres que hoy pueden incorporar proteínas en sus dietas, han terminado por convertir en irrelevantes las impugnaciones de esos grupos.
El uso de semillas transgénicas, y las nuevas técnicas de cultivo, han permitido que Argentina triplicara en pocos años la producción de soja. Las hectáreas sembradas con esta oleaginosa eran 6 millones hace 23 años y actualmente son 17,6 millones de hectáreas sembradas que representan ya el 55 % de las cultivadas en el país. Dejarán en el campo una ganancia de alrededor de 26.000 mil millones de dólares, de las cuales el Estado recaudará, en concepto de retenciones o impuesto a las ganancias, una buena porción.
Frente a esa realidad, afirmaciones como las que “la soja empobrece los suelos” pierden fuerza argumentativa. La alimentación es un derecho humano básico, y todos los habitantes del planeta –incluidos indios y chinos- deben tener acceso a alimentos sanos y nutritivos en cantidad y calidad suficiente para llevar una vida sana y digna. Las preocupaciones ecológicas deben ser tenidas en cuenta en estudios serios, amplios y basados en datos científicos. Pero en definitiva serán las decisiones políticas, en el mejor sentido de la palabra, huyendo de fundamentalismos, las que tendrán que establecer la ecuación adecuada. Como señala Ulrich Beck, la creciente sensibilidad hacia los peligros de la civilización no puede ser confundida con la hostilidad hacia la tecnología, que no tiene porqué demonizarse. |
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