Violencia institucional

La violencia institucional implica la vulneración de derechos por parte de funcionarios públicos. Es una restricción de la autonomía y la libertad.

Recientemente dos trabajadoras de la Policía quisieron detener a una mujer que daba el pecho a su bebé en una plaza de San Isidro, un pasajero que llevaba un cartel crítico a Macri fue obligado a bajar del tren por policías federales, la Gendarmería le disparó a integrantes de la murga Los Auténticos Reyes del Ritmo de la Villa 1-11-14 del Bajo Flores.

En estos hechos se vulneraron los derechos que debe asegurar el Estado: derecho a la libertad de expresión, derecho a la integridad Física, derecho a la igualdad ante la ley, derecho a la alimentación, derecho a expresiones culturales, derecho de las niñas y niños a ser sujetos de derecho, a que se anteponga siempre su superior interés.

Cabe aclarar que los tres casos mencionados tuvieron instalación en la agenda pública a partir de la viralización en las redes sociales. En un primer momento para los medios que ocupan posiciones dominantes no fueron noticias.

Estas situaciones de violencia institucional no son casos aislados, son prácticas autoritarias que responden a un discurso que las legitima.

Desde esa mirada tradicional y conservadora, una sociedad segura es una sociedad ordenada. Por lo cual el rol de la Policía es imponer el orden, el cual será funcional a las posiciones dominantes de la sociedad. Quienes no respondan a esa mirada hegemónica deberán ser reprimidos.

Sin embargo, también podemos pensar la seguridad como el ejercicio pleno de los derechos humanos. Desde ese perspectiva, el Estado debería prestar especial atención a los sectores más vulnerables de la sociedad, los cuales tienen más dificultades a la hora de ejercerlos.

En ese ejercicio de derechos se generarán conflictos, los cuales son inevitables en toda sociedad. Entonces el rol de los trabajadores de la Policía es gestionar esos conflictos para facilitar el ejercicio de los derechos.

Según la publicación “Seguridad y Derechos Humanos” del Ministerio de Seguridad de la Nación del año 2011: “La seguridad es un medio (instrumento) para alcanzar la plena vigencia de todos los derechos humanos, desde una perspectiva integral que incluye tanto los derechos civiles y políticos como los derechos económicos, sociales y culturales”.

En el mismo sentido sostiene que “los derechos humanos constituyen un límite para la actuación policial, pero también son la partitura de la misma: la Policía está para garantizar el ejercicio de los derechos.”

Como comunicadores ocupamos un rol central, ya que podemos legitimar la violencia o promover el ejercicio de derechos. Nuestras coberturas incidirán en los discursos que legitimarán prácticas. En ese sentido, la Defensoría del Público recomienda frente a la violencia institucional: difundir las diferentes versiones del hecho, realizar esfuerzos para contrarrestar el ocultamiento o encubrimiento inherente a la violencia institucional; evitar la justificación de la violencia institucional y ofrecer una explicación estructural de los casos de violencia institucional.

En el contexto actual de clausura mediática, donde la violencia institucional tiende a ser invisibilizada o incluso legitimada, las redes pueden constituirse como una herramienta de defensa de nuestros derechos elementales.

Recordemos que los derechos humanos no son dádivas, son conquistas colectivas. De nuestras acciones dependerán nuestras libertades.

* Licenciado en Comunicación Social UNLZ. Docente de la UNRN

“Los casos se instalaron en la agenda partir de las redes sociales. En principio, para los medios que ocupan posiciones dominantes no fueron noticias”.

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“Los casos se instalaron en la agenda partir de las redes sociales. En principio, para los medios que ocupan posiciones dominantes no fueron noticias”.

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