Investigan a un fiscal y una defensora por mal desempeño

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ordenó hace un mes que se investigue al fiscal Gustavo Mastracci y a la defensora de los Derechos del Niño y el Adolescente, Marcela Robeda, por su actuación en una causa en la cual un hombre, condenado por abuso sexual hace dos años, nunca recibió la pena y se encuentra en libertad.

Recién a fines de la semana pasada se constituyó la comisión especial que tiene treinta días para determinar si ambos funcionarios deben ser acusados o no por mal desempeño.

El jurado de enjuiciamiento es el mecanismo por el cual se juzgan y pueden ser removidos los magistrados, fiscales y defensores provinciales.

Previamente la comisión especial es la encargada de examinar los pedidos y realizar la investigación sumaria destinada a reunir pruebas para admitir o rechazar la formulación de cargos. Las personas denunciadas pueden brindar explicaciones oralmente o por escrito.

Si la comisión especial declara los pedidos inadmisibles se archivan las actuaciones sin intervención alguna del jurado. Incluso si considera que las presentaciones fueron arbitrarias puede imponer una multa.

En caso de que declare la admisibilidad, la comisión especial solicitará al jurado la apertura del procedimiento. El último funcionario que fue removido de su cargo por mal desempeño fue el ex juez penal, Marcelo Muñoz.

La comisión especial está integrada por la vocal del TSJ, Soledad Gennari, el diputado Pablo Bongiovani (MPN) y el abogado Juan Domingo Pajares. La primera reunión que tuvieron se realizó el jueves 2 de noviembre, por lo que desde entonces comienza a correr el plazo de los treinta días.

La causa bajo la lupa

Mastracci y Robeda intervinieron como acusadores en un caso en el que el imputado fue condenado por abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo. El tribunal de juicio lo declaró responsable del delito en 2015, pero nunca recibió la pena.

El caso abre dos frentes. Por un lado deberá definirse si se venció el plazo máximo del proceso penal. El Tribunal de Impugnación entendió que sí, y por eso sobreseyó al hombre. La fiscalía apeló y ahora la última palabra la tendrá la sala penal del TSJ.

En paralelo la comisión especial deberá evaluar si los funcionarios deben ser juzgados por no haber realizado oportunamente la audiencia y haber afectado el derecho de la víctima de acceder a la justicia, y el del acusado de ser juzgado en un tiempo razonable.

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